La protesta de los agricultores gana fuerza en 10 comunidades y se extiende hasta el corazón de Barcelona

Los agricultores han intensificado su protesta este miércoles en una nueva jornada de movilizaciones que ha provocado retenciones en 10 comunidades autónomas y ha llegado hasta el corazón de Barcelona. Columnas con cientos de tractores (unos 1.250, según los Mossos d’Esquadra) han entrado en la capital catalana en dirección al centro para hacer llegar sus reivindicaciones a las Administraciones Públicas. “Precios justos” para sus producciones, un mayor control de las importaciones de fuera de la UE y una reducción de la burocracia son las principales demandas de los manifestantes, que han organizado estas convocatorias al margen de las organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA). La protesta ha entrado también de lleno en el Congreso y ha protagonizado buena parte de la sesión de control al Gobierno, en la que Pedro Sánchez se ha comprometido a reforzar los controles sobre la cadena alimentaria y promover la competitividad del campo europeo ante terceros países.

En una insólita imagen, los tractores tomaban la Gran Via de Barcelona, a la altura del paseo de Gràcia, a primera hora de la tarde. Agricultores del Vallès comentaban que estaban a la espera de instrucciones para continuar a otras zonas de la ciudad, dependiendo del resultado de las negociaciones con el president de la Generalitat, Pere Aragonès; y el conseller de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, David Mascort. “No sabemos hacia dónde vamos, pero si las negociaciones no son satisfactorias, dormiremos aquí, no sabemos en qué zona, pero desde luego no en el Ritz”, señalaba uno de los manifestantes en una esquina cercana al famoso hotel de lujo. “Hay posibilidades de que nos quedemos porque no creo que solucionen nada, nunca lo han hecho. Ahora nos darán unas palmadas en la espalda para que nos volvamos a casa. No nos moveremos hasta que mejore la solución y garanticen ayudas al sector, que se está muriendo”, añadía David Álvarez, presidente asociación Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC, en sus siglas en catalán).

Tras la reunión, Mascort ha afirmado que las reivindicaciones de los agricultores “son justas”. “Se pueden hacer las cosas mejor; nos hemos emplazado a que decidan cómo quieren hacer para encontrarnos en una semana o diez días con un análisis concreto”. Los representantes de los manifestantes tenían previsto decidir en las próximas horas su plan inmediato y si se quedaban con los tractores en Barcelona.

Horas antes, los ciudadanos de la ciudad catalana han recibido con aplausos a los agricultores, mientras grababan con sus teléfonos móviles el momento y los tractores circulaban entre los coches por la calzada. “No es un problema de la agricultura española, sino de la europea”, resumía Mauri Bosch, de 52 años, desde la cabina de su tractor. “No podemos soportar el dumping que nos hace la UE”. Las reivindicaciones de los agricultores en Cataluña son las mismas que en el resto de España, con la salvedad de que a ellos les afectan particularmente las restricciones del plan de emergencia de la Generalitat por la sequía.

Bloqueo en Castellón

El campo mantiene el pulso. El martes agricultores y ganaderos ya lograron cortar carreteras, provocar atascos y bloquear durante algunas horas centros logísticos y el puerto de Málaga. Aunque esta mañana los manifestantes se han retirado del puerto malagueño, en el puerto de Castellón la policía ha desalojado a unos 250 agricultores concentrados en la zona desde por la mañana y una docena de furgones policiales ha bloqueado el acceso a las instalaciones. Así, este miércoles han continuado con la protesta y se ha extendido a más comunidades.

Los manifestantes han causado cortes y problemas de tráfico principalmente en diez comunidades: Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía. En Santa Fe (Granada) han sido detenidas seis personas y la policía ha cargado contra los manifestantes pasado el mediodía. Una de ellas pasó a disposición judicial esta tarde, mientras que el resto quedaban en libertad. En total, en el conjunto de España ha habido 12 arrestos, según la policía. “Ha habido más cortes de carretera, ralentización de la fluidez de la vía, ha habido atascos y más personas que han permanecido más tiempo del deseable parados en carretera, y eso entendemos que es tensionar algo más”, ha detallado la portavoz del Gobierno de Navarra y consejera de Interior, Amparo López.

Convocados por grupos de Whatsapp y Telegram, los trabajadores del campo piden que se relajen las exigencias de las políticas medioambientales europeas y que se reformen los acuerdos comerciales con terceros países para que se les pidan las mismas condiciones que a los productores comunitarios. Asaja, COAG, UPA y la Unión de Uniones tienen previsto activar su propio calendario de movilizaciones a partir de este jueves. La movilización convocada al margen de estas asociaciones se ha llevado a cabo sin permisos, por lo que la Guardia Civil y la Policía Nacional han impuesto cientos de multas durante estos días a los dueños de los tractores por provocar atascos.

El malestar se intensifica. Dani Forcadell, que produce arroz en los campos del Delta, considera que una de las principales causas de la protesta son las importaciones de fruta y verdura cultivada en países que utilizan productos fitosanitarios prohibidos en Europa. “Las instituciones europeas decidieron ser más papistas que el Papa y ahora vemos que hay 1.400 productos fitosanitarios que se aplican en todo el mundo y en Europa solo están permitidos 300, una cifra que va a la baja. Resulta que aquí no se pueden aplicar, pero al mercado llegan frutas y verduras producidas con productos prohibidos”, lamenta.

Debate parlamentario

La bronca en el campo se ha trasladado a la sesión de control al Gobierno en el Congreso, con preguntas de Vox, PP y ERC sobre el alcance de las protestas agrarias y las posibles soluciones a un conflicto que amenaza con extenderse. Sánchez ha rechazado recetas que pasen por el “negacionismo climático” y el “antieuropeísmo” en el sector agrario, y ha anunciado medidas, sin aportar detalles. Desde el PP, su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en la Cámara Baja que el “problema” de los agricultores “no solo está en Bruselas, sino también en las bancadas del Gobierno”.

Las importaciones agroalimentarias de fuera de la UE son un tema clave para el sector. Sánchez se ha comprometido este miércoles a redoblar los esfuerzos de España para que la UE adopte cláusulas espejo en sus acuerdos comerciales, que fijan las mismas condiciones y requisitos a las producciones de terceros países y países de la UE. Su aprobación, sin embargo, requiere una unanimidad que, ahora mismo, no existe en Europa. El sector considera que hay una competencia desleal por parte de otros mercados que no están sujetos a las normas medioambientales y laborales de la UE y, por tanto, ofrecen precios más bajos, como Marruecos, Egipto o Latinoamérica.

La falta de cláusulas espejo es una de las razones por las que Francia se opone al acuerdo de libre comercio con los países de Mercosur. Pero hay reticencia a introducir este tipo de mecanismos entre otros países de la UE, no productores, que temen que encarezcan la oferta.

Precios en origen

Sánchez también se ha comprometido este miércoles a reforzar los controles para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que impide las ventas a pérdidas, y a simplificar la burocracia relacionada con la Política Agraria Común (PAC). La vulneración de esa norma es una de las quejas de los agricultores. Esta se reformó en diciembre de 2021 para incrementar los controles en las relaciones contractuales entre productores, fabricantes y distribuidores. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ya avanzó hace unos días que el departamento está trabajando con las comunidades en la aplicación efectiva de esta normativa, que considera pionera, pero que reconocía que se puede aplicar mejor. En este sentido, el ministerio ha reforzado los medios humanos y técnicos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), el organismo público que se encarga de supervisar su cumplimiento.

La AICA realiza labores de inspección de oficio, pero también las comunidades y las organizaciones agrarias pueden efectuar denuncias y se puede pedir la confidencialidad del denunciante. La publicidad de las sanciones graves y muy graves es obligatoria desde el 1 de enero. También hay organismos similares a nivel autonómico. En 2023, se impusieron 34 sanciones por incumplir la ley, que suman 136.424,6 euros. De ellas, 22 se debieron al incumplimiento de los plazos de pago y no formalizar por escrito los contratos alimentarios.

Durante los dos años de crisis de precios de los alimentos, Planas ha insistido en que los controles han funcionado relativamente bien y que, por lo general, las subidas de precios se han trasladado sin abusos del inicio de la cadena hasta los puntos de venta. El IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas ha subido un 24% acumulado entre 2021 y 2023, según el Instituto Nacional de Estadística, mientras los precios en origen, los de campo, lo han hecho en torno al 50%, según los datos de Agricultura. No obstante, las dos evoluciones no son del todo comparables, ya que no se trata exactamente de los mismos productos.

En el conjunto de la UE, los datos de Eurostat sobre precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2023 arrojan que España está entre los países que más subió el precio en origen (un 12,32%, solo superado por Grecia y Portugal), mientras sus costes bajaron un 6,75%. El IPC de la alimentación cerró diciembre en el 7% en España.

Retrasos en plataformas logísticas

La industria alimentaria ha reclamado este miércoles al Gobierno que las movilizaciones del campo “no paralicen la libre circulación de mercancías y personas”. Así lo han transmitido las principales asociaciones del sector (Aecoc, ACES, Anged, Asedas y FIAB), que incluyen fabricantes y distribuidores principalmente del sector de la alimentación, en un comunicado. “Las organizaciones han pedido de forma urgente al Ministerio del Interior que se tomen las medidas necesarias para que el sector del transporte pueda operar de forma fluida y con garantías”, ha dicho. Estas empresas advierten que ya están sufriendo retrasos e incidencias en las entradas y salidas de sus plataformas de distribución. De hecho, algunas compañías reportan ya demoras en las entradas y salidas de sus plataformas en Cataluña, Madrid, Castilla y León o Levante, entre otras zonas, si bien no se prevén problemas de abastecimiento a los puntos de venta.

La protesta ha tenido este miércoles hasta su vertiente online, informa Efe. Un grupo de hackers rusos ha intentado atacar las webs de diversas instituciones españolas “en solidaridad” con las protestas de agricultores y ha logrado bloquear durante unas horas algunas de ellas. Detrás de estos ataques está el grupo NoName057, que ha reivindicado los ataques en su canal de la red de mensajería Telegram y al que el Centro Criptológico Nacional ha atribuido estas acciones. Pese a fijarse numerosos objetivos de momento han llevado a cabo con éxito cinco ciberataques en País Vasco, Murcia, Navarra, Alicante y Canarias.

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