Un tsunami de rehabilitación

Si hace una compra de 100 euros en el supermercado y, al llegar casa, descubre que la bolsa está agujereada y ha perdido unos 60 euros por el camino, ¿volvería a usar esa bolsa? Algo así es lo que pasa en millones de hogares españoles cuando encienden la calefacción o el aire acondicionado. El resultado no es solo un enorme desperdicio económico, también tiene un alto coste ecológico. Los edificios suponen un 40% del gasto energético europeo y son responsables del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La Unión Europea tiene claro que en la senda hacia la descarbonización, cuya meta ha fijado en 2050, es necesario actuar sobre millones y millones de viviendas: una ola de rehabilitación está a punto de recorrer el continente.

El coronavirus, un auténtico seísmo social y económico, ha dado fuerza y velocidad a esa ola. Los nuevos Presupuestos, fondos europeos mediante, prevén una partida para la renovación y rehabilitación de edificios de 1.660 millones. Es más dinero del que hasta ahora se había dedicado en un solo año a todas las políticas de vivienda. Entre 2021 y 2023, el Gobierno pretende que las grandes reformas afecten a 500.000 viviendas, tantas como en los últimos 15 años. Pero España no es el alumno más aventajado de la clase de surf y corre el peligro de no levantarse en la tabla. “Hay que multiplicar el volumen de trabajos por más de cinco: es un salto brutal”, resume la arquitecta Dolores Huerta.

Expertos y administraciones públicas coinciden en que el riesgo vale la pena. España parte de unas 30.000 viviendas rehabilitadas al año, lo que da mucho margen de mejora. El reto para David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, es hacer del sector “un elemento dinamizador de la economía que genere empleo durante dos décadas o incluso más”. “Si trabajase el mismo porcentaje de personas que en la media de los países de nuestro entorno, eso daría trabajo a 400.000 personas”, completa Lluís Comerón, presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).

El empleo, más ahora, es una consecuencia demasiado jugosa como para pasarla por alto. Pero no es todo. El nombre completo de la estrategia remitida por la Comisión Europea a otras instituciones comunitarias es revelador: Una ola de renovación para Europa - Hacer nuestros edificios verdes, crear trabajos, mejorar vidas. En España, la hoja de ruta es la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación, cuya actualización se envió a Bruselas este julio y ha obtenido la mejor nota de entre todas las presentadas, según la evaluación del think tank BPIE (Buildings Performance Institute Europe).

Millones de viviendas por rehabilitar

El documento español tiene claro el diagnóstico. La mitad de los 18,8 millones de viviendas principales son anteriores a 1980. “En 1979 entra en vigor la primera norma de edificación sobre condiciones térmicas; en estas viviendas, calefactar o enfriar es como llenar un cesto con agua y de cada 10 euros invertidos en alcanzar el confort térmico, seis se pierden por la ventana o el balcón”, ilustra Alfredo Sanz, presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica (CGATE). También está clara la meta: el consumo energético de los hogares españoles debe pasar de 172.419 gigavatios hora (GWh) anuales a 108.264 en 2050. Y los más de 72.000 GWh que actualmente se generan con combustibles fósiles deben desaparecer o sustituirse por electricidad y fuentes renovables. Para ello, a partir de 2030, hará falta rehabilitar unas 300.000 viviendas al año, el doble de lo que ahora se quiere lograr.

¿Cómo se consigue algo así? “Es importante llevar a cabo rehabilitaciones en profundidad, no solo sustituir calderas, sino también las envolventes de los edificios o las ventanas”, señala Cecilia Foronda, directora de Energía y Personas de la organización Ecodes. Esta ingeniera química ha colaborado con el BPIE en la evaluación de la estrategia española y es experta en pobreza energética, un problema que afecta hasta a 17 millones de personas en España. Eso depende del indicador que se mire, pero Foronda tiene claro que, en cualquier caso, mucha gente “hace frente a la factura porque pasa frío”.

El reto es una cuestión colectiva y el objetivo medioambiental de orden casi planetario, pero el primer enfoque tiene que ser el individual. “La rehabilitación solo pasa cuando la activa el ciudadano”, analiza Dolores Huerta, secretaria general del Consejo para la Edificación Sostenible (Green Building Council España). Por ello destaca la importancia de la concienciación ciudadana y alerta contra la tentación de subvencionar en exceso ahora que se esperan las vacas gordas de Europa. “Si empiezas dando el 70% para que la gente se anime, tienes un niño malcriado al que si luego no pagas eso no lo hará”, señala.

Coincide con ella el arquitecto Jordi Mas, coordinador técnico del Consorcio Metropolitano de Vivienda de Barcelona. En su época como concejal de urbanismo de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) vivió muy de cerca el proyecto de rehabilitación de la calle Pirineos, uno de los que casi todos los consultados citan como modélico. Recuerda la lucha inicial con las comunidades de vecinos de esa zona de rentas modestas y edificios con más de medio siglo de antigüedad: “La gente decide la derrama mínima para arreglar algo, pero no para mejorar su edificio o hacerlo más eficiente porque faltan instrumentos de financiación y de asesoramiento”. Superados ambos escollos, se rehabilitaron 360 viviendas con el Ayuntamiento haciendo de promotor y hasta de avalista, aunque el grueso lo pagan los vecinos con financiación a plazos. La cuota media ronda los 60 euros mensuales y en futuros proyectos cree que se podrá bajar a 40 euros.

Mas ve argumentos económicos de sobra para convencer a los vecinos —“cada euro invertido se multiplica por cuatro en el valor de la vivienda”— pero dice que sobre todo hay que entender su realidad. “La gente sabe qué es que a sus nietos les dé reparo ir a sus casas porque ven las fachadas sucias”, señala; y también tienen claro que “abrigarse es la mejor estrategia contra el frío”. En cambio, no cree que valga la pena enredarse en inventar nuevas fórmulas de gestión. “La realidad administrativa es la que es: el dinero lo pone Europa, lo distribuye el Estado, las comunidades autónomas tienen las competencias y sobre el terreno están los Ayuntamientos”.

Un mecanismo “engrasado”

La visión en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento) es la misma. “Gestionamos los planes estatales de vivienda desde hace 30 años y ya se consideraba la rehabilitación; el mecanismo está engrasado”, señala Lucas. El grueso de las ayudas europeas, 1.550 millones, se distribuirán por tanto entre las comunidades autónomas para que sean estas las que los incluyan en sus programas.

Al otro lado, saben lo que eso vale. El País Vasco, una de las comunidades más inversoras en vivienda, contempla 8,8 millones de euros en su plan de rehabilitación eficiente de 2020. El próximo año, podrían recibir casi 70 millones procedentes de Europa. “Es muy interesante desde el punto de vista del empleo y también del impacto económico”, señala Pedro Jauregui, viceconsejero de Vivienda. “El efecto multiplicador en términos de PIB se cifra en 14,2 euros por cada euro gastado”.

Pero para obtener tal beneficio, hay que hacer bien las cosas. Comerón, el presidente de los arquitectos, pide aplicar una “visión integral” en tres aspectos. El primero es que se mejoren viviendas o bloques, pero también barrios: pasó en la calle Pirineos y se ha logrado en otros lugares como el casco viejo de Bilbao. El segundo, que la mejora energética no solo provenga de instalaciones eficientes, también de elementos arquitectónicos que tradicionalmente han servido para controlar la ventilación y el sol. El tercero es aprovechar para mejorar la vida de las personas en otras cuestiones como la accesibilidad. La clave, señala, es “que cada acción pueda revertir en mejoras en varios de esos aspectos y que la ola de rehabilitación de la que habla Europa acabe siendo deseada por los usuarios”. En Santa Coloma, concluye Mas, se ha conseguido: “Al principio la gente pensaba ‘¿por qué a nosotros?’ y ahora las calles de alrededor están deseando que les llegue”.