Decenas de alumnos repetirán curso tras no ir a clase por el miedo de sus familias al coronavirus: “Lo hice por salvar a mi hija”

Más de 4.000 alumnos reciben permiso para no asistir a la escuela en etapas obligatorias por la covid

Un grupo de escolares de Huesca, de camino al colegio, el pasado junio.
Un grupo de escolares de Huesca, de camino al colegio, el pasado junio.europa press (Europa Press)

“Yo pienso que hice lo correcto para salvar la salud de mis hijos y la mía…”, responde Marjorie Alvarado después de una pausa y justo antes de romper a llorar en su casa de Petrer, en Alicante. La mujer se ha negado a llevar a clase a su hija este año por miedo al virus, y ahora le han dicho que tendrá que repetir quinto de primaria.

Más de 4.000 alumnos obtuvieron permiso para no ir a la escuela en etapas obligatorias el curso pasado debido a que ellos o alguna de las personas con quienes convivían tenían problemas de salud que las hacían especialmente vulnerables a la covid, y han recibido enseñanza a distancia. Pero unos cientos de las familias que vieron rechazadas sus peticiones (los centros educativos han decidido basándose en los dictámenes médicos presentados por las familias) se negaron pese a ello a llevarlos a clase, e iniciaron una pugna con la Administración. En decenas de estos últimos casos, como el de la hija de Marjorie, cuya pediatra concluyó que el asma de la niña no le impedía ir al colegio, los niños no han ido a clase, ni han recibido enseñanza telemática y tendrán que repetir.

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Los expertos destacan que las escuelas han demostrado ser seguras frente a la pandemia y advierten de las graves consecuencias que puede tener para estos niños haber pasado un año en blanco. “Si hay evidencias que muestran cierto desfase de aprendizaje vinculado a los tres meses de confinamiento estricto de 2020”, dice Jesús Manso, profesor de Pedagogía en la Universidad Autónoma de Madrid, “superar un año de no enseñanza tendrá grandes repercusiones”.

No es posible saber el número exacto de alumnos que han sido eximidos de ir a clase por la covid: se han dado permisos en centros educativos de las 17 comunidades, pero no todas los han contabilizado. Los cinco territorios que sí lo han hecho y además han comunicado los datos a petición de este diario presentan grandes diferencias. Extrapolando a toda España los datos de la autonomía más restrictiva a la hora de concederlos (Castilla y León, cuyos datos son provisionales) y la que más permisiva ha sido (Canarias), se obtienen proyecciones para el conjunto del país muy dispares, que van de cerca de 4.000 a más de 11.000 estudiantes dispensados de asistir a clase.

Una clase de primaria en un colegio público de Navarra, en marzo.
Una clase de primaria en un colegio público de Navarra, en marzo.Carlos Gil-Roig

Rafael Romero impulsó hace un año una campaña en las redes sociales pidiendo que la asistencia a clase fuera voluntaria, con el argumento de que los protocolos de prevención en las escuelas eran “insuficientes y peligrosos”. A través de la asociación que dirige, llamada Instituto Andaluz para la Prevención del Acoso Escolar, Romero dice haber asesorado a unas 2.000 familias que pidieron permisos para que sus hijos estudiaran a distancia. Unas 1.200 lo obtuvieron. 500 no lo consiguieron y los llevaron a clase después de que las autoridades educativas y la Fiscalía advirtieran de que el absentismo injustificado puede tener consecuencias penales y en materia de patria potestad. Otras 300 familias vieron rechazada su solicitud, pero se resistieron a acatar la decisión y el asunto pasó a los servicios sociales y, algunos, a Fiscalía. En una parte de estos casos, Administración y padres llegaron a acuerdos satisfactorios para las familias, dice Romero, pero unos 80 chavales se verán obligados a repetir.

“Hasta donde yo sé”, afirma Almudena Jiménez, una de las abogadas de la asociación, “en septiembre los niños de todas las familias que he representado volverán a ir presencialmente. El curso pasado fue excepcional porque no había vacunas”.

“Nadie va a enseñarme a cuidar de mis hijos”

El caso de Marjorie Alvarado y su hija, de 10 años, ha acabado mal. La mujer contactó el año pasado con una abogada de Madrid, a la que encontró en Facebook, que aseguraba haber obtenido permiso para que su hijo no fuera a clase. Alvarado la contrató por una cantidad que prefiere no concretar y la abogada la dirigió a una “perita” que le haría, le contó, un documento para eximir a su hija de ir a la escuela. Con la información que Alvarado le envió, y sin ver a la niña, la supuesta perita le remitió un escrito en el que ponía que la chica era especialmente vulnerable a la covid. Le cobró 50 euros. La madre presentó el papel a la pediatra del centro de salud de Petrer, que no le dio validez y le dijo que los alumnos con asma (la dolencia que tienen Alvarado y su hija) podían ir sin problemas a la escuela.

Hasta el año pasado, cuando lo dejó para ocuparse de sus hijos, la mujer trabajaba limpiando casas o en la hostelería. “El año pasado, en febrero, uno de mis hijos se enfermó. Lo tuve con oxígeno y aquello me afectó. El papá se la pasa viajando y yo pensé: estando sola en este país, si los niños se contagian o a mí me pasa algo, ¿qué hago?”. Su caso no ha llegado a Fiscalía, pero sí a servicios sociales. “Me agobiaban mandándome cartas, diciendo que si seguían sin ir a clase podían quitarme a los cuatro niños, que los tenía encerrados… Lo cual no es cierto. Yo sé cómo cuidar de mis hijos, nadie me va a enseñar a hacerlo”, dice.

A final de curso aceptó llevar dos semanas a su hija al colegio. Pero ahora Alvarado, que no se ha vacunado y sostiene que la inmunización “está matando a muchas personas”, no sabe qué hará en septiembre. Si se queda en Alicante, cree que su hija tendrá que volver a clase. Como alternativa está pensando volver a Colombia.

Un punto ciego en la detección del absentismo

La educación infantil, que es voluntaria, ha perdido miles de alumnos este curso por, entre otras razones, el miedo de los padres a los contagios. En la siguiente etapa, primaria, que es obligatoria, la diferencia entre los alumnos matriculados y la población de edades asociadas (de seis a 11 años) es tan pequeña (2.160 niños para un total de 2.841.781 alumnos de primaria, un 0,07%) que lo razonable es atribuirlo a errores estadísticos, explica el Ministerio de Educación.

Directores de colegio, inspectores de educación, concejalas de Bienestar Social y Educación, responsables educativos autonómicos y fiscales de menores consultados por este periódico coinciden en que es muy difícil que un alumno deje de estar matriculado una vez que ha entrado en el sistema. Los colegios matriculan de oficio a los alumnos para el curso siguiente. Y en caso de cambio de centro, no los dan de baja hasta comprobar que están matriculados en el nuevo. Si un alumno no va a clase, se abre un expediente en servicios sociales que puede llegar a Fiscalía, pero no deja de constar como matriculado.

Las fuentes consultadas reconocen, sin embargo, un punto ciego en el control del absentismo. Si un alumno no ha estado matriculado en infantil (un 2% de los niños de cinco años no lo está) y sus padres no lo llevan a primero de primaria, no suena una alarma en ningún sitio. La diferencia entre los alumnos matriculados en primero de primaria este curso y la población asociada es de 4.266 niños (un 0,9%), lo bastante baja como para seguir atribuyéndola a errores estadísticos. Pero el sistema, admiten las fuentes, está orientado a detectar de forma proactiva a alumnos absentistas que viven en entornos de exclusión, un perfil distinto al de quienes han empezado a temer la escuela por la pandemia.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra

Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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