El juez imputa a Fainé y Brufau por el espionaje de Villarejo al expresidente de Sacyr Luis del Rivero
La Fiscalía Anticorrupción solicitó investigar a los dos altos directivos y a otros cuatro cargos de Repsol y Caixabank por un presunto delito de cohecho
El Ibex 35 vuelve a situarse en el punto de mira de la Audiencia Nacional. El juez Manuel García-Castellón, que instruye el caso Villarejo, ha imputado a Antonio Brufau, presidente de Repsol, y a Isidre Fainé, expresidente de CaixaBank y presidente de La Caixa, por la contratación del comisario José Manuel Villarejo cuando aún estaba en activo para un supuesto encargo, en 2011 y 2012, de espionaje a Luis del Rivero, expresidente de Sacyr. Otros cuatro directivos de ambas compañías también pasan a ser investigados.
El magistrado acepta así la petición que hizo el pasado 9 de abril la Fiscalía Anticorrupción, que consideró indispensable citar a los seis altos cargos después de que quedasen señalados por la documentación incautada y por la declaración de varios de sus subordinados. El instructor les atribuye un posible delito de cohecho activo, que fuentes de ambas compañías niegan. Ese delito castiga al “particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo”, según el artículo 424 del Código Penal. Repsol defiende que todo se hizo de forma “legal” y a través de un área “experta”, especializada en temas de seguridad.
García-Castellón ha tomado esta decisión en la pieza separada número 21 de la macrocausa de la llamada Operación Tándem y en la que se investigan las actividades delictivas de la trama policial encabezada por el comisario jubilado y que acumula una treintena de líneas de investigación. En esta parte de las pesquisas, el magistrado indaga en la presunta operación de espionaje puesta en marcha, a finales de 2011, contra Del Rivero, que entonces pretendía tomar el control de Repsol con ayuda de la petrolera mexicana Pemex.
Según el auto dictado este martes por el juez, dicha “maniobra” fue detectada por la entonces cúpula de Repsol que, con la “ayuda” de CaixaBank, logró “paralizarla de forma temporal”, “retirando” a la víctima de la presidencia de Sacyr, “así como a su hijo y a uno de sus colaboradores clave”.
Para frenarlo, las dos compañías bajo sospecha contrataron los servicios de la trama de Villarejo, que puso en marcha la supuesta operación de espionaje bautizada como Proyecto Wine. Por este, según las pesquisas, Repsol y CaixaBank pagaron al menos 413.600 euros. Los trabajos se ejecutaron en los últimos meses de 2011 y la primera mitad de 2012, e incluyeron el acceso a datos confidenciales de las víctimas, incluidos sus tráficos de llamadas y un estudio de sus propiedades.
Un documento apunta a que se estudió “el balizamiento de un medio de transporte” utilizado por alguno de los espiados para conocer sus desplazamientos, aunque no consta si finalmente se hizo. ”La investigación sobre Luis del Rivero, en el contexto de su pacto con Pemex para incrementar de manera notable su participación en Repsol, fue una reacción conjunta promovida por los dos presidentes de las compañías [Brufau y Fainé]”, subraya el instructor en el auto, en el que detalla a continuación toda la batería de indicios recopilados.
Entre estos, el magistrado destaca que los dos responsables de Seguridad de las empresas, Rafael Araujo (Repsol) y Miguel Ángel Fernández Rancaño (CaixaBank), aseguraron en sus declaraciones judiciales como imputados del pasado diciembre que reportaban directamente a sus jefes sobre este asunto. Además, la Policía Nacional incautó a la trama documentos donde se detallaba cómo Brufau y Fainé estaban supuestamente al tanto de la operación.
En varias de esas notas intervenidas al socio de Villarejo, el abogado Rafael Redondo, y que, bautizadas como “charlas”, recogen, a modo de actas, conversaciones mantenidas por los responsables de Cenyt con Araujo y Fernández Rancaño en octubre y noviembre de 2011, se lee: “Ambos, BRU y FAI, [nombres en clave de los empresarios], intercambian datos y han hablado de la conveniencia de ir juntos en este asunto”; “R [en referencia a Rafael Araujo] dice que BRU le ha llamado desde Cannes para preguntar si hay ya algún dato de interés”; “BRU le ha preguntado qué era lo que sabía del trabajo encomendado”; y “MA, [Miguel Ángel Fernández Rancaño], insiste en ‘determinar el perímetro’ porque por la tarde tenía que despachar con su ‘señorito’, posiblemente por referencia a FAI”.
El juez también destaca en el auto de imputación el contenido del informe elaborado por el Chief Compliance Officer de Repsol, Enrique Hernández Pérez, e incorporado a la causa en la que se apunta a la intervención de Brufau en la contratación del entramado empresarial de Villarejo. “Recoge dicho informe que probablemente en alguna de las habituales conversaciones que Antonio Brufau mantenía con el presidente de CaixaBank Isidro Fainé —apuntando así también a este—, y dada la confluencia de intereses de ambos en defenderse frente a Luis del Rivero y Pemex, acordaron compartir los servicios de información contratados al Grupo Cenyt [el entramado societario del comisario]”, recalca ahora el juez.
Fuentes próximas a Fainé señalan que, “por respeto a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal, solo va a hacer declaraciones en sede judicial”. Por su parte, Repsol declara “con rotundidad” que, “tal y como evidencia la exhaustiva investigación interna llevada a cabo, no ha existido ninguna conducta ilegal o contraria al código de Ética y Conducta por parte de ningún consejero, directivo o empleado de la compañía, actuales o pasados, en relación con la contratación de servicios de información”. Según ha apostillado la petrolera, el encargo a las empresas de Villarejo “se llevó a cabo por el área experta y competente para ello, la Dirección de Seguridad Corporativa, de acuerdo con la ley y con los procedimientos internos de la compañía”.
El juez resalta que Villarejo planteó a Repsol y CaixaBank dos formas de pago. La primera incluía un primer pago de 450.000 euros y un segundo de 475.000 a abonar solo si el trabajo tenía éxito. La segunda, más económica, incluía un primer pago de 375.000 euros y un segundo de 300.000 euros pasado un mes. En este caso no se aseguraba el éxito.
Para justificar sus elevados honorarios, el comisario aseguraba que iba a utilizar 12 coches y cinco motos para vigilancias, además de otros tres como “base de comunicaciones”, así como numerosos equipos electrónicos e informáticos, como sistemas de audio para grabaciones “en ambientes hostiles”, cuatro dispositivos de contramedidas, ocho de interceptación de comunicaciones y programas para acceder a bases de datos. Los investigadores también encontraron en los registros una “guía de abreviaturas” con los nombres en clave utilizados en el Proyecto Wine.
La investigación también ha detectado una segunda contratación por parte de Repsol de las empresas del comisario jubilado. Según el auto, esta última fue “puntual” y la energética la acometió en 2014 sin la participación de CaixaBank. El objetivo era, presuntamente, obtener pruebas de la “asistencia de un consejero a un evento deportivo, ausentándose con ello de una reunión programada para la misma fecha de una comisión de la que formaba parte”. Por ello, se pagó una factura de 24.200 euros. Además de a Brufau y Fainé, García Castellón también ha decidido imputar a tres directivos de Repsol —Luis Suárez de Lezo, Juan de Amunátegui y Joaquín Uris— y al ex director general de medios de CaixaBank, Antonio Massanell.
El caso Villarejo ha sacado a la luz las oscuras maniobras que se urdían en las altas esferas empresariales del país. Así, por ejemplo, en otra parte de la investigación se encuentra imputado Francisco González, expresidente del BBVA, acusado de contratar a Villarejo para diferentres operaciones de espionaje por las que la entidad financiera pagó al policía durante 14 años cerca de 10,3 millones de euros. Entre otras empresas salpicadas por la investigación judicial se encuentran Iberdrola, la constructora San José, Mutua Madrileña o Grupo Planeta.
