El Consejo de Estado recomendó reforzar los controles sobre los fondos europeos en su polémico informe

El Consejo de Estado ha publicado este lunes su dictamen sobre el decreto que regula la gestión de los fondos europeos. El PP y Ciudadanos habían acusado al Gobierno de ocultar el documento, que no era preceptivo ni vinculante, porque sus conclusiones eran “demoledoras”. El informe concluye en realidad que el proyecto del Ejecutivo “merece en su conjunto una opinión favorable”, aunque señala la necesidad de reforzar los controles sobre las ayudas y hace otras observaciones. La Moncloa recuerda que este dictamen se elaboró antes de la aprobación definitiva del decreto, y asegura que se incorporaron varias de sus recomendaciones en la versión final.

“El Consejo de Estado aprecia el esfuerzo realizado por el Gobierno para articular en tan breve plazo un conjunto de medidas que tienen como principal objetivo permitir una mejor gestión y ejecución de las diferentes actuaciones financiables con fondos europeos”, dice el organismo. Pese a esta valoración positiva, el informe también desliza varias críticas al texto inicial, que fue el que se presentó para el dictamen.

No obstante, el Gobierno dispuso de este informe antes de que el Consejo de Ministros aprobase el real decreto sobre los fondos europeos. Y fuentes de La Moncloa aseguran que numerosas recomendaciones, especialmente varias de las esenciales, han sido incluidas en el texto final y destacan que la opinión del Consejo de Estado sobre el conjunto es “favorable”.

El primer borrador al que hace referencia este informe causó gran malestar e incertidumbre entre los altos funcionarios porque se levantaban muchos controles para conseguir una mayor velocidad de ejecución de los fondos europeos. Sin embargo, la versión final restituye parte de ellos. Por ejemplo, en el primer borrador se daban solo cinco días a la Intervención General de la Administración del Estado para comprobar de manera previa, y si no se aplicaba un muestreo. En cambio, en la versión definitiva se ve la mano de Hacienda: ahora la Intervención tiene libertad de acceso a los sistemas de información para hacer una auditoría en línea de todos los compromisos de gasto.

También se deja en manos de Hacienda el registro de las empresas interesadas, en lugar de colocarlo en Industria, como se hizo en un primer momento. Es decir: se pasa de tenerlo en un ministerio más orientado al gasto a otro más centrado en el control. Y restablece, como pide el Consejo de Estado, una serie de informes preceptivos y algunos mecanismos de fiscalización previa que se habían eliminado. Se añade el uso de la declaración responsable.

Por el contrario, a la luz de la lectura del informe, se desoyen algunas recomendaciones en el decreto finalmente aprobado. El Consejo de Estado reclama que los proyectos estratégicos o PERTE estén mejor definidos. Aunque la norma tiene vocación para todas las administraciones, solo regula la Central y puede acabar provocando una dispersión normativa en las competencias que no son del Estado. Destaca la necesidad de evaluar bien cuándo se utiliza la colaboración público-privada y exige garantías para que no haya una “proliferación injustificada” de consorcios, algo que no se modifica en el texto que vio la luz en el BOE.

El Consejo de Estado también rechaza que en algunos casos se retire la autorización previa de Hacienda para los convenios, un punto que el decreto mantiene. En general, el Consejo avala reducir plazos pero no suprimir informes.

Agilizar las ayudas

El informe del Consejo recuerda que la UE va a tener un “papel fundamental” en la gestión y ejecución de los fondos, “lo que exige extremar las medidas destinadas a garantizar la correcta aplicación” de los recursos. Por eso, para evitar que Bruselas enmiende al Gobierno, el organismo pone el énfasis en que no se eliminen controles. De hecho, el decreto estaba diseñado para gestionar con agilidad la ingente cantidad de ayudas que vendrán de Europa, sacrificando trámites previos.

El órgano consultivo subraya que, aunque sea necesario flexibilizar la gestión de los fondos europeos debido al contexto de máxima urgencia, es necesario a la vez garantizar “el mantenimiento de un riguroso control en cuanto a la asignación” de los recursos y “su vinculación a los fines para los que sean concedidos”. España es el segundo país de la UE más beneficiado por el maná europeo, por detrás de Italia. Para este año, el Gobierno ya ha recogido en los Presupuestos unos 24.000 millones del mecanismo Next Generation EU, a los que hay que añadir otros 10.000 millones del fondo React-EU que se repartirán entre Sanidad y las comunidades. En los próximos años España dispondrá de 140.000 millones, la mitad en subsidios no reembolsables.

El documento lanza una “severa crítica” a que no se haya adjuntado al expediente el informe de la Intervención. En este sentido, explica que hubiera sido “de inestimable valor” conocer la postura de este organismo “sobre las distintas medidas consistentes en la supresión o modulación de diversos mecanismos de control”. Además censura que como documentación complementaria se incumpla “la exigencia del análisis de impacto presupuestario” de las ayudas europeas, insistiendo en que, pese a la elevada incertidumbre, “es importante preservar el rigor en la gestión de los ingresos y gastos públicos” y sin ese análisis no se puede valorar adecuadamente el impacto del proyecto y si se cumple o no con ese rigor presupuestario, algo en lo que no entra el Consejo de Estado.

El dictamen recuerda que existen “límites jurídicos” al uso de la figura del decreto ley, que el Gobierno ha empleado ampliamente desde que estalló la pandemia y para esta norma. Aunque el Consejo de Estado reconozca que la situación actual no tiene precedentes, subraya que “no significa que el Gobierno pueda actuar sin restricción alguna”. Pero aun así concluye que en esta ocasión está justificado su uso por la urgencia para cumplir con las exigencias de la UE.

Expectación elevada

La expectación por la publicación de este documento era elevada, ya que se había convertido en un motivo de ataques al Gobierno. El PP y Ciudadanos llevan semanas acusando al Ejecutivo de querer ocultar el informe por su contenido “demoledor”. Y pese a que el dictamen valore de forma favorable el proyecto en su conjunto, las dos formaciones se enrocaron este lunes en su postura. El líder del PP, Pablo Casado, avanzó que pedirá una comparecencia del Gobierno para que explique por qué no hizo público antes este documento, algo a lo que en realidad el Ejecutivo no estaba obligado. Su portavoz económica, Elvira Rodríguez, ha acabado reconociendo en declaraciones a TVE que desde el borrador inicial hasta la aprobación final, el Gobierno “ha arreglado algunas cosas”, Rodríguez ha acabado centrando su crítica en que el informe del Consejo de Estado revela “cuál era la intención” inicial del Gobierno y no tanto en lo que se ha aprobado.

En definitiva, el informe parece menos crítico de lo que sugerían el PP y Ciudadanos. Buena parte de las observaciones no tienen la menor carga política, como cuestionar la extensión del preámbulo, pedir que la terminología empleada para referirse a algunos organismos sea homogénea o que el título del propio decreto fuera más preciso. El informe lanza algunos reproches de tipo técnico, reclama una mayor fiscalización que en parte el Gobierno introdujo antes de aprobar el decreto y encuentra “graves insuficiencias” en la memoria de impacto normativo aportada, pero no en el decreto en sí. Aunque algunas críticas políticas se aferraron a esa frase para denunciar un supuesto “descontrol” y “chapuza”, ninguna de esas palabras figuran tampoco en el informe. Además, el dictamen no cuestiona ni la utilización del decreto ley, ni el grueso de la regulación que incorpora. El informe tampoco pone en duda la constitucionalidad de la norma, ni sugiere que el Tribunal Constitucional la anularía en caso de ser recurrida.

El Consejo de Estado señala que “las estructuras de gobernanza previstas tampoco plantean problema alguno”, pues son “fruto de la decidida voluntad del Gobierno de acometer, con todos los medios organizativos posibles, las tareas necesarias para posibilitar la más ágil y eficaz canalización de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación. Para ello se perfilan unas estructuras de gobernanza ambiciosas, y en cierto modo complejas, dada la multitud de órganos intervinientes”. La gobernanza de los fondos europeos ha sido duramente criticada por el PP y el hecho de que reciba ese respaldo expreso del Consejo de Estado debilita su argumentación.

Colaboración público-privada

El informe del Consejo de Estado también pone la lupa sobre el instrumento de la colaboración público-privada, al que el decreto del Gobierno sobre la gestión de los fondos europeos confiere una “gran importancia”. Explica que es una figura que se emplea desde el siglo XIX, pero que lejos de configurarse siempre como la solución más idónea, también presenta algunos inconvenientes.

Y en este sentido recuerda que en el Libro Verde sobre la colaboración público-privada de la Unión Europea relativo a contratación pública y concesiones ya se había lanzado una advertencia. Allí se señalaba que hay que determinar para cada proyecto si esta figura de verdad ofrece una ventaja real en relación con otras alternativas, “en concreto con la adjudicación más clásica de un contrato, evitando el recurso a ella sistemáticamente”. Pero al entrar a analizar la principal figura de colaboración público-privada con los fondos europeos el dictamen solo hace pequeñas recomendaciones de carácter técnico y sin carga política, observaciones que el propio Consejo de Estado no considera esenciales.

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