El presidente del Supremo no comparecerá ante el Congreso para explicar las penas a etarras
Francisco José Hernando rechaza el requerimiento de la Cámara para preservar "la independencia judicial"
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, no comparecerá esta tarde ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, a la que había sido citado para informar de la aplicación de la ley en el cumplimiento de penas por delitos de terrorismo.
En un comunicado leído por el portavoz del Poder Judicial, Hernando asegura que su "deber constitucional de defensa de la independencia judicial, plasmado en la Constitución, le impide finalmente, fuera cual fuera su deseo personal, comparecer ante la Cámara".
La negativa de Hernando a acudir a la Comisión de Justicia ha tenido la respuesta inmediata de la minoría conservadora del Poder Judicial, que a través de otro comunicado leído por el vocal Juan Carlos Campo ha tildado de "lamentable" la decisión de Hernando de no acudir al Congreso. En opinión de este vocal, la actitud de Hernando supone un "flagrante incumplimiento del deber constitucional que impone a cualesquiera autoridad" la obligación de comparecer en el Congreso. "Es un día triste para la democracia", ha comunicado Campo a los periodistas.
En cambio, Hernando entiende que el artículo 109 de la Constitución "no establece un deber de comparecencia parlamentaria de las autoridades que en él se citan", mientras que el 110 señala que ese deber es en exclusiva para los miembros del Gobierno, "como consecuencia lógica del control parlamentario inherente al principio constitucional del Gobierno responsable".
Asimismo, considera que "no existe cauce alguno en el ordenamiento jurídico español para exigir la comparecencia" de un presidente del Tribunal Supremo y del Consejo ante el Congreso de los Diputados, "fuera de la periódica presentación de la Memoria Anual". En cuanto al Reglamento del Congreso, la nota enviada por Hernando indica que la ampliación de los deberes de comparecencia que este texto contiene "debe ser interpretado con subordinación al principio de la división de poderes y a la independencia judicial". En su opinión, la aclaración efectuada por la Comisión de Justicia del motivo por el que ha sido citado "en modo alguno altera las consideraciones formuladas en su anterior escrito, ya que el objeto de la comparecencia permanece inalterado".
Una comparecencia a medida
El presidente de la Comisión de Justicia, el socialista Álvaro Cuesta, había convocado esta mañana la reunión de la Mesa para decidir si mantenía o no la citación después de que Hernando remitiera una carta el pasado viernes al presidente del Congreso, Manuel Marín, explicando sus motivos para no comparecer. El presidente del Supremo expresaba su reparo ya que su intervención en la Cámara iba a afectar a "cuestiones jurisdiccionales". Atendiendo a estas objeciones, la Mesa de la Comisión de Justicia garantizó que Hernando no tendría que informar de tales extremos. Por ello, Cuesta ha reiterado hoy que la comparecencia de Hernando debía de celebrarse dentro del "marco institucional de la colaboración de poderes".
Pero Hernando no lo cree así. En la carta que envió a Marín, el presidente del CGPJ explica sus razones para no comparecer: porque puede afectar a su "imparcialidad" como juez, porque el Supremo cree que no debe hacerlo, y porque en su opinión ya no tiene sentido. En primer lugar, cree Hernando que su posición le impide comentar cuestiones sobre las que luego pudiera tener que pronunciarse como juez. En segundo, la Sala de Gobierno del Supremo consideró el viernes por unanimidad "improcedente" que Hernando informe al Congreso sobre "decisiones jurisdiccionales". Por último, opina que, después de que el Supremo adoptara un nuevo sistema de redención de penas a raíz del caso Parot, la solicitud de comparecencia del Congreso "ha perdido objeto".
Así las cosas la sesión de hoy en la Comisión de Justicia del Congreso ha sido corta. Su presidente, Álvaro Cuesta, ha explicado la situación y ha leído las cartas y notificaciones que se han intercambiado Hernando y el Congreso, para luego levantar la sesión. El único grupo que ha expresado su respaldo a Hernando ha sido el PP. Su portavoz de Justicia, Ignacio Astarloa, ha asegurado que la comparecencia de éste hubiera sido "una perversión grave" porque el único objeto era "controlar políticamente" a las instituciones que preside.
En el ámbito de la magistratura también ha habido disparidad de opiniones. Edmundo Rodríguez, portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia, de talante progresista, ha recordado que Hernando tenía la obligación constitucional de comparecer ante el Parlamento y se ha mostrado sorprendido de que haya abandonado su habitual "locuacidad" justo cuando le convoca el Parlamento. Una opinión muy distinta tiene la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, que ha defendido la postura del presidente del Supremo. El portavoz de la asociación, Juan Pedro Quintana, ha dicho, parafraseando a Hernando, que su comparecencia constituiría "una vulneración del principio de independencia judicial y de separación de poderes".
Encontronazos de Hernando con el Parlamento
M. A. / J. M. L.
Dirige el tribunal más importante de España y preside el Consejo General del Poder Judicial. Esa posición institucional no ha impedido que Francisco José Hernando y la mayoría de vocales conservadores del Consejo mantengan abierto un conflicto con los partidos que apoyan al Gobierno en el Congreso. Éstos son algunos de sus capítulos más sonados.
- Homosexualidad y zoofilia. En diciembre de 2005, sin que el Gobierno ni el Congreso lo pidieran, la Comisión de Estudios del CGPJ aprobó un informe que criticaba el proyecto de ley sobre el matrimonio homosexual en los siguientes términos: "Llamar matrimonio a la unión de personas del mismo sexo es como llamar matrimonio a la unión de más de dos personas o a la unión entre un hombre y un animal". Esta comparación entre homosexualidad y zoofilia se eliminó en el texto que aprobó el pleno.
- Sevillanas y catalán. La voz del Consejo y la del presidente del Supremo también se han escuchado con nitidez en el debate sobre el Estatuto catalán, a pesar de que el Congreso se negó a pedirles opinión. Días después de que la Cámara rechazara una propuesta del PP para pedir un informe al CGPJ, su Comisión de Estudios, con los únicos votos de los vocales propuestos por ese partido, aprobó otro texto que encontraba 19 motivos de inconstitucionalidad en el proyecto aprobado por el Parlamento de Cataluña. Los vocales conservadores no llevaron el documento al pleno hasta que Zapatero y el líder de CiU, Artur Mas, pactaron las enmiendas al Estatuto. El Consejo se pronunció en contra de un texto que ya no existía en una votación en la que el sufragio de Hernando fue determinante. Entre la aprobación en comisión y la definitiva en el pleno, el presidente se pronunció públicamente al menos tres veces en contra de la reforma que tramita el Congreso. En una de ellas llegó a comparar el aprendizaje del catalán entre los jueces con el del baile de sevillanas.
- Resoluciones y conflictos. El Congreso reaccionó en diciembre con tres resoluciones en las que instaba al CGPJ a que dejara "de realizar estudios, informes o dictámenes en relación a materias y actividades de otros órganos constitucionales". Los votos de los vocales propuestos por el PP bastaron de nuevo para responder a la Cámara y retarla a presentar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional si consideraban que el consejo se extralimitaba.
