Las ayudas públicas amortiguan la caída en las rentas de las familias

La pandemia detuvo en seco la economía durante unos meses y ha impuesto restricciones sobre la actividad. En tales circunstancias, el PIB sufrió en 2020 una caída del 10,8%, la mayor desde la Guerra Civil. A pesar del brutal recorte de la producción, la renta disponible de las familias solo retrocedió el año pasado un 3,27%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque se trata de una cifra importante, una pérdida de 25.000 millones, esta moderación se explica porque las Administraciones se endeudaron como nunca, en 156.750 millones, para compensar el golpe. Dispararon el gasto en 53.000 millones, aumentando prestaciones como los ERTE, costeando gastos médicos, contratando más y subiendo pensiones y sueldos. Es la primera vez que un Estado de bienestar confronta una pandemia.

Aunque las empresas redujeron un 8% lo que dedican a salarios, su excedente se desplomó mucho más: un 18%. Y eso ha contribuido también algo a suavizar la disminución de rentas de los hogares. Las compañías, que cuando las cosas van bien ganan mucho, caen bastante más en las recesiones.

Pocas veces se había visto un impacto semejante en la economía. Como explica el historiador Francisco Comín, en una guerra se intentaba redoblar la actividad por el esfuerzo bélico. En una pandemia, antiguamente se cerraban ciudades y la producción caía por las muertes. Pero esta vez se trata de la primera crisis sanitaria completamente global y en la que se ha restringido la actividad como nunca se había hecho en la historia. Tampoco antes había habido un Estado de bienestar armado para combatir una pandemia sosteniendo rentas a costa de aumentar el endeudamiento.

Este fenómeno ha dado un vuelco a las cuentas de familias, empresas y Administraciones. La cantidad que destinan las compañías a sueldos se recortó en 32.083 millones, el 8%. Pero al mismo tiempo el Estado elevó sus prestaciones a las familias en 29.847 millones, un 12%. De este incremento, unos 3.600 millones se corresponden con lo que subió el gasto en pensiones y 500 millones con la renta mínima. El resto, unos 26.000 millones, fueron a ERTE y desempleo.

Esto implica que el Estado neutralizó buena parte de la caída de rentas producida por el ajuste del coste laboral en las empresas. El conjunto de las familias apenas perdió por esto unos pocos miles de millones. Además, la partida de sueldos públicos aumentó un 4,5%, en unos 6.000 millones, porque contrataron más personal, sobre todo en los sectores sanitario y educativo por la covid, y revalorizaron los salarios un 2%.

La pérdida de ingresos de las familias también se aprecia en las rentas de la propiedad, que comprenden intereses recibidos, dividendos u otros, fundamentalmente alquileres. Estas se hunden un 21%, unos 8.000 millones. Y también se observa un fuerte deterioro de unos 20.000 millones en sus excedentes, de los que buena parte pertenecen a los autónomos.

Paradójicamente, los impuestos a las familias han descendido relativamente poco, un 0,7%. En consecuencia, el sistema tributario no ha ejercido tanto su papel de estabilizador de las rentas familiares, en gran medida porque la Administración ha tomado deuda para pagarse en parte a sí mismo en el IRPF. Y lo mismo ha sucedido con las cotizaciones.

A pesar del retroceso de las rentas y el mantenimiento de los impuestos, los hogares han ahorrado un récord de 108.000 millones frente a los 48.000 de 2019, destaca María Jesús Fernández, analista de Funcas. Cuando la tasa habitual era del 8%, los españoles se han guardado un 14,8% de sus ingresos. Esto se explica porque con una caída de solo el 3,27% de su renta, el consumo de las familias experimentó un batacazo del 12%. Las razones: por un lado, el ahorro forzoso por no poder moverse y el miedo al contagio, que han lastrado los servicios de proximidad. Por otro, en un escenario de recesión e incertidumbre, los hogares se han pertrechado con un colchón frente a posibles adversidades. ¿Servirá este para imprimir fuerza a la recuperación? De repetirse el patrón de otras crisis, este ahorro catalizaría el rebote. No obstante, el Banco de España se muestra cauto: apunta que ha podido concentrarse en rentas altas, que consumen menos su riqueza acumulada. Y señala que, tras dos crisis, el ahorro por precaución podría seguir.

Mientras que el impacto en las familias fue moderado, las sociedades no financieras sufrieron un varapalo, con un hundimiento de su excedente por valor de 50.900 millones, el 18%. El dividendo repartido cayó en 34.604 millones, un 41%. Y la inversión mermó en 28.000 millones, un 15%. Pese a estos números, la reducción de la partida salarial fue del 8%; es decir, las empresas no ajustaron el empleo en la misma medida que cayó su excedente y aguantaron parte de su plantilla pensando que se trataba de un choque temporal. Aunque en menor medida, también contribuyeron algo a encajar la severa pérdida de ingresos que supuso restringir la actividad.

El apoyo de la UE

En definitiva, el efecto de la covid no se ha visualizado en las rentas familiares gracias a la ayuda pública. Y se ha podido hacer así por dos motivos: mientras que en 2008 había que ajustar la burbuja de la construcción, esta vez se presumía que era un golpe temporal y, por tanto, asumible. Otra diferencia histórica es que se ha financiado la expansión del gasto público a fuerza de llevar la deuda a unos máximos en relación con el PIB que no se conocían desde la guerra de Cuba.

Este abultado incremento del endeudamiento, aunque más sostenible con unos tipos muy bajos, se ha financiado gracias a que el BCE compró el año pasado todo el aumento de la deuda española. “Si no estuviéramos en la UE, esto habría sido imposible”, recuerda Comín. Con la peseta, España no tenía crédito fuera, y a duras penas lo consiguió incluso dentro del euro entre 2008 y 2013.

Una deuda que corregir a medio plazo

La situación de las rentas familiares en 2020 contrasta con la de la anterior crisis. En 2009 los ingresos de los hogares solo disminuyeron un 0,7%. En 2010 y 2011 incluso repuntaron muy levemente. Y en 2012 se desplomaron un 5,2%, más que el PIB. Pesaron las subidas de impuestos, los despidos y el agotamiento de prestaciones.

Entonces se acumularon años de grandes desfases en las cuentas públicas. En esta ocasión también va a ocurrir, partiendo de una base ya alta de deuda y déficit. “Hay que seguir apoyando la recuperación, pero sin perder de vista las finanzas a medio plazo”, dice Francisco Vidal, economista jefe de Intermoney. De lo contrario, podríamos acabar con una crisis de deuda latente que explotaría cuando el BCE no lo compre todo.