Uber, tras su cese en España: “Sería útil tener información sobre el juez, encontrar sus debilidades y aprovecharlas”

A finales de 2014, los esfuerzos de Uber para desembarcar en España se toparon con la realidad de la administración, taxistas y jueces. Pasadas las tres de la tarde del 9 de diciembre de 2014, la socia del departamento de Políticas Públicas de Uber, Elia Ferrer, compartió con sus compañeros en un correo electrónico la noticia de una orden judicial que imponía el cese cautelar de las actividades de la empresa en España. La prensa informaba de que se interrumpirían los servicios de Uber por posible competencia desleal. Aquel primer mensaje marcó el inicio de unas Navidades frenéticas para el equipo español de Uber, que una veintena de días más tarde despidió el año con el cierre de UberPOP. Antes, Uber ideó una larga lista de estrategias para sortear, desactivar o sacar partido del bloqueo ante la opinión pública: desde registrar dominios alternativos hasta “buscar las debilidades” del juez Andrés Sánchez Magro, que ordenó el cese cautelar.

Los mensajes que lo acreditan forma parte de Uber Files, una investigación periodística que analiza más de 124.000 documentos filtrados al diario The Guardian y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) y sus medios colaboradores, EL PAÍS y La Sexta en España. Los archivos, que abarcan de 2013 a 2017, fechas en las que Uber se estrenaba en decenas de ciudades pasando por encima del marco legal, sin permisos, eludiendo el pago de impuestos, enfrentándose a la industria del taxi y exigiendo a conductores precarios y sin licencia facturaciones cada vez mayores para conseguir más beneficios.

El español no era el primer encontronazo con la administración en Europa. En Bruselas un juez ya había prohibido sus coches a comienzos del año, en Londres y París las batallas judiciales estaban en curso, y en la capital francesaen esas mismas fechas se haría oficial la ilegalidad de Uber. Una situación que para la empresa no solo no era nueva, sino que era parte de su estrategia: enfrentarse a las administraciones e ir escalando la “pirámide de mierda”, como detalla una presentación interna contenida en los Uber Files referida a los obstáculos que la empresa se iba encontrando.

Este choque mortal de UberPOP con la justicia estuvo lejos de ser un fracaso. “Uber florece en la confusión legal”, señala Jimena Valdez, investigadora de la City University de Londres. “Aquello les sirvió para entrar y crear la idea de que podían estar. Además, ellos necesitan estar en más mercados para crear ese efecto de red global, por eso, a pesar de que les pongan regulaciones, se adaptan mínimamente y vuelven”, explica la investigadora, que retrata esta estrategia de la empresa con el concepto de “cumplimiento contencioso”: “Al principio Uber es este elefante en un bazar que entra con todo sin que importe la ley. Después aprenden que hay que hacer las cosas de otra manera, pero es un aprendizaje superficial en el sentido de que se adaptan mínimamente, pero siempre buscando el cambio”.

El de UberPop era el formato predilecto de Uber: particulares que salían con sus propios coches y sin mediar licencia alguna a transportar pasajeros bajo las órdenes de la aplicación. También fue el modelo que más problemas le generó: desde el principio les granjeó multas, coches confiscados y, por supuesto, la animadversión del taxi. Sergio Díaz, que condujo algunos meses con UberPop, recuerda que intentaba esconder el móvil cuando se cruzaba con taxistas y que desde el propio Uber les recomendaban “invitar sutilmente” a los pasajeros a sentarse en el asiento delantero para evitar sanciones o altercados.

“Es momento de ser más agresivos”

El auto del juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid pareció marcar un antes y un después. “Es momento de ser más agresivos”, proclamaba Ferrer después de un esperanzador vistazo a las publicaciones de usuarios de Uber en las redes sociales. “Están incluso comparando esta decisión con el régimen de Chávez, donde a la gente no se le permite elegir lo que quieren”, se congratulaba. Además de sugerir explotar la especial “sensibilidad” de los españoles para temas como el desempleo con ejemplos de conductores que no tenían trabajo y conducían en Uber para sobrevivir, Ferrer propuso buscar la manera de desacreditar al magistrado que ordenó el bloqueo, Andrés Sánchez Magro: “Sería útil tener más información sobre el juez. Necesitamos encontrar sus debilidades y aprovecharlas”.

El magistrado, contactado por EL PAÍS y La Sexta, no ha querido hacer comentarios sobre esos mensajes, pero el intercambio de correos posterior al bloqueo deja patente el resentimiento que despertó la orden. “Quiere presentarse y ser conocido como el juez que estuvo en medio de este asunto controvertido. Esto está incluso más claro después de saber que ha sido controvertido en el pasado”, continuaba Ferrer. Por su parte, Mark MacGann, director de Políticas Públicas de Uber para Europa, se preguntaba sobre las consecuencias de seguir operando y desafiar la orden de “un juez que tiene tendencia a introducirse en casos controvertidos y adoptar sentencias ridículas que son consiguientemente revocadas por tribunales superiores”.

Uber se mantuvo firme en su intención de seguir prestando sus servicios hasta que, el 26 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid exigió a las operadoras que cumpliesen con la orden. La empresa ya había detectado problemas el día antes, entre los usuarios que accedían desde Movistar. “Necesitamos contactar con ellos cuanto antes. ¿Tenemos alguna influencia? ¿Líneas de conductores? ¿Subsidiarias internacionales? ¿Dinámicas de competencia si Vodafone no quiere bloquearnos?”, urgía Pierre Dimitri-Gore Coty, director de Uber para Europa Occidental.

Cuando el bloqueo ganó mayor alcance, comenzó la búsqueda de vías de escape por parte de Carles Lloret, entonces director general de Uber en España. El ejecutivo planteó inicialmente buscar maneras de esconder el tráfico de Uber de los operadores o sortear cualquier intento de monitorización a través de direcciones IP cambiantes. Pasado el día de Navidad, Movistar, Vodafone y Jazztel acataron la orden y a Uber no le quedó más remedio que iniciar un “juego del gato y el ratón”, consistente en registrar dominios alternativos para dar acceso a una nueva versión de la aplicación y buscar, sin éxito, la manera de convencer a las operadoras para desactivar el bloqueo.

De cara a la galería, Uber intentaba no atraer demasiada atención internacional. “Me preocupa que esta estratagema legal para hacer a las operadoras el objetivo de la orden judicial dé ideas a otros jueces de otros mercados europeos”, reconocía MacGann.

Tres días después, la entonces abogada interna de Uber, Salle Yoo, puso freno a la estrategia de sortear el bloqueo —”Violar una orden judicial es serio y no nos ganará amigos en otros mercados”— y España inauguró el año 2015 sin UberPOP. Cuando los coches de la empresa volvieron a circular por las ciudades españolas, lo hicieron bajo el modelo de licencias VTC que mantienen hoy.