Un mes en la guerra (prorrogable)
Sin que nadie se lo pidiera, el Gobierno ha decidido limitar a un mes la intervención de los cuatro cazabombarderos españoles F-18 y del avión de reabastecimiento en vuelo B-707 en Libia. Y a tres meses la participación de la fragata Méndez Núñez, el submarino Tramontana y el avión de patrulla marítima CN-235 en el embargo naval que la OTAN ha acordado esta misma mañana poner en marcha. Se trata de plazos prorrogables, que exigirán al Gobierno recabar una nueva autorización del Congreso -esta vez en la Comisión de Defensa y no en pleno- quizá en circunstancias más difíciles que las que existen hoy.
¿Por qué se ha impuesto el Gobierno esta autolimitación? Podría sospecharse que hay una motivación política detrás. Si se cumplen las previsiones, los cazas españoles estarán de vuelta en España el 22 de abril, justo un mes antes de las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo.
El Ministerio de Defensa asegura que los mandos militares estiman que un mes es tiempo suficiente para imponer la zona de exclusión aérea, que el almirante Mike Mullen, jefe del Estados Mayor de la las Fuerzas Armadas de EE UU, dio por conseguida el domingo, menos de 24 horas después del inicio de los bombardeos. Pero una cosa es que ningún avión o helicóptero de Gadafi vuele ahora y otra distinta que no pueda hacerlo cuando las fuerzas de la coalición se retiren. Sería difícil explicar a la opinión pública que los F-18 tuvieran que volver a Libia al poco de haber regresado a España porque el régimen libio ha recuperado el control de su espacio aéreo ante el vacío dejado por la retirada de los aliados. La misión de policía área sobre Bosnia-Herzegovina, donde se impuso una zona de exclusión aérea, duró ocho años, de 1994 a 2002. La única forma de evitarlo es destruir toda la aviación libia ahora, aunque no se levante del suelo. Pero no está claro que la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU autorice una acción de este tipo.
Es posible que también haya razones presupuestarias tras la decisión de limitar temporalmente el despliegue de los F-18. Su coste asciende a 10 millones de euros al mes; sin contar el riesgo de pérdida de algún aparato. Más económico resulta el despliegue naval para vigilar el embargo de armas decretado por la ONU. Y también menos controvertido desde el punto de vista político. Pero su eficacia es muy dudosa: Gadafi dispone de un arsenal sobrado para resistir durante meses y se sabe que los mercenarios -y probablemente los pertrechos militares- no le llegan por vía marítima, sino desde países como Níger y Chad, con los que comparte miles de kilómetros de frontera terrestre que nadie controla. Por eso, la coalición ha bombardeado aeropuertos en el sur del país, muy lejos de la zona donde se enfrentan los rebeldes y las fuerzas gubernamentales.
En realidad, la limitación a un mes de la operación aérea responde a un cálculo político: la coalición espera que en ese tiempo los sectores que todavía sostienen a Gadafi comprendan que el coste de seguir manteniéndolo es demasiado alto y decidan desprenderse de él. Se trata de inducir un golpe de Estado interno en el propio régimen y de propiciar un diálogo entre las futuras autoridades de Trípoli y el Consejo Nacional de Transición con sede en Bengasi. Si transcurrido un mes este hecho no se hubiera producido, la coalición internacional tendría que plantearse nuevos pasos, aunque la resolución de la ONU descarte expresamente la presencia de tropas extranjeras en suelo libio, ya que mantener la zona de exclusión aérea y el embargo naval sin más podría conducir a consolidar la partición del país entre la Tripolitana, al oeste, y la Cirenaica, al este, con un sur desértico y fuera del control de cualquiera de las dos partes, donde Al Qaeda camparía a sus anchas. Un panorama aún menos deseable que la perpetuación de un sátrapa como Gadafi en el poder.
