La reducción del IVA del gas deja frías a las comunidades de vecinos

Los administradores de fincas advierten que la medida es insuficiente para muchos vecindarios que no pueden afrontar los precios e insisten en extender la tarifa regulada a las calderas colectivas

Fachada de edificios en Madrid, en una imagen de archivo
Fachada de edificios en Madrid, en una imagen de archivoÁlvaro García

En el complicado invierno que se cierne sobre Europa, muchas comunidades de propietarios temen quedarse heladas. Los desorbitados precios del gas suponen un gasto inasumible en muchos edificios que se calientan con calderas comunitarias. “Vamos a retrasar la puesta en marcha lo que el tiempo permita y a reducir las horas de calefacción”, resume Luismi Sánchez-Migallón, de 63 años y vecino de un barrio del norte de Madrid. Su caso lo define como “particular”: una mancomunidad de más de medio siglo con cinco bloques independientes que se alimentan de dos grandes calderas de gas para dar servicio, mediante una instalación que impide cualquier individualización del consumo, a más de 350 viviendas. Él, que fue presidente de la mancomunidad hasta hace poco, ya vio a finales del invierno pasado cómo se disparaba el coste por el impacto de la guerra de Ucrania sobre los combustibles. “Facturas mensuales de alrededor de 34.000 euros en los meses de más gasto pasaron a suponer unos 68.000 euros”, relata.

Y este año puede ser todavía peor. Pablo Abascal, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, señala que la subida de tarifas en el mercado libre “ha supuesto un 450%”. Su organización ha calculado que para un piso medio, de unos 100 metros cuadrados, que hasta ahora pagaba una cuota por toda la temporada de calefacción (normalmente seis meses, de noviembre a abril) entre 600 y 800 euros, ahora la factura podría dispararse más de 3.200 euros. Con la rebaja del IVA del 21% a 5%, que el Gobierno ha aprobado esta semana, el coste se rebajaría a unos 2.800 euros. Pero en cualquier caso es demasiado, y las cuotas comunes de la escalera no alcanzan para pagarlo, como sucedía hasta ahora. “Hay comunidades que ya se gastaron hasta abril todo el presupuesto y no tienen dinero del presupuesto anual para volver a encender en noviembre”, indica Abascal. La situación, según sus estimaciones, afecta potencialmente a unos 7,5 millones de viviendas en España con calderas colectivas de gas (las de otros combustibles, como gasóleo, no verán subir tanto los costes).

Como solución, los administradores llevan meses reclamando que las comunidades de propietarios puedan acogerse también a la tarifa regulada (la TUR o tarifa de último recurso). Actualmente resulta imposible porque las calderas colectivas superan los 50.000 kilovatios hora de consumo anual, el límite que establece la normativa. Esto provoca una “discriminación” con respecto a los consumidores con caldera individual, señala el presidente del consejo general, quien pide al Gobierno “más comunicación”. “Nos tienen que tratar bien, representamos a muchos votantes”, añade. Aunque aclara que ha habido interlocución continua.

En el Ministerio de Transición Ecológica, que tiene las competencias sobre la regulación de las tarifas energéticas, admiten que existe un “agravio”. Un portavoz señala que “la fórmula no está clara, pero se están estudiando medidas”. La propia titular de ese departamento, la vicepresidenta Teresa Ribera, señaló en una entrevista reciente en Radio Nacional que “es necesario pensar en cómo ofrecer una solución a las comunidades de propietarios”. La ministra señaló que faltaba “acabar de definir [el mecanismo] y aprobarlo cuanto antes”, algo que le gustaría que sucediera “antes de que los ciudadanos empiecen a recibir las facturas de calefacción”.

Cuenta atrás

Ese momento llega para muchas comunidades cada 1 de noviembre. Y no saber todavía qué pasará trae de cabeza a no pocos vecindarios. Pablo Ruiz, administrador colegiado de Madrid, describe un abanico de soluciones que se están improvisando. “Hay presidentes que nos llegan a pedir que propongamos en la junta cortar directamente el servicio y que cada uno se busque la vida”, relata. En otros casos se discute poner la calefacción solo cuatro meses o rebajar la temperatura a 18 grados, incluso por debajo de los 19 grados que el Ejecutivo ha estipulado para el comercio y otros servicios. Para las comunidades que tienen que renovar su contrato de suministro “es difícil contratar”, según Ruiz. “Casi ninguna comercializadora te ofrece un precio fijo y las que lo hacen están muy por encima del precio de mercado”, explica el administrador, “la última oferta que nos han pasado es de 340 euros por megavatio hora (MWh)”.

El mercado ibérico del gas (que fija los precios para España y Portugal) se encuentra actualmente en el entorno de los 100 euros por MWh y marca unos futuros de unos 140 MWh. Pero en un entorno de alta incertidumbre, con la guerra recrudeciéndose por momentos en Ucrania, las empresas energéticas temen pillarse los dedos y ofertan muy por encima para asegurarse de que no perderán dinero si los importes suben. Es algo que no pasa con la tarifa regulada, ya que esta se revisa trimestralmente y el Gobierno estableció que en esas actualizaciones no podría incrementarse más de un 5%. El déficit que se genera como consecuencia de que el gas esté más caro, lo pagarán poco a poco en el futuro los consumidores acogidos a esta tarifa.

Si comprender el funcionamiento de los mercados energéticos no es sencillo, explicarlo en una junta de escalera se antoja misión imposible. “En una reunión con 30 o 40 propietarios siempre surge quien no lo entiende y no deja que salgan medidas adelante”, sostiene Ruiz. En los casos más complejos, algunas comunidades incluso están planteándose pedir préstamos para hacer frente a las facturas. Pero en la mayoría casos, ejemplifica el administrador, la disyuntiva es muy sencilla: “O reduces el tiempo de calefacción o la temperatura; y aun así tienes que considerar alguna derrama”.

Beatriz Marín, de 46 años, ya sabe lo que es tener que hacer contribuciones extraordinarias al presupuesto del vecindario para pagar el gas. En su edificio de Madrid sucedió el invierno pasado. La cuota mensual, de menos de 100 euros, no alcanzaba y la comunidad fue quedándose sin remanente. El resultado fueron tres derramas en tres meses (febrero, marzo y abril) que sumaron casi 900 euros. El problema es que entonces había otros gastos extra aprobados en junta y se mezclaron. En adelante, han pedido al administrador que detalle la factura de calefacción. “Estamos un poco expectantes a ver lo que va a pasar ahora”, señala. Ella, por si acaso y pese a que el consumo se paga colectivamente, ha tomado otra medida: “Yo casi nunca estoy en casa y tengo los radiadores cerrados, salvo uno que está roto”, cuenta, “ya he llamado a un reparador para que me lo deje siempre cerrado”.

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Sobre la firma

José Luis Aranda

Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS, diario donde entró a trabajar en 2008. Escribe habitualmente sobre temas de vivienda y referentes al sector inmobiliario. Es licenciado en Historia por la Universitat de València y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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