Teresa Ribera: “Es obvio que algunas eléctricas tienen ganancias excesivas”

La vicepresidenta tercera cree que la “tormenta” que vive la factura de la luz pasará y protesta contra las críticas de los compañeros de Gobierno de Podemos: “Que digan que estás coaligada con el Ibex no es agradable”

Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, este miércoles en Madrid en la sede del ministerio.
Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, este miércoles en Madrid en la sede del ministerio.INMA FLORES (EL PAIS)

Teresa Ribera (Madrid, 52 años) inicia un curso político que sabe que será duro con el enésimo récord del precio de la luz. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica ha pasado un verano pendiente del mercado mayorista de la electricidad y bajo el fuego cruzado de la oposición y de la parte de su Gobierno que la acusa de inacción ante un problema de alto voltaje social. Ella se revuelve contra esa idea, resalta la valentía de las medidas ya en marcha que impactarán en las cuentas de eléctricas y petroleras y critica a los que creen que este problema puede resolverse de un día para otro. “Son una bomba de relojería”, responde a EL PAÍS a la pregunta de si algunas de las propuestas de Podemos son asumibles.

Pregunta. ¿Qué mensaje manda a las familias preocupadas por la factura de la luz? ¿Ve riesgo de desafección ante un Gobierno que anuncia medidas de desahogo que los ciudadanos no perciben?

Respuesta. El primer mensaje es que para el Gobierno este es un asunto de gran preocupación. El precio de la energía es muy importante para el bienestar de las familias y para la recuperación. Estamos muy pendientes. Con nuestro esfuerzo pasado, presente y futuro intentamos mitigar el efecto del mercado mayorista, pero no hay varitas mágicas. Es muy importante ser cuidadosos para no adoptar medidas que más tarde supongan condenas por incumplimientos de cosas que sabíamos que no podíamos hacer. Hay gente que lo está pasando mal y que tiene la impresión de que necesita una respuesta ya, pero no es fácil que una única medida surta efecto de un día para otro.

P. Usted admite que la factura de la luz crecerá en torno al 25% en el conjunto del año, pero si la subida del primer semestre fue solo del 6% eso implica que en la segunda mitad del año será superior al 40%.

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R. Estamos comparando las facturas más bajas de nuestra historia, las de 2020, con las más altas, por lo cual la comparación está un poco distorsionada. La evolución al alza en los mercados la empezamos a vivir en abril, con el IVA al 21% y con el impuesto de generación del 7%. El primer semestre solo tiene el beneficio de un junio con menor fiscalidad, mientras el resto del año se va a beneficiar de menor fiscalidad. Si uno compara un año promedio como 2018, un consumidor en la tarifa libre pagaba algo menos de 50 euros al mes frente a algo menos de 55 euros este año. Esa diferencia es gestionable por muchas familias, pero no por otras. Por eso tenemos que acelerar la adopción de un consumo mínimo vital para que todas las familias tengan garantizado un confort elemental. Respecto a las clases medias, lo más relevante es mantener la suspensión de la fiscalidad.

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P. Sobre las medidas estructurales para bajar el recibo, ¿por qué no las adoptaron por decreto para acelerar su aplicación?

R. Hemos querido ser muy garantistas de fondo y de forma, porque sabemos que son medidas que no gustan ni a las eléctricas ni a las petroleras ni a las gasistas. Los grupos parlamentarios tienen en sus manos acelerar su entrada en vigor.

P. ¿Descarta las propuestas de Unidas Podemos sobre la fijación de precios para nuclear e hidroeléctrica?

R. Este ministerio cree que no son recomendables porque son frontalmente contrarias al derecho comunitario. Hemos vivido las consecuencias de adoptar medidas contrarias al derecho y acaban siendo una bomba de relojería que te acaba explotando. Cuando eso ocurre se espanta a los inversores y lo acaba pagando el consumidor. Como Gobierno responsable, nuestra obligación es advertir y defender el respeto al derecho de la UE y evitar un Brexit energético.

P. ¿Es sostenible que en un tema tan sensible un mismo Gobierno lance mensajes diametralmente opuestos?

R. Tengo una muy buena relación con mis compañeros en el Gobierno. Sé que tienen una alta sensibilidad social. Pero yo también la tengo. Una transformación tan profunda no funciona si no viene acompañada de medidas sociales. Pero que ahora algunos compañeros insinúen que estás coaligada con no se sabe qué empresas del Ibex a las que estás poniendo en firme, hombre, muy agradable no es. O acusarme de falta de sensibilidad social tampoco es muy agradable. Quiero entender que lo hacen con buena intención y también que se sienten un poco atrapados por sus afirmaciones previas. Y luego hay cosas que son llamativas: es que me proponen lo mismo que el Foro Nuclear. Yo, de verdad, es que no trabajo así. Me parece que hay que respetar a las personas, a los equipos, que lo están pasando mal.

P. ¿Planea el Gobierno bajar el IVA al 4% o suspender el impuesto eléctrico?

R. Las medidas fiscales que hemos adoptado son provisionales. Hemos pasado de una factura en la que alrededor del 30% de lo que pagábamos eran impuestos a algo más del 16%. Se trata de una reducción muy importante. Nos preocupan varias cosas: que no podemos controlar el mercado mayorista porque depende de factores externos. O que no nos parece adecuada ni la carga fiscal ni la distribución de las rentas de ese mercado mayorista. También hay ganancias excesivas en favor de grandes compañías. Más allá de la valoración ética que haga cada uno, esto resulta obvio. Hay negocios de generación que tienen unos costes operativos muy por debajo del precio al que son retribuidos. Al final, acaba pagando el consumidor.

P. Dijo que pretende reducir la volatilidad en la factura regulada, que pagan 10,6 millones de familias. ¿Cómo?

R. Se trata de que parte de ese precio final que pagamos por la tarifa dependa no del mercado mayorista, sino de una cesta de indicadores a medio plazo. Estamos viviendo una tormenta enormemente disfuncional, pero que en principio no está aquí para quedarse. Veremos precios estables, razonables y asumibles en el medio plazo. Pero por ahora lo que tenemos es esto.

P. ¿Se puede hacer algo parecido a las últimas subastas de renovables para sacar del pool a otras tecnologías?

R. No. Ni siquiera se está haciendo para las renovables. No se puede ser más claro: hay dos reglamentos de la UE y una directiva que lo dejan meridianamente claro. No se puede fijar precio, no se puede prohibir el acceso al mercado mayorista y tienen que ser instrumentos de mercado, oferta y demanda, los que determinen el precio que se paga. Con las subastas de renovables no fijamos precio. Quien quiera puede venir, es voluntario. Cada cual oferta o decide que va a mercado libre. Por tanto no podría seleccionar algunas tecnologías y decir qué precio. La otra cuestión que ha generado mucha confusión es el mecanismo francés. Surge en 2011 por lo contrario, porque en el proceso de liberalización la Comisión Europea entiende que la posición de EDF es casi de monopolio. En una negociación con el Gobierno francés, a la sazón accionista mayoritario de EDF, acaban acordando que un porcentaje o cuantía X asociada a las plantas históricas nucleares debe ser vendida a un precio fijo. Pero es un mecanismo provisional, excepciones que ya no le permiten prorrogar más al Estado francés, ni cambiar ni ampliar. No es una subasta. Hay un precio fijo. Y no es un elemento para facilitar precios de mercado, sino para romper un monopolio. Yo tengo muy difícil justificar aquí que exista un monopolio. Tengo restricciones de acceso a la nuclear o a la hidroeléctrica, pero hay distintos operadores funcionando.

P. Ha anunciado que aplicará la Ley de Aguas en los expedientes abiertos por el vaciado de embalses.

R. Es escandaloso. Estamos hablando de compañías con una enorme visibilidad y presencia internacional, en las que los elementos reputacionales son muy importantes, y muchas de ellas presumen de su compromiso de sostenibilidad. Me sorprende que se les haya olvidado, que es la palabra más suave que se me ocurre. Vaciar el 70% de un embalse en seis semanas y pensar que va a pasar desapercibido me parece bastante ingenuo. Pensar que a la gente le va a dar igual… ¿Cómo le va a dar igual? Es una barbaridad.

P. ¿La aplicación del artículo 55 implicaría revisar las concesiones? ¿Sigue adelante la idea de crear una empresa pública que gestione las centrales hidroeléctricas?

R. El artículo 55 lo aplico sobre las concesiones vivas y que van a seguir vivas. No hay la menor intención ni de expropiar ni de revertirlas. En paralelo tengo concesiones que expiran, algunas se renaturalizan, otras son explotaciones gestionadas directamente por las confederaciones hidrográficas, hasta que tengamos claro cuáles son los elementos que marcan las mejores condiciones de explotación para el nuevo ciclo. Y hay un tercer debate: cuándo, en qué condiciones y por quién. Y ahí, lo he dicho siempre con total franqueza, me parece interesante que pueda haber una empresa pública para gestionar de manera especializada concesiones hidroeléctricas. Pero no me cierro a la posibilidad de que no sea así, o que haya en ocasiones gestión directa del Estado y en otras sacar a concurso y que sean otros los que gestionen. Pero donde creo que es importante evitar la confusión es en dar a entender que una empresa pública puede vender por debajo de coste. No es real, porque de nuevo tropezaría con el derecho comunitario, sería considerado una ayuda de Estado y necesitaría autorización que difícilmente se iba a conseguir.

P. ¿Se ha considerado modificar los tramos horarios de la nueva tarifa?

R. Eso depende de la CNMC, que ha dicho que necesita un periodo de tiempo un poco más largo para ver qué impacto puede estar teniendo en el mercado minorista. Vamos a esperar, pero sí les dijimos que, con independencia de que sea una regulación prevista para varios años, en estos procesos de transformación tan importantes hay que mantener la flexibilidad y la apertura para profundizar en lo que funciona y modular y corregir si se detecta que algo no funciona.

P. La CNMC ha denunciado que algunas empresas han inflado la factura con la aplicación de la nueva tarifa. ¿Cree que sería aconsejable que se publicaran los nombres de estas compañías?

R. Nos explicaron que era todavía una fase previa y por ello no podían dar nombres. No sé si es lo que suelen hacer. Lo que sí pedimos nosotros, porque es muy preocupante que pudiera ser un comportamiento generalizado, pero también dar la impresión de que lo sea o no aclarar la dimensión del problema, es si podían decir si eran muchos, pocos, regulares, cuántos, quiénes, y sacaron una segunda nota explicando un poco esto. A partir de ahí no nos han dado más datos.

P. Envió una carta a la Comisión Europea pidiendo una reforma del mercado, pero en Bruselas hay poca voluntad de acometerla. ¿Hay un intento de echar balones fuera?

R. No eludo responsabilidades. Como Gobierno tenemos la obligación de apurar nuestro margen de actuación y hacer algo muy importante: dar la batalla para la toma en consideración de políticas públicas europeas que creo que han desenfocado algunos elementos importantes. Lo que no es razonable es exigir al Gobierno de España que haga lo que le corresponde al legislador europeo. Las instituciones comunitarias tienen ahora una preocupación muy grande. Su lectura es que, para que el proceso de transformación se acelere, el coste del CO₂ tiene que ser muy alto. Pero la situación de España no es la misma que la de Alemania o Polonia. No echamos balones fuera, apuramos al máximo y damos la batalla leal —yo diría que con valentía— en Bruselas. Pero también hay principios de funcionamiento elementales y no creo que sea conveniente saltarse a la torera el derecho comunitario, del mismo modo que me parecería una cosa un poco frívola y cínica decir que no tengo nada que ver en Bruselas. Europa tiene que pensar en cómo hacer que la transición sea no solamente lo más rápida, sino también lo más barata y lo más justa posible.

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