Hacienda aparcará la ‘tasa Google’ cuando se alcance un acuerdo global para gravar a las multinacionales
Estados Unidos ya ha pedido a las economías del G-7 que retiren sus impuestos digitales, pero quedan aún muchas incógnitas sobre el acuerdo alcanzado el sábado por el bloque
El Ministerio de Hacienda asegura que retirará su tasa Google si se alcanza un acuerdo global para gravar más a las multinacionales, sea este en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o en la UE. Esta es una de las exigencias de Estados Unidos, país origen de los principales gigantes tecnológicos, para avanzar en un pacto fiscal a amplia escala que cada vez parece estar más cerca.
El pasado sábado, el G-7 alcanzó un consenso, que calificó como “histórico”, para reformar la imposición fiscal de las grandes corporaciones. Este pasa por fijar un tipo mínimo de sociedades de “al menos el 15%” y establecer una fórmula para que las corporaciones paguen impuestos donde obtienen beneficios si sus ganancias superan un determinado umbral.
No se sabe, sin embargo, cuál será la letra pequeña de este compromiso que llevaba años sobre la mesa de la OCDE, encargada de las negociaciones internacionales al respecto, sin que hasta ahora se hubiesen producido avances relevantes. Tampoco se sabe cuándo los países que ya tienen en marcha una tasa Google la retirarán, aunque EE UU ya ha pedido a los países del G-7 que la aparquen para avanzar en la reforma de las reglas fiscales internacionales.
De momento, el acuerdo del G-7 allana el camino para la reunión del G-20 en Venecia (Italia) de principios de julio, considerada la cita clave para sentar las bases de un nuevo orden tributario global después de que el nuevo presidente de EE UU, Joe Biden, relanzara las negociaciones al llegar a la Casa Blanca. Es probable que en este encuentro se despejen algunas de las dudas que aún rodean el acuerdo del G-7. Estas son las principales:
Impuesto mínimo
Las economías del G-7 (Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido) han acordado establecer un impuesto mínimo de sociedades. Esto no significa que los países vayan a fijar un mismo tipo impositivo legal ―que en España, de hecho, es del 25%―, sino que se garantice que las multinacionales paguen un tipo efectivo mínimo. Es decir, que los Estados ingresen la diferencia de recaudación entre el suelo que se fije y lo que los países de menor recaudación cobren a las multinacionales en impuestos. Lo que no se sabe es si finalmente el tipo será del 15%, como ha propuesto formalmente Washington a la OCDE, o más alto como piden algunos países como Francia.
El comunicado del bloque solo habla de un tributo de “al menos el 15%” que en principio será sobre beneficios país por país. Tampoco está claro cómo se definirá esta base para calcular el impuesto ni cómo acatarán la propuesta países que se benefician de tipos bajos, como Irlanda, cuando las negociaciones se amplíen a más jurisdicciones. La secretaria del Tesoro de EE UU, Janet Yellen, señaló la semana pasada que “aún quedan detalles por resolver”. Y añadió: “Los abordaremos en el periodo previo a la cita en Venecia”.
Reparto de beneficios
La fijación de un impuesto mínimo solo es una de las dos claves de bóveda del acuerdo del G-7 y de los trabajos de la OCDE. El otro asunto medular consiste en una fórmula para gravar a las multinacionales por las ganancias registradas en países donde no tienen presencia física. Los ministros de Finanzas del G-7 acordaron el sábado que los países tendrán “derechos de imposición” sobre aquellas “multinacionales más grandes y rentables” que operen en sus territorios: las que tengan un margen de beneficio superior al 10% tendrán que pagar al menos el 20% de la parte que exceda ese margen. Pero no está todavía del todo claro a qué empresas se aplicará este esquema. Amazon hasta podría quedarse fuera, ya que obtuvo en 2020 un margen de beneficio inferior al 10%.
Impacto en la recaudación
Este dependerá del tipo acordado del impuesto y de la base sobre la que se calculará. Según un reciente estudio del EU Tax Observatory, con un tipo mínimo del 15% sobre beneficios, la UE recaudaría al año unos 50.000 millones adicionales; 170.000 millones si este fuera del 25%. Para España, la recaudación extra sería de 700 millones en el primer caso, de más de 12.000 en el segundo. Falta por ver cuánto aportará la segunda pata del acuerdo.
El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, recalcó este martes en la presentación del estudio Declaración de Sociedades 2020 que el acuerdo del G-7 es “positivo”, pero admitió que es “muy incipiente”, ya que aún faltan los detalles técnicos para poder valorar qué impacto podría tener en España. El presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales, Agustín Fernández, añadió que “habría qué ver cómo se articula y sobre qué reglas” se basarán las propuestas; entre otras cosas, cómo se “cuantifica el resultado contable” y qué correcciones se le podrían aplicar.
Impuesto digital en España
Durante la reunión del G-7 del pasado sábado, la secretaria del Tesoro de EE UU, Janet Yellen, ya pidió a las economías del bloque que cuentan con un tributo digital —Italia, Francia y Reino Unido— que lo eliminen. Pero de momento no ha habido ningún movimiento al respecto. El Gobierno español ya había avanzado, antes de que el tributo entrara en vigor a inicios de este año, que modificaría su tasa Google cuando se alcanzara una decisión a nivel internacional. Es más: en la misma exposición de motivos de la ley que aprueba el tributo se menciona que tiene carácter transitorio, a la espera de un pacto global. Hacienda calculaba recaudar con este impuesto unos 968 millones.
Aumento de los traslados ficticios en España
Mientras los países debaten cómo modificar de forma común las reglas para gravar a las multinacionales, España intenta en paralelo armonizar los impuestos que tienen cedidas las comunidades, entre los que destacan patrimonio y sucesiones y donaciones. Según la encuesta La opinión de los economistas asesores fiscales sobre nuestro sistema tributario, presentada este martes por el Consejo General de Economistas (CGE) y elaborada por los docentes de la Universidad de Barcelona e investigadores del Instituto de Economía de Barcelona (IEB) Alejandro Esteller Moré y José María Durán, han aumentado las consultas y los traslados ficticios de residencia de los contribuyentes. En concreto, cerca de un 70% de los encuestados aseguró que el cambio de residencia fiscal de los contribuyentes va en aumento así como las consultas al respecto, y más de un 75% añadió que en ambos casos se trata de traslados mayoritariamente ficticios tanto cuando son entre comunidades en España como cuando son en el extranjero. Ha habido un “mayor número de consultas ponderando la posibilidad de cambiar la residencia fiscal, tanto entre comunidades autónomas como en el extranjero. Según los asesores, la mayor parte tienen naturaleza ficticia”, ha resumido Esteller Moré.
El Gobierno ha creado hace pocos meses un comité de expertos sobre la reforma fiscal para estudiar, entre otras cosas, la armonización de los impuestos cedidos, entre otras cosas para evitar traslados ficticios de domicilio. Este plan de armonización, del que aún se desconocen los detalles, pero que pasaría por establecer unos topes máximos y mínimos dentro de los cuales se puedan mover las comunidades, ha suscitado las críticas de varios Gobiernos regionales con Madrid a la cabeza.
La región de la capital es la única que bonifica al 100% el impuesto que grava el patrimonio y prevé elevadas bonificaciones para sucesiones y donaciones. Un reciente informe de la OCDE, que recomendaba elevar los tributos que gravan las herencias, mencionaba un estudio de tres economistas externos al organismo que tachaba a Madrid de paraíso fiscal interno. “Una cosa es la armonización y otra es la uniformidad. Somos un país muy descentralizado”, ha matizado Valentín Pich, presidente del CGE. “Pero que quien haga competencia lo haga dentro de unos marcos”, ha añadido.
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