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El PSOE recuerda que en 2004 ya denunciaron 2.800 licencias irregulares

Botella asegura que tiene "absolutamente ninguna" responsabilidad en el 'caso Guateque'.- El juez deja en libertad bajo fianza a otra implicada

El Grupo Municipal Socialista de Madrid denunció, en septiembre de 2004, la existencia de 2.800 denuncias ciudadanas de obras sin licencia o no ajustadas a licencia ante el Ayuntamiento de la capital durante la elaboración de la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas. Así lo ha recordado hoy el portavoz municipal de los socialistas, David Lucas, durante una rueda de prensa en la Casa de la Villa, donde ha insistido varias veces en que "el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, sí sabía que se estaban produciendo ciertos procesos irregulares". Por su parte, la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, ha dicho no tiene "absolutamente ninguna" responsabilidad política por la supuesta implicación de funcionarios de su área en el caso Guateque, abierto por un presunto cobro de comisiones para la obtención de licencias.

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En declaraciones a los periodistas tras abrir una jornada sobre contratación sostenible, la delegada ha explicado: "En el Ayuntamiento de Madrid lo que hemos hecho ha sido poner todos los medios a disposición del juez para que llegara al esclarecimiento de lo que haya ocurrido". "En el Ayuntamiento de Madrid queremos que lo que haya ocurrido, lo que esté ocurriendo en distintos departamentos, se investigue", ha añadido Botella, que ha revelado que ella viene colaborando con la justicia en este caso "desde hace unos dos meses". Para la concejal, "todos tenemos que llegar al fondo para saber qué es lo que está pasando y poner todos los medios para que no vuelva a ocurrir".

Las actuaciones judiciales llevadas a cabo contra los 17 arrestados en el marco de la Operación Guateque se han saldado, por el momento, con cinco de ellos en prisión preventiva, otros cuatro en libertad provisional, dos en libertad bajo fianza y el resto, un total de seis personas, a la espera de ser llamados por el juez para declarar. Todos ellos están imputados por los delitos de cohecho, prevariación administrativa y tráfico de influencias por su presunta participación en la trama de cobro ilegal de comisiones para la concesión de licencias destapada en el Ayuntamiento de Madrid.

En un auto emitido ayer domingo, el juez de guardia en los Juzgados de primera instancia de Madrid, Francisco Javier Teijero, decretó el ingreso en prisión "provisional y comunicada" de Joaquín Fernández de Castro, Carmen Eulalia Ibáñez Martínez, Antonio Sanz Escribano, Victoriano Ceballos Fernández y Santiago Castillo Morales. Además, el juez Teijero dejó en libertad provisional a Julián Ruben López Martínez, Eduardo Agustino Carrasco, Julián Félix Serrano Sierra y Manuel Alvarez de Hoyos, imponiéndoles la obligación de comparecer ante los juzgados los días uno y quince de cada mes. Por último, impuso una fianza de 3.000 euros a Mario Mínguez Fernández.

Todas estas decisiones coinciden con lo solicitado por el Ministerio Fiscal durante la declaración, el pasado sábado, de estos diez imputados. Hoy mismo, el juez que instruye el caso desde el principio y que ordenó el arresto de los 17 imputados, José Santiago Torres, ha decretado la libertad bajo fianza de 3.000 euros de Sara López Moreno. El resto de los detenidos, un total de seis, se encuentran en libertad debido a que el plazo legal que la Guardia Civil tenía para retenerles expiró, pero tienen la obligación de comparecer ante los juzgados cuando sean reclamados, lo que previsiblemente sucederá esta misma semana.

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