El alquiler de vivienda se la juega en España

Inquilinos y propietarios, a los que la crisis del coronavirus ha puesto contra las cuerdas, han conocido esta semana su suerte. El Gobierno, tras muchos tira y afloja entre sus ministros, ha puesto en marcha un plan para no dejar caer el alquiler. Los inquilinos cuya economía haya sido vapuleada por la pandemia y cuyo casero —siempre que tenga menos de 10 pisos bajo gestión— no acepte una moratoria en el pago, pueden solicitar un microcrédito sin intereses ni comisiones al ICO con el aval del Estado. Es un préstamo finalista que se ingresará a los caseros y que cubrirá un máximo de seis mensualidades de renta. Se puede devolver durante seis años, ampliables a cuatro más si los inquilinos ni siquiera pueden afrontar el reembolso del crédito. En estos casos, el Estado les concederá ayudas directas de hasta 900 euros al mes.

Situación distinta es la de los inquilinos alquilados en un piso propiedad de una empresa o un fondo que tenga más de 10 viviendas en cartera. Las que no quieran negociar la próxima renta tendrán que elegir entre conceder una moratoria de cuatro meses en el pago del alquiler a devolver en tres años o rebajar el 50% de la renta durante cuatro meses. El plan de rescate, similar al alemán aunque más ambicioso, incluye una prórroga automática de todos los contratos durante seis meses y la paralización de los desahucios por impago, también medio año.

Pero las vías de escape a la crisis que ha esculpido el Gobierno han despertado no pocos temores. “El no poder recuperar la posesión de la vivienda si hay un impago puede acarrear graves problemas a los ahorradores, vulnerando gravemente el derecho constitucional de tutela judicial efectiva”, afirma Javier Rodríguez, responsable de la comisión residencial de la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa), cuyos asociados suman más de 21.000 viviendas.

Lo que está en juego es la seguridad jurídica, sin la que se acabaría la partida. En juego hay más de 10 millones de inquilinos, más de cinco millones de pequeños ahorradores que tienen en el alquiler una forma de complementar sus ingresos y pensiones y una inversión acumulada superior a los 800.000 millones de euros, según Lazora, una de las mayores empresas de alquiler de España.

“Que no se pueda desahuciar, aunque haya impagos, que los habrá, puede hacer que los particulares que vivan situaciones traumáticas saquen sus pisos del mercado de forma definitiva tras esos seis meses, lo que podría reducir la oferta y volver a incrementar los precios”, esgrime Jaime Luque, profesor de la ESCP Business School. Y misma problemática cuando las llaves del piso son de una gran empresa. “Las decisiones de la inversión institucional e internacional en el inmobiliario español dependen de que exista un marco legal lo más estable posible”, apunta Roger Cooke, presidente de RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), en España. Por su parte, Sergio Nasarre, director de la Cátedra Unesco de Vivienda, ahonda en esa inseguridad jurídica y se plantea si esa prohibición de desahuciar en los próximos seis meses es admisible y constitucional al ir más allá del estado de alarma.

Desde la bancada de los fondos, lamentan otro punto y es que “se haya discriminado al ahorro colectivo al imponer un aplazamiento del pago de las rentas que ya había puesto en marcha de forma voluntaria y por iniciativa propia”, comenta Javier Rodríguez. “No hay que olvidar que este ahorro es el que financia a largo plazo la vivienda social y asequible que necesita España. En España, tenemos un parque de vivienda que supera los seis millones y que ha sido muy dinámico en los últimos 15 años, pero todavía es insuficiente. Para llegar a la media europea nos harían falta otros 2,3 millones de unidades. Por ello, rechazamos las posturas populistas y los calificativos despreciativos hacia las sociedades especializadas en el alquiler a largo plazo”, expone Concha Osácar, socia fundadora de Azora, sociedad que gestiona a través de Lazora más de 7.000 alquileres en España y que hace dos semanas anunció de forma voluntaria una moratoria de pago a las familias en situación de vulnerabilidad por la Covid-19.

Aunque no todo son críticas. Las empresas del alquiler valoran positivamente que el Gobierno dé una ayuda directa a los ciudadanos vulnerables y que los microcréditos se hayan impuesto a otras propuestas que estaban sobre la mesa, como la moratoria general o, incluso, la condonación de las rentas, como reclaman los sindicatos de inquilinos. Son muchas las voces que dicen que hubiera sido imprudente cargar la crisis sobre las espaldas del ahorro privado de los españoles. La razón es obvia: en España el 96% del parque de alquiler —85% según el Gobierno— está en manos de particulares, mientras que un 2,5% es ahorro colectivo y un 1,5% es de titularidad pública, según los datos de Asipa.

“El propietario tipo posee uno o dos inmuebles que suelen provenir de una inversión particular o una herencia”, precisa Raúl Pérez, presidente de Avalisto. De hecho, “muchos pequeños propietarios basan sus ingresos en las rentas de la vivienda que tienen en alquiler, lo que supondría un desequilibrio entre la situación del inquilino y la del propietario”, añade Samuel Población, director nacional de Residencial y Suelo de CBRE España, que calcula que los grandes tenedores gestionan 125.000 casas.

Huelga y solidaridad

Argumentos que no han convencido a los sindicatos de inquilinos, para quienes las medidas aprobadas son “insuficientes”. “El Gobierno pretende mantener los precios del alquiler artificialmente altos, haciéndolos pagar a una ciudadanía cuyos ingresos están cayendo en picado. Endeudar a los sectores más vulnerables y no suspender los alquileres en plena crisis es injusto e irracional”, critica Jaime Palomera, portavoz del sindicato de inquilinos de Barcelona. Además, dice que la mayoría de arrendadores no dependen de los ingresos del alquiler. El miércoles iniciaron una huelga de alquileres, hasta la suspensión de pagos para todas las personas golpeadas por el coronavirus. Y han creado un fondo con aportaciones para hacer frente a los gastos judiciales derivados de la huelga, que ya suma 20.356 euros.

El alquiler se la juega con estas medidas, aunque muchos ciudadanos llevan ventaja. “Mi casero me acaba de llamar para decirme que no se me ocurra pagarle el alquiler”, narra una mujer de 36 años que prefiere no desvelar su nombre. Cuenta que vive en un piso antiguo en la localidad de Getafe (Madrid) y que paga 500 euros al mes. “Me dijo que hasta que no sepamos qué va a pasar guarde el dinero por si lo necesito para comida”, explica esta camarera, a la que acaban de despedir. Hay miles de casos iguales. Es más, empresas como Mutua de Propietarios o Das han adaptado su seguro contra impagos para que los caseros puedan realizar una moratoria en el cobro de alquiler a sus inquilinos.

Pero hay otros miles de arrendadores que no pueden o no quieren perdonar la renta y que tienen miedo. Por esto, se han apresurado a contratar pólizas de impago: “Propietarios que tenían alquilado sus pisos desde hace tiempo, seis meses o más de un año, y que nunca habían tenido problemas, llaman para introducir los seguros en sus contratos”, dice Javier Iscar, de Arrenta.

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