La segunda ola interrumpe las clases presenciales de 300.000 universitarios
Cataluña, Valencia y Granada cierran campus durante 15 días como medida de prevención para evitar la expansión del virus entre los jóvenes, el grupo de edad con más contagios
Cerca de 298.500 universitarios se van a quedar sin clases presenciales durante dos semanas como consecuencia de la segunda ola de coronavirus. De ellos, 20.000 están matriculados en la Universidad Politécnica de Valencia y comenzaron con la modalidad online el lunes 5 de octubre; 60.000 pertenecen a la de Granada y 218.000 a los 11 campus catalanes presenciales. La enseñanza pasará de las aulas a los ordenadores por el intento de las Administraciones de contener la expansión del virus entre la población joven. De momento, no se han registrado brotes en las instalaciones universitarias. Los focos de contagio están fuera: en la vida social, el ocio nocturno, los pisos y las residencias de estudiantes. En estas últimas se han confinado a más de 1.300 alumnos desde que arrancó el curso.
Después de la Politécnica de Valencia, que cerró su campus la semana pasada tras la celebración de una fiesta ibicenca en su azotea que ha dejado 131 contagiados, la Junta de Andalucía tomó este martes la misma medida para los 60.000 alumnos de la Universidad de Granada. La decisión llegó tras las imágenes virales de estudiantes de juerga en las calles sin mascarillas ni distancia de seguridad durante el puente con una incidencia en la ciudad de 501 contagios por cada 100.000 habitantes. La Generalitat de Cataluña también anunció que a partir de mañana todas las clases teóricas pasarán a ser virtuales (no afectará a las prácticas ni a labores de investigación) en el marco de una estrategia más amplia para reducir la movilidad y evitar aglomeraciones en el transporte público. Hasta la fecha, se han registrado dos brotes en dos residencias vinculadas a la Universidad de Barcelona, con unos 70 estudiantes positivos y 450 en cuarentena.
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) exigió este martes que se “garantice el control en las zonas de ocio, sobre todo en el nocturno, para evitar que las universidades se vean obligadas a cerrar”. “En el ámbito académico se están cumpliendo estrictamente las medidas higiénicas y sanitarias”, señaló en un comunicado.
La población de 15 a 29 años, de la que forman parte la mayoría de los 1,3 millones de universitarios españoles, es la que mayor nivel de contagio presenta desde que en mayo comenzó el desconfinamiento. En las últimas semanas, la incidencia acumulada en este grupo ha alcanzado o se ha quedado cerca de los 200 casos por cada 100.000, unos 45 puntos por encima de la media, según los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. “Afortunadamente en esta franja las infecciones son poco graves. Se hospitaliza un 1% de los casos y prácticamente no hay muertes. Esto en parte está bien y en parte contribuye a que no le den importancia a la infección”, afirma Joan Ramón Villalbí, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria.
“Un joven se siente tan saludable, quitado que tenga algún problema específico, que la idea de prevención, el hecho de pensar en que para evitar una posible enfermedad en el futuro debe adoptar medidas en el presente, no está muy asociada a su estilo de vida. En su concepción, ser joven es una época para pasarlo bien, y eso no casa con las restricciones”, afirma el psicólogo Jaume Funes, especializado en adolescencia y juventud.
La presidenta de la asociación de estudiantes universitarios CREUP, Andrea Paricio, critica que en las recomendaciones del ministerio para adaptar la actividad de los campus a la covid solo figuren medidas sanitarias. “No se ha tenido en cuenta la adaptación académica, ni se ha pensado en cómo garantizar la calidad de la docencia. Los contenidos no se han adecuado a la modalidad online y las evaluaciones tampoco”, lamenta. Cree que el cierre de los campus —que teme que se alargará más de los 15 días iniciales— perjudicará “gravemente” a los alumnos con menos recursos. El 3% de los universitarios, unos 36.000, tiene problemas técnicos para seguir las clases online, por no disponer de dispositivos digitales o de red wifi en su hogar, según datos de la CRUE. “Las universidades tienen las herramientas necesarias para adaptar la docencia a modelos online o mixtos garantizando siempre la continuidad del curso”, señalan desde el Ministerio de Universidades.
Uno de los nuevos focos de preocupación son los colegios mayores, que suman 425 positivos y más de 1.300 residentes confinados. Desde el 20 de septiembre se han detectado brotes en este tipo de alojamientos en Bilbao (17 positivos), Valencia (168), Barcelona (60), Granada (150) y León (30). Los expertos advierten de que estos inmuebles combinan a la población que, por su forma de vida, supone el mayor riesgo de contagio con unos edificios cuyo diseño hace especialmente complejo el control de la enfermedad.
“Un colegio mayor es parecido a una residencia geriátrica en el sentido de que es un espacio de convivencia cercana de muchas personas, de aglomeración, en el que seguramente no siempre se respetan las condiciones de protección, distancia y mascarilla e higiene. La consecuencia es que ofrecen el caldo de cultivo para que se amplifique la transmisión. Entre los jóvenes hay muchos asintomáticos y estos, además, conviven en una atmósfera cerrada, a veces comparten habitaciones y también lugares de estudio, de recreo y comedores”, afirma Daniel López Acuña, exdirector de emergencias de la OMS.
Residencias sin protocolos
Los colegios y residencias universitarias carecen de un protocolo específico. Solo aparecen mencionados de forma muy breve, en el mismo artículo que los hoteles, en el decreto de 9 de junio que sentó las bases de la nueva normalidad. Básicamente, la norma se limita a señalar que se deben “evitar aglomeraciones y garantizar que clientes y trabajadores mantengan una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros”.
Antes del verano, el Consejo de Colegios Mayores, que agrupa a 125 de estos alojamientos sin ánimo de lucro donde residen 17.000 estudiantes, contactaron con los ministerios de Sanidad y Universidades para proponerles la elaboración de un protocolo oficial de medidas higiénicas y sanitarias. Pero, según fuentes del consejo, los ministerios les recomendaron que consultaran a una empresa de riesgos laborales. La entidad contrató a Quirón Salud, que elaboró un protocolo que sus asociados aplican como consideran. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, apostó este martes por llevar a cabo una “especial acción comunicativa” dirigida a los residentes.
La realidad está demostrando, cree el epidemiólogo Joan Villalbí, que las residencias no pueden ser tratadas como hoteles, porque sus dinámicas son muy distintas: “Es un espacio en el que no se había pensado mucho y los últimos episodios demuestran que hay que prestarles atención”. López Acuña defiende la elaboración de un protocolo y el cierre de aquellos que no lo cumplan. Villalbí también ve conveniente elaborar “una guía”, pero recuerda que, en cualquier caso, ya existen normas generales y apela al sentido común: “El director de un colegio mayor debería saber que hay una fiesta con muchas personas en la azotea”.
La Universidad de Salamanca controla a los colegios mayores
En una ciudad como Salamanca, en donde 32.000 de sus habitantes son universitarios de un total de 145.000, y 34.000 se desplazan allí cada año para aprender español, la Universidad es el sostén económico. La de Salamanca (USAL) está en el punto de mira: mueve unos 920 millones de euros anuales, el 7% del PIB de la provincia. El coronavirus no la puede truncar. Por eso, con el inicio del curso en septiembre, la Universidad mandó un mensaje claro a las 11 residencias privadas que acogen cada año a casi 900 estudiantes. De no seguirse el protocolo anticovid aprobado por la institución para los colegios mayores, podrían perder el sello de adscripción a una de las universidades con más prestigio del país, con más de ocho siglos de historia.
“Se corrió la voz de que en dos de las 11 residencias privadas se estaban haciendo novatadas, y rápidamente la Universidad actuó”, cuenta uno de los empleados que prefiere no dar su nombre. En el protocolo aprobado por la USAL para los cinco colegios mayores públicos de su campus —que ofrecen 1.400 plazas en total— se recogían medidas muy concretas como la prohibición de que personas ajenas a las residencias pudiesen acceder, la suspensión de todas las actividades o reuniones que conllevaran “contacto físico”, o la instalación de termómetros en cada uno de los accesos al edificio.
A diferencia de otras ciudades, en este caso fue la propia Universidad la que se encargó de hacer cumplir las normas de distanciamiento en los espacios de máxima convivencia de los estudiantes. Las 11 residencias, agrupadas en la asociación Cudesa, aprobaron protocolos para equipararse a las públicas: más personal de vigilancia —sobre todo en los comedores, como potencial foco de contagio—, más cámaras de seguridad para controlar las reuniones en las habitaciones —un máximo de tres personas en las individuales y de cuatro en las dobles— o salas comunes, y una sola diferencia: Cudesa exigió a sus estudiantes “un toque de queda”, todos deben regresar a la residencia antes de la una y media de la mañana. Severidad contra los infractores y posibles expulsiones. “La gente ya está más tranquila, han visto que vamos en serio”, señala Celia Aramburu, vicerrectora de estudiantes de la USAL. Los colegios mayores que cuentan con el aval de la USAL ya están advertidos. De no cumplir las exigencias sanitarias, perderán este cotizado sello de adscripción. / Con información de Juan Navarro
Con información de Elisa Silió, Ivanna Vallespín y Pablo Linde
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