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El Gobierno vasco pedirá al TC que evite el "fraude" de Zapatero

Ibarretxe sostiene que no es un referéndum y que "no atenta contra la soberanía" española entre sus alegaciones a los recursos contra la Ley de Consulta

El Gobierno vasco ha anunciado hoy que presentará antes del 8 de agosto ante el Tribunal Constitucional (TC) sus alegaciones a los recursos contra la Ley de Consulta, en la que pedirá el levantamiento de la suspensión cautelar de la ley para evitar que "se convalide el uso fraudulento que Zapatero ha hecho de la potestad suspensiva de la legislación". Otros de los argumentos esgrimidos por el Gobierno de Juan José Ibarretxe es que no se trata de un referéndum y que no atenta contra la soberanía nacional española.

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Tras la reunión del Consejo de Gobierno Vasco, su vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, ha explicado los fundamentos jurídicos en los que se sustentarán las alegaciones a los recursos del Ejecutivo central y del PP contra la Ley de Consulta aprobada por el Parlamento autonómico. La vicelehendakari ha indicado que las alegaciones buscan probar que la consulta planteada para el 25 de octubre no es un referéndum, así como que no constituye una consulta sobre el derecho de autodeterminación, y que no se ha tramitado en contra de la voluntad del Parlamento Vasco.

Un "falseamiento de los resultados electorales"

Zenarruzabeitia ha asegurado que el Tribunal Constitucional debería tener en cuenta el posicionamiento del Gobierno Vasco y rechazar así los recursos, porque este tribunal "no puede intervenir ni nmiscuirse" en el debate que plantean las preguntas de las consulta. Según ha adelantado, el Gobierno Vasco pedirá el levantamiento de la suspensión de la ley, decidida por el TC cuando admitió a trámite los recursos, y que se produzca antes del 15 de septiembre, fecha prevista en la normativa recurrida para convocar la consulta, que se celebraría el 25 de octubre.

Ha advertido de que si no se levanta la suspensión "se daría por bueno el falseamiento de los resultados electorales en Euskadi, que subyace en el recurso del Gobierno español", ya que, a su juicio, "pretende dejar al Gobierno y al Parlamento legítimos de este país sin un instrumento capital de su acción política". La vicelehendakari ha insistido en que la consulta propuesta no es un referéndum, tal y como se regula en la Constitución, al indicar que las preguntas que plantea "no se hallan insertas en ningún procedimiento decisorio, ni cuestionan el contenido de una decisión ya adoptada".

Además, ha subrayado que la intención del Gobierno Vasco con esta ley "no es inventarse un sujeto constituyente, sino propiciar un escenario de negociación sin exclusiones". Por ello, ha negado que suponga un "ataque a la soberanía nacional", ni que "niegue ni prejuzgue el procedimiento vigente para la eventual reforma del marco jurídico-político". La vicelehendakari también ha manifestado que el hecho de que las cuestiones planteadas en la consulta tengan implicaciones en el resto del Estado "no puede suponer un impedimento para que las instituciones vascas consulten a su ciudadanía". El Gobierno de Vitoria no descarta poner en marcha otro tipo de iniciativas, tanto jurídicas como institucionales, en función de cómo se desarrollen los acontecimientos, ha concluido la vicelehendakari.

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