La Audiencia Nacional condena al etarra 'Santi Potros' a 172 años de prisión
Canadá extradita a dos hombres condenados por violencia callejera
El ex dirigente de ETA Santiago Arróspide, más conocido como Santi Potros, ha sido condenado por La Audiencia Nacional a 172 por haber ordenado el atentado en el que, en 1986, murieron el gobernador militar de San Sebastián, Rafael Garrido, su esposa, uno de sus hijos y una transeúnte de nacionalidad portuguesa.
En la sentencia, el Tribunal considera probado que Arróspide, que entonces vivía en Francia, dió las directivas y proporcionó al comando Gohierri-Kosta el dinero y los explosivos para llevar a cabo el atentado.
Además de por los cuatro asesinatos, la Audiencia ha condenado al antiguo dirigente etarra por un delito de homicidio frustrado, otro de terrorismo, tres de lesiones graves, tres de lesiones menos graves y seis faltas de lesiones. Santi Potros también tendrá que pagar una indemnización millonaria a las víctimas y a sus familiares.
En noviembre de 1991 ya habían sido condenados por este hecho José Miguel Latasa, alias Fermín, integrante del comando, y José Antonio López, Kubati, jefe del mismo, a 152 años y 6 meses de prisión cada uno.
El 25 de octubre de 1986, Latasa, que conducía la motocicleta Kawasaky en la que circulaba junto al fallecido Rafael Etxebeste, siguió al Peugeot 505 en el que viajaban Garrido, su esposa, uno de los hijos del matrimonio y un soldado que conducía el turismo.
Cuando el automóvil se detuvo en el semáforo de la esquina de la Avenida del Boulevard y la calle de Legazpi de San Sebastián, Etxebeste depositó la carga de explosivos plásticos y metralla de 2,5 kilos sobre el techo del vehículo y puso en funcionamiento el sistema mecánico de espoleta.
La explosión del artefacto provocó la muerte instantánea del gobernador militar y de sus familiares y heridas de gravedad al chófer del automóvil. También resultó gravemente herida una ciudadana portuguesa que paseaba por el lugar y que murió a consecuencia de las lesiones semanas después. El artefacto explosivo causó además heridas de diversa consideración a otros 13 transeúntes.
Canadá extradita a dos condenados por violencia callejera
Eduardo Plagaro Pérez de Arrilucea y Gorka Perea Salazar huyeron a Canadá en 1997, dejando a su espalda sendas condenas de 6 y 7 años de prisión respectivamente por colocar artefactos explosivos en cajeros automáticos y concesionarios de coches cinco años antes. Ambos fueron detenidos por la policía canadiense en Montreal en junio de 2001, y ahora el Gobierno del país norteamericano ha decidido atender a la petición de extradición española tramitada por un tribunal de Quebec y enviar a los dos hombres de regreso para España, según ha anunciado el embajador español en Ottawa, José Ignacio Carbajal.
