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Pensiones, financiación y fiscalidad, los retos económicos de Sánchez

El nuevo Gobierno de coalición tiene pendiente aprobar unos nuevos Presupuestos para 2020 y abordar las reformas estructurales paralizadas desde 2015

Jubilados en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).
Jubilados en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). EL PAÍS

El nuevo Gobierno, que echará a andar la próxima semana, tiene una apretada agenda para impulsar reformas pendientes. Tendrá que aprobar cuanto antes un real decreto para subir este año las pensiones un 0,9% y el sueldo de los funcionarios un 2%. Son las medidas más urgentes porque Sánchez las anunció en la pasada campaña electoral y, además, es mejor sacarlas adelante cuanto antes una vez que ya ha comenzado el año. El segundo paso será aprobar los Presupuestos de 2020. Los socialistas prorrogaron las cuentas de 2018, elaboradas por el exministro popular Cristóbal Montoro, al fracasar la aprobación del proyecto de 2019, lo que desató el último ciclo electoral. El Ejecutivo tiene en el cajón, además, un buen puñado de reformas económicas más o menos urgentes que debe abordar para afrontar el futuro del país:

Adaptar la normativa laboral. En el primer punto del pacto de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos (UP) figura la redacción de un nuevo Estatuto "que compagine la protección de los trabajadores y trabajadoras frente a los desafíos sociales, tecnológicos y ecológicos del siglo XXI". La aparición de nuevos modos de trabajo, como los repartidores de Glovo o Deliveroo o los trabajos para las plataformas digitales, como Uber o Amazon, suponen un desafío para la legislación laboral.

La idea de reformar el Estatuto de los Trabajadores la lanzó el partido socialista hace años. Pero hasta ahora no ha pasado nunca de la declaración de intención; de hecho, tras recuperar el poder el PSOE se ha centrado en tratar de derogar la reforma laboral de 2012, con "carácter urgente" en algunos aspectos. Los cambios de textos legales sobre el mercado de trabajo siempre han consumido mucho capital y discurso político y, en cambio, los esfuerzos sobre las políticas activas de empleo, la inserción de parados y su reciclaje han sido mucho menores. Su reforma, como ha puesto de relieve este mismo año mismo año la Autoridad Fiscal, es necesaria para que sean eficaces de una vez y aumente la coordinación con las comunidades, que son quienes las ejecutan.

Reforma del sistema de pensiones. El nuevo Ministerio de Seguridad Social, que dirigirá el economista José Luis Escrivá, se encontrará con una tarea pendiente ya desde hace años: la reforma de las pensiones que asegure su sostenibilidad financiera y le permita afrontar las tensiones que ocasione la jubilación de la generación del baby boom. El Pacto de Toledo ha sido incapaz hasta ahora de cerrar las recomendaciones que sirvan de base para la negociación con agentes sociales y la posterior redacción legal de la reforma. Y es urgente: la Seguridad Social ya encadena varios años con un déficit de unos 18.000 millones, su deuda con Hacienda ha crecido y los grandes contingentes de baby boomers empiezan a jubilarse en apenas dos años.

Un nuevo modelo tributario. El Ejecutivo de izquierdas ha incluido en su programa de gobierno una subida de los impuestos para las rentas más altas, las multinacionales, los gigantes de Internet y las transacciones financieras. El Ministerio de Hacienda deberá abordar una completa reforma tributaria para mejorar en la redistribución de la renta y la eficiencia del modelo fiscal. Los expertos coinciden en que España tiene un sistema tributario cargado de deducciones y beneficios fiscales por donde se escapa buena parte de la recaudación, unos 50.000 millones de euros al año. El PSOE y Podemos pretenden acercar el nivel de ingresos públicos a la media de los países de nuestro entorno. Para ello deberá buscar otras vías para elevar la presión fiscal a cerca del 40% del PIB, dos puntos más que ahora. Además deberá impulsar la lucha contra el fraude fiscal, uno de los males endémicos de la economía española.

Financiación autonómica. El sistema de reparto de recursos a las comunidades para que estas paguen los servicios esenciales que prestan, como la sanidad, la educación o los servicios sociales, está caducado desde 2014. Es uno de los principales compromisos del nuevo Ejecutivo y una de las principales demandas regionales. El presidente Sánchez se comprometió durante la pasada campaña electoral a aprobar un nuevo modelo de financiación antes del próximo verano. Los trabajos están muy avanzados, porque un comité técnico, con representantes de Hacienda y las comunidades, lleva trabajando desde la pasada legislatura.

El reto energético. La reforma del mercado eléctrico, que consiga rebajar la factura de la luz, está entre las prioridades del nuevo Gobierno. El papel de la energía renovable será clave. La potencia instalada no contaminante creció un 10% en 2019 con la entrada en funcionamiento de casi 5.000 nuevos megavatios verdes tras el parón de los años anteriores. Pero debe seguir creciendo. El anteproyecto de ley sobre cambio climático y transición energética y el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, aprobados el año pasado, prevén que el peso de las energías renovables en el consumo sea como mínimo del 35% en 2030, con al menos un 74% de generación de origen renovable (actualmente es del 58,6%). Seguir desarrollando el autoconsumo y mejorar el diseño del bono social de electricidad (descuento en la factura para consumidores vulnerables) están también en la agenda del nuevo Ejecutivo, que deberá estudiar el papel de los impuestos verdes en la lucha contra el cambio climático.

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