El Supremo condena al Estado a pagar a Castilla y León el IVA de 2017 y abre la puerta a que otras comunidades sean compensadas

El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a abonar a la Junta de Castilla y León la liquidación del IVA de 2017. El Gobierno autonómico reclamó 182 millones de euros y confía en recibir esa misma cantidad, aunque la sentencia no cifra la cuantía exacta que se deberá rembolsar. La Junta demandó 120,49 millones de euros de forma directa y otros 61,51 euros de manera indirecta por su impacto en los fondos del sistema de financiación autonómica. La Junta ha advertido de que ese sistema de tributación supuso un traslado total de 4.150 millones que podrían comprometer los Presupuestos nacionales si otras comunidades exigen ese reembolso y la justicia les da la razón.

El problema surgió en 2017, con Mariano Rajoy (PP) al frente del Gobierno central: el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, implantó un nuevo sistema electrónico (denominado Suministro Inmediato de Información o SII) para gestionar el cobro del IVA. La puesta en marcha del mecanismo amplió el plazo para que las empresas liquidaran el impuesto y provocó un desfase de un mes en los pagos: la recaudación de noviembre no se ingresó en diciembre como solía ocurrir, sino en enero, a ejercicio cerrado. Las comunidades acabaron ingresando 11 meses en lugar que 12: unos 2.500 millones que presupuestaron, pero nunca recibieron. Desde entonces, empezó una guerra de varias autonomías para exigir al Gobierno la devolución de los importes.

El caso de Castilla y León llegó al alto tribunal porque la dirección de los servicios jurídicos autonómicos interpuso un recurso contencioso-administrativo el pasado 25 de septiembre después de que el Consejo de Ministros desestimara “de forma presunta, por falta de respuesta”, según la Junta, la reclamación realizada por el ejecutivo que comanda Alfonso Fernández Mañueco, del PP, en coalición con Ciudadanos. El Supremo ha estimado parcialmente la demanda y no concreta la devolución exacta de esos 182 millones “al no haber quedado debidamente acreditado que sea precisamente ese el importe que le debe ser abonado”. Así, la compensación dependerá de la diferencia entre el resultado de la liquidación practicada por el Estado y la que resultaría de computar la recaudación del IVA de 12 mensualidades, incluida la de noviembre de 2017. Ninguna de las partes deberá abonar las costas procesales.

La Junta, que ha emitido un comunicado este martes informando de esta resolución favorable que ha tildado de pionera, ha dado por hecho que se le reintegrará la cantidad solicitada. La parte añadida a los 120,49 millones procedentes directamente de la liquidación del IVA se corresponde con 30,98 millones del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones del Fondo de Suficiencia Global y otros 9,32 millones del Fondo de Cooperación. La sentencia del Supremo admite “un desequilibrio que es necesario corregir, al haberse producido un quebranto financiero para la Comunidad Autónoma demandante y, correlativamente, un enriquecimiento indebido para la Administración del Estado”. Los demandantes subrayaron se había visto “vulnerada su autonomía financiera” al carecer de esos recursos económicos.

Años de reclamaciones

El pronunciamiento judicial conocido este martes llega tras varios años de insistencia de Castilla y León para recuperar ese dinero. Mañueco escribió una carta en verano de 2019 al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), instándole a que se hiciera efectiva esa liquidación para facilitar la sostenibilidad de los servicios públicos de la comunidad. Después hubo otros contactos con el Ministerio de Hacienda e incluso los Presupuestos Generales de 2019 incluyeron un apartado para posibilitar que en ese ejercicio se imputasen los ingresos correspondientes a 13 mensualidades, si bien la falta de apoyo a esas cuentas impidió que prosperara. Las Cortes autonómicas, de mayoría PP y Cs, insistieron al Gobierno central en febrero de 2020.

Entonces se celebró un bronco Consejo de Política Fiscal y Financiera, el cónclave en el que Hacienda y las comunidades debaten los temas de financiación autonómica. Los consejeros regionales exigieron la devolución de los 2.500 millones del IVA de 2017, pero la ministra de la rama, María Jesús Montero, no dio su brazo a torcer. A cambio, relajó los objetivos presupuestarios para el ejercicio, permitiendo a las autonomías cerrar 2020 con un déficit del 0,2% del PIB, justo unos 2.500 millones, y retrasando el equilibrio de las cuentas hasta 2022.

Además, Montero ofreció que el efecto del IVA de 2017 no computaría en el cálculo de los números rojos de 2019 y anunció un nuevo mecanismo de financiación a interés cero para aliviar el agujero causado por el desfase de la mensualidad no cobrada. La mayoría de las autonomías, tanto del PP como del PSOE, no se quedaron satisfechas con el trueque. Además de Castilla y León, otras comunidades de distinto color político acudieron a los tribunales para exigir la devolución del IVA. Entre ellas Madrid, Andalucía, Galicia, Cantabria, Asturias o Castilla-La Mancha. La sentencia del Supremo abre ahora la puerta a que la compensación se extienda a otras comunidades.

La Junta de Castilla y León, por medio del director de los servicios jurídicos de la consejería de Presidencia, Luis Miguel González, destaca que este pronunciamiento del Supremo “puede suponer para el Estado, dentro de su marco presupuestario actual, un serio problema si se generalizan las reclamaciones y sentencias en su contra a instancias del resto de comunidades autónomas de régimen común igualmente afectadas”. La sentencia, apunta González, recoge que el traslado de ingresos derivados de ese sistema ascendió, en el cómputo nacional, a 4.150 millones de euros. Por tanto, zanja, si otros territorios “igualmente afectados” deciden reclamar y la justicia las apoya, las cuentas generales pueden verse comprometidas.