Sareb

Jaime Echegoyen dimite como presidente de la Sareb

Será sustituido por el consejero delegado, Javier García del Río. El relevo llega cuando se conoce el interés del Gobierno por tomar el control de la entidad semipública

El actual consejero delegado de Sareb, Javier García del Río (izquierda), y Jaime Echegoyen, quien acaba de renunciar como presidente, en una foto difundida por la entidad.
El actual consejero delegado de Sareb, Javier García del Río (izquierda), y Jaime Echegoyen, quien acaba de renunciar como presidente, en una foto difundida por la entidad.SAREB / Europa Press

El presidente de la Sareb (Sociedad de gestión de activos de la reestructuración bancaria), Jaime Echegoyen, ha presentado su renuncia voluntaria al cargo “por motivos personales”, según ha informado el también conocido como banco malo en un comunicado. Echegoyen tiene 64 años y llevaba seis años al frente de la entidad, fundada a finales de 2012 para concentrar el ladrillo tóxico de la banca. En 2020 perdió 1.073 millones, el peor ejercicio de su historia.

Su sustituto será Javier García del Río, el actual consejero delegado, que asumirá todo el poder con el cargo de presidente ejecutivo y se amortizará el puesto de consejero delegado. Así lo propondrá el consejo de administración y la decisión deberá ser ratificada por la junta de accionistas que se celebrará el 27 de mayo. García del Río llegó hace un año a la entidad, tras ocupar el puesto de director general de Solvia y, antes, de subdirector general del Banco Sabadell. Echegoyen, por su parte, llevaba siete años en la Sareb, a la que llegó como consejero delegado a principios de 2014 tras desarrollar su carrera en Bankinter y en Barclays. Un año después sería nombrado presidente.

El relevo coincide con un periodo agitado para el banco malo, lo que ha levantado todo tipo de suspicacias sobre los verdaderos motivos de su marcha. Esta semana ha trascendido, según fuentes del Ejecutivo citadas por Efe, que el Gobierno está buscando una fórmula para hacerse con su control, aunque el tema lleva meses preparándose. Desde el propio mercado, algunas fuentes comentan que Echegoyen ya habría comunicado a los responsables de Economía su intención de dejar la entidad hace tiempo.

Sin cobrar indemnización

Fuentes cercanas a la compañía añaden que no ha existido un choque “político” con el Ministerio de Asuntos Económicos ni con el de Fomento, con los que colaboran desde hace tiempo sin contratiempos. El último acuerdo relevante ha sido la ampliación del fondo de viviendas que el banco malo cede para alquiler social. Dichas fuentes insisten en la motivación personal de la decisión de Echegoyen, quien se va por voluntad propia para centrarse en otros proyectos, como empresas emergentes, startups, y sin cobrar indemnización por su salida, algo que se ratifica desde la propia Sareb. Apuntan, además, al hecho de que la Sareb haya ido cambiado con los años hasta convertirse en una compañía cada vez más inmobiliaria (en detrimento de la parte de gestión bancaria), lo que hace que su perfil ya no sea tan adecuado para el puesto.

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Por otro lado, el hecho de que todo el consejo —en el que se sientan representantes del Estado por el 45,9% que controla del capital— haya votado a favor de conceder el poder a García del Río anticipa que es la persona elegida para pilotar el nuevo rumbo de la Sareb. El banco malo podría tener un esquema de dirección similar al de Bankia, que era de control público con gestión privada. Es decir, la cúpula daría cuentas al Estado de sus decisiones más importantes, pero sin un control exhaustivo de su labor. En el capital de este organismo también participan bancos y aseguradoras; en realidad están casi todos los más relevantes menos el BBVA porque su presidente entonces, Francisco González, se negó a colaborar. En el futuro se desconoce si las entidades se mantendrán en el consejo.

El cambio de posición del Gobierno ha llegado cuando Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea, obligó a sumar la deuda del banco malo como deuda pública. Esto habría motivado que el Gobierno esté estudiando tomar el 100% del capital de la sociedad y variar su rumbo. Para ello, como mínimo, habría que cambiar el decreto por el que se creó la sociedad, ya que la norma establecía que nunca podría estar controlada por el poder público.

La estrategia del banco malo en los últimos años, de hecho, se ha centrado en convertir muchos préstamos dudosos que recibió en activos inmobiliarios, un producto que en principio es más fácil de vender en el mercado para cumplir así la misión que se puso de deshacerse de los activos tóxicos que la banca acumuló durante la burbuja inmobiliaria.

Posible prórroga de su vida más allá de 2027

La Sareb recibió algo más de 50.000 millones en activos (incluyendo desde préstamos dudosos hasta parcelas o inmuebles) y en los primeros ocho años de una vida teórica de 15 (se creó pensando en su disolución para 2027) ha logrado reducir esa cartera en un 40%. Sin embargo, lo ha hecho con pérdidas, como prueba el hecho de que su deuda sénior solo se haya reducido en un 31%, y se ha visto afectada gravemente por la pandemia.

Sin embargo, a lo largo de la crisis de la covid también se han producido dos hechos importantes: por un lado, el Gobierno hizo una modificación legal para impedir que el banco malo entrara en causa de disolución por pérdida patrimonial. Por otro, llegó la obligación desde Bruselas de asumir sus pérdidas como deuda pública. Asumidas esas pérdidas y garantizado el funcionamiento de la compañía, ambos pasos han cambiado el horizonte.

Todavía es una incógnita si en la nueva etapa el Estado ganará protagonismo y si, como también señalaban las citadas fuentes de Efe, incluso se alarga más allá de 2027 la vida teórica de la Sareb, un recuerdo de la pesadilla de la Gran Recesión. Fuentes del mercado consideran posible que se alargue la vida del banco malo porque permitiría recoger más beneficios para el Estado. “Cuando se creó nadie podía pensar que llegaría una crisis tan grave como la de 2020. La prórroga sería beneficiosa para las cuentas públicas”, apunta este experto. El Gobierno tiene la última palabra.

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