Telefónica, Orange y Vodafone vuelven a perder la batalla de la tasa de RTVE en los tribunales

Nuevo varapalo judicial en la larga batalla que mantienen Telefónica, Orange y Vodafone por la tasa del 0,9% de sus ingresos que les impuso el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hace más de una década para financiar RTVE tras la eliminación de la publicidad de la televisión pública en 2009, lo que vino a eliminar a su vez la competencia del ente público por obtener ingresos. La Audiencia Nacional acaba de rechazar los recursos presentados por las tres operadoras contra el pago de este tributo, que les ha supuesto un desembolso de en torno a 1.600 millones de euros desde su instauración en 2010.

Los tres fallos, del pasado mes de mayo, y a los que ha tenido acceso EL PAÍS, rechazan los recursos presentados por las compañías basándose en los pronunciamientos previos tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal de Justicia de la UE, que también resultaron desfavorables a los operadores. La Audiencia descarta de esta forma que, como defendían las empresas, exista “una doble o triple imposición al amparo de la vulneración de los principios de igualdad y capacidad económica”, recordando que esa vulneración ya ha sido rechazada por las sentencias de las otras instancias.

Aunque las sentencias se refieren a la liquidación del impuesto en los años 2010, 2011 y parcialmente la de 2012, su alcance se hace extensivo al resto de ejercicios hasta 2021 inclusive, en el que los tres operadores abonaron por este concepto una media de 140 millones de euros, lo que eleva la factura total a en torno a 1.600 millones de euros. Por contra, el ente público dejó de ingresar cuantiosas sumas: solo en el año de la medida, RTVE había consignado en sus presupuestos 478 millones en publicidad, la mitad del total.

El Gobierno, atendiendo a las quejas de los operadores sobre esa doble fiscalidad –como empresas de telecomunicaciones y de televisión-, ha decidido eliminar para el próximo año esa tasa del 0,9% con la condición de que contribuyan al despliegue de las nuevas redes 5G de telefonía móvil. No obstante, Telefónica, Vodafone u Orange, que poseen sus propias plataformas de televisión de pago, deberán seguir abonando -como el resto de cadenas de pago y las plataformas de cine y series- el 1,5% de sus ingresos audiovisuales para financiar RTVE.

Sin entrar en el fondo del asunto

De esta forma, los operadores vuelven a sufrir un revolcón en los tribunales sobre la polémica tasa. La Audiencia tenía en suspenso su decisión tras formular una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE y otra cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El tribunal europeo ya se pronunció en 2014 declarando que la ley de financiación de RTVE no suponía una ayuda de Estado y que no le competía dilucidar sobre la equidad de la tasa al no estar contemplado ese asunto en la directiva europea. Por su parte, el Constitucional dictó auto de inadmisión en octubre de 2020 de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Nacional por motivos formales, sin entrar a valorar el fondo del asunto.

Esta es precisamente la principal queja de los operadores: que ninguna instancia ha entrado en el fondo del asunto y que, el caso de la Audiencia, en lugar de pedir la subsanación de los mencionados defectos formales y el inmediato replanteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad (habida cuenta de los indicios de vulneración de la misma), ha decidido rechazar sus recursos sin más. De hecho, en el fallo que tumba el recurso de Telefónica, el magistrado Helmuth Moya ha emitido un voto particular contra la decisión de la Audiencia en el que critica el cambio de criterio de la Sala, que previamente había apreciado indicios de inconstitucionalidad.

Las compañías de telecomunicaciones siempre han sostenido que este gravamen del 0,9% vulnera los principios de capacidad económica e igualdad en el sostenimiento de los gastos públicos, porque no existe beneficio alguno vinculado a la supresión de la publicidad en RTVE que favorezca directa o indirectamente a los operadores de telecomunicaciones.

Asimismo, se quejan de la doble y triple imposición fiscal, porque no se gravan capacidades económicas que no se encuentren debidamente contempladas por otros tributos (como el impuesto de sociedades) o la tasa del 1,5% para las televisiones de pago, y se vulnera el principio de igualdad, porque dicen que el sobregravamen impuesto respecto al soportado por empresas de cualquier otro sector económico carece de justificación objetiva y racional.