España es el país de la UE que más dinero dedica a la integración de gitanos
La UE pide explicaciones a Francia por las deportaciones de gitanos.- El Parlamento Europeo debatirá la medida el martes que viene.- Un total de 22 Estados no dedican dinero exclusivamente a este colectivo
España es el país de la Unión Europea (UE) que más fondos comunitarios destina a programas orientados en exclusiva a la integración de gitanos en el período 2007-13, con un total de 47 millones de euros, según datos de la Comisión Europea (CE) conocidos hoy. Sólo cinco de los Veintisiete miembros de la UE destinan programas de integración destinados únicamente a la integración gitana dentro de los proyectos del Fondo Social Europeo (FSE), cofinanciados por las autoridades nacionales.
Esos Estados miembros son España (47 millones), República Checa (43), Rumanía (38), Eslovaquia (26) y Polonia (22 millones), según las cifras incluidas en el informe que la CE debatió hoy sobre las expulsiones de gitanos que realiza Francia. Los programas de esos cinco países totalizan 176 millones de euros para el período 2007-13, y tienen una financiación del 85% del FSE, con el 15% aportado por las autoridades nacionales. Los restantes 22 países comunitarios, incluyendo Francia, no tienen programas de integración exclusivos para gitanos con apoyo del Fondo Social Europeo.
El presupuesto del FSE para el marco presupuestario comunitario de esos siete años totaliza 75.952 millones de euros, de los cuales 9.980 millones se destinan en 26 países de la UE a programas para grupos de población vulnerables, un capítulo en el que también se incluye a la población gitana.
Las expulsiones masivas de miles de gitanos de Francia ordenadas por el presidente Nicolas Sarkozy se han convertido en un asunto europeo que amenaza tormenta en varios frentes. La Comisión Europea "ha pedido más información a las autoridades francesas para comprobar cómo se ha aplicado la legislación comunitaria" en la ejecución de las expulsiones, según ha explicado Matthew Newman, portavoz de la vicepresidenta de la Comisión, Viviane Reding, responsable de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía. Bruselas trata de averiguar si se han producido expulsiones individuales según la ley comunitaria o si se trata de deportaciones masivas de personas por su pertenencia a la etnia gitana.
