La juez de los ERE amenaza a la Junta con acusarla de desobediencia
Mercedes Alaya da 72 horas al Ejecutivo de Griñán para que entregue en sobre lacrado las 480 actas de sus reuniones desde 2001
La juez que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos subvencionados con fondos de la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha ordenado al Gobierno que preside José Antonio Griñán que le envíe en un sobre cerrado las 480 actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 para que la instructora las custodie mientras el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales decide sobre la cuestión.
La juez Alaya amenaza al Ejecutivo y le avisa de que si no entrega copia de las actas durante los próximos tres días estaría cometiendo un delito de desobediencia y otro por incumplimiento de una medida cautelar. La juez exige asimismo copia de las actas de los consejos de dirección de las consejerías de Presidencia, Economía e Innovación, Hacienda y Empleo desde 2001. Alaya dicta su auto "para evitar en el terreno de las hipótesis que pudieran ocultarse o alterarse parte de las actas".
La magistrada había solicitado las actas al Ejecutivo andaluz porque considera que no son "ni reservadas ni secretas" y "solo serán secretos las deliberaciones, opiniones y votos emitidos", según un auto de la semana pasada. Ayer el letrado de la Junta reiteró su negativa a entregar las actas y la magistrada ha respondido con otro auto en el que ordena la entrega de las actas porque desconfía de que la Junta no manipule dichas actas, y le concede tres días para que las entregue.
La juez se basa en el artículo 12 de la ley orgánica 2/1987 de conflictos jurisdiccionales, que establece: "El requirente y requerido conservarán, en su caso, testimonio de lo necesario para realizar las actuaciones provisionales que hayan de adoptarse o mantenerse para evitar que se eluda la acción de la justicia". La semana pasada Alaya dijo que busca las actas que aclaren si el acuerdo que dio vía libre en 2001 al fondo para empresas en crisis se ratificó en Consejo de Gobierno; si el convenio se renovó después de que caducara en 2003; si se adoptó algún acuerdo ante los reparos de la Intervención y la Cámara de Cuentas; y las ampliaciones de presupuesto que afectaron al fondo. Para aclarar esos conceptos la juez considera necesario revisar las 480 actas. "Si esta instructora conociera qué actas son relevantes para la investigación solo pediría esas", alega Alaya.
Además, la magistrada acusó al presidente José Antonio Griñán, en su etapa como consejero de Economía, de conocer los informes de la Intervención General que consideraron inadecuado el procedimiento administrativo para el fondo de empresas en crisis. El Ejecutivo niega la mayor.
