Trabajo multa con 79 millones a Glovo por operar con 10.000 falsos autónomos en Barcelona y Valencia

La ministra advierte de que “el peso de la ley va a caer sobre esta empresa” y la firma de reparto a domicilio anuncia que recurrirá la decisión

Un repartidor de Glovo, este miércoles en las calles de Barcelona.
Un repartidor de Glovo, este miércoles en las calles de Barcelona.Carles Ribas

La Inspección de Trabajo ha propinado un duro revés a la empresa de reparto a domicilio Glovo al imponerle una multa récord de 78,9 millones de euros por mantener a falsos autónomos en Barcelona y en Valencia. La sanción afecta a 10.614 empleados (8.331 en la capital catalana y 2.283 en la valenciana). La inspección considera que se trata de falsos autónomos “que dependen y son ajenos” a Glovo y que esta empresa debería haberlos incluido en plantilla. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que tendrá que regularizar a estos repartidores: “Estamos ante una auténtica actuación de falsos autónomos y el peso de la ley va a caer sobre esta empresa”. Glovo ha avanzado que recurrirá la decisión.

Desde su fundación en 2015, Glovo ha decidido mantener su esquema basado de forma mayoritaria en autónomos a pesar de la entrada en vigor en agosto del año pasado de la llamada ley rider, que explícitamente obliga a estas plataformas a contratar a los repartidores. Para adaptarse a la norma, anunció en 2021 la contratación de 2.000 repartidores, lo que la empresa ya considera un cambio de modelo al tener una plantilla mínima más estable, aunque siga recurriendo a miles de autónomos (no hay datos oficiales, pero se calcula que unos 14.000). Por ello, fuentes de Glovo han querido destacar este miércoles que las inspecciones en Barcelona y Valencia “se refieren al año 2018 hasta el 11 de agosto de 2021″, es decir, son anteriores a la nueva ley y a la contratación de esos 2.000 repartidores. A la empresa no le consta que haya nuevos expedientes abiertos posteriores a esa fecha y defiende que los cambios introducidos en su política de recursos humanos respetan la normativa.

Pero las empresas del sector llevan meses criticando a Glovo, cuyo principal accionista es la alemana Delivery Hero, porque consideran que sigue saltándose la ley rider y les hace competencia desleal, mientras la inspección sigue teniendo a la empresa fundada en Barcelona bajo la lupa tras la entrada en vigor de la nueva legislación, que otorga una mayor seguridad jurídica a la labor de control. En lo que va de año, Glovo suma sanciones por 126,6 millones: 84,4 millones por infracciones y otros 42,2 millones por la falta de cotizaciones a la Seguridad Social, según datos de Trabajo. Todo apunta a que el siguiente varapalo puede venir de Madrid, donde se calcula que hay 5.000 repartidores.

Mientras, Glovo ha anunciado que presentará sus alegaciones contra las multas en Barcelona y Valencia, adelantadas por la Cadena Ser y confirmadas por Trabajo, que no ha dado detalles de momento sobre en qué fechas se realizaron las inspecciones. “Se trata de una resolución unilateral, que implica una propuesta de la inspección, frente a la que la empresa tiene que presentar sus alegaciones, y después de la tramitación de un procedimiento de oficio en el ámbito de la justicia, se analizarán las mismas para en su caso proponer un acta de liquidación y o de infracción”, han añadido en la empresa. Glovo entiende que, al recurrir la decisión, no tiene que hacer efectivo de momento el pago de las cotizaciones y la multa.

Viabilidad de la empresa

Las elevadas multas pueden suponer, sin duda, un problema para las cuentas de Glovo, que siempre ha estado en pérdidas, aunque con una evolución constante al alza de la cifra de negocio. En 2021, la plataforma logró un récord de facturación de 591 millones, aunque registró unas pérdidas ordinarias de 474,8 millones, más de cinco veces los números rojos de 2020, en un contexto en el que las grandes firmas del sector están teniendo dificultades para ser rentables por los elevados costes operativos y los reducidos márgenes del negocio. Fuentes de Glovo han negado este miércoles rotundamente que se plantee dejar el negocio en el mercado español por estas sanciones.

La multa en Barcelona es de 39 millones de euros, más otros 24 millones por cotizaciones no pagadas a la Seguridad Social. En Valencia, las actas de infracción suman 10,7 millones y las actas de liquidación ascienden a 5,05 millones. Además de las sanciones por incumplir la ley, se ha impuesto una multa por obstrucción a la labor inspectora que asciende a 2.500 euros. “Es gravísimo”, ha dicho al respecto Díaz a su llegada al Congreso para la sesión de control al Gobierno. La ministra ha acusado a Glovo de “vulnerar” los derechos laborales de sus trabajadores. “Tienen que cumplir la ley”, ha rematado.

Empleados contratados

Mientras Glovo ha optado por mantener su operativa con un número significativo de autónomos, la mayoría de sus rivales han aceptado el cambio de modelo introducido por la ley. En el caso de JustEat, sus empleados siempre han estado en plantilla e incluso han firmado el primer convenio del sector. Mientras, Uber Eats ha optado por subcontratar el servicio con empresas que tienen a su vez contratados a los repartidores. Todas las empresas que han desembarcado en España tras la entrada en vigor de la normativa, como las firmas de reparto ultrarrápidas Getir y Gorillas, tienen a sus repartidores contratados de forma directa.

Los sindicatos llevan tiempo esperando que las sanciones de Inspección de Trabajo modifiquen la actitud de la plataforma, que ya ha recibido otras multas en lo que va de año, como la impuesta a principios del verano pasado por 2,06 millones (incluidas actas de liquidación) por mantener como autónomos a 351 empleados en Girona, Tarragona y Lleida. En diciembre pasado, la empresa ya recibió una castigo total de 8,6 millones en Sevilla, donde se acreditaron 1.316 falsos autónomos.

La ley de repartidores tiene como objetivo frenar los abusos en un sector que, en la gran mayoría de las ocasiones, se expandió en el pasado con una estructura laboral muy pequeña y echando mano de miles de autónomos que cobraban solo por los pedidos que realizaban. Esta norma elevó a rango de ley lo que ya dictó el Tribunal Supremo en septiembre del año pasado, cuando declaró falsos autónomos a los repartidores de estas plataformas. Tras la entrada en vigor de las nuevas reglas, una plataforma, Deliveroo, abandonó el país porque no creía rentable el negocio con las nuevas condiciones.

El laboral no es el único frente abierto para Glovo. La Comisión Europea investiga a la empresa y a su accionista mayoritario, la plataforma alemana Delivery Hero, por posibles prácticas anticompetitivas. Bruselas ha llevado a cabo inspecciones en las sedes de las firmas de reparto a domicilio porque sospecha que establecieron acuerdos ilegales para repartirse el mercado de reparto de estos productos en parte de la UE.

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Cristina Galindo

Es periodista de la sección de Economía. Ha trabajado anteriormente en Internacional y los suplementos Domingo e Ideas.

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