El Gobierno se abre a extender los ERTE hasta el 31 de enero

El Gobierno contempla prorrogar los ERTE de fuerza mayor hasta el 31 de enero, según se ha puesto sobre la mesa este lunes en la mesa del diálogo social con los agentes sociales. Todos los indicios apuntaban en esa dirección desde primera hora de la mañana. Primero Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, aseguró que sería preferible extenderlos hasta después de la campaña de Navidad. Y más tarde fue el turno de José Luis Escrivá, ministro de Inclusión y Seguridad Social, el que dijo que era una opción que fuesen hasta final de enero.

De esta forma, la mesa de diálogo parece sortear el primer gran obstáculo de la negociación: la fecha hasta la que se ampliarían los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Ahora falta por aterrizar los detalles de un acuerdo complejo que debe incluir las exoneraciones y bonificaciones que estarán vigentes a partir de octubre. De estos flecos solo se ha puesto en firme que se mantenga la prestación en el 70% de la base reguladora del salario de los afectados a partir del sexto mes y no rebajarla al 50% que prevé la norma, como adelantó EL PAÍS el pasado viernes. Algo en lo que había consenso entre todas las partes.

“Se habla de extenderlos hasta finales de enero, aunque todavía no está cerrado. El Gobierno quiere que sea después de Navidad”, explican fuentes del diálogo social. “Es una opción la fecha del 31 de enero. Vamos a extender la protección de las rentas y de ese tejido empresarial lo que haga falta”, afirman fuentes de Inclusión y Seguridad Social. Desde los sindicatos prefieren no entrar en puntos concretos por el momento a la espera de que se cierre la prórroga. “Seguiremos con la negociación mañana [por este martes]”, afirman fuentes de UGT.

La patronal, en cambio, sí se ha quejado de los pocos pasos dados en el encuentro de este lunes. “La reunión ha terminado con muy pocos avances. La idea es seguir reuniéndose esta semana y las partes se han emplazado a llevar propuestas de exoneraciones”, han afirmado fuentes de CEOE. La patronal exigía un una extensión todavía mayor, especialmente para el sector turístico, hasta después de Semana Santa. Además, tiene especial interés en conocer qué intensidad tendrán las exoneraciones y bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social a partir de octubre.

Pese a las diferencias que pueden existir todavía, parece que Gobierno, sindicatos y patronales avanzan en la negociación para prorrogar los ERTE más allá del plazo actual de vencimiento del 30 de septiembre. Una cuestión capital, ya que siguen con su empleo suspendido más de 700.000 trabajadores como consecuencia de la pandemia. Una cifra que puede ascender en caso de rebrotes. La intención de los negociadores es alcanzar un acuerdo esta semana y no apurar hasta el límite el plazo marcado.

Sobre una prórroga hasta comienzos de 2021, el 31 de enero como todo parece indicar, Díaz lo justificaba en una entrevista en TVE a primera hora de este lunes por el inconveniente que supondría tener que negociar un supuesto nuevo alargue en diciembre. “Nos cogería en la mitad de la campaña de Navidad y no facilitaría en términos económicos ni sociales que nos pongamos a mitad de diciembre a negociar la situación de los ERTE. La fecha está abierta, pero esa no será la más adecuada y quizá tengamos que transitar hacia a un poquito más adelante”, reconocía la ministra. Unas horas después, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, se expresó en términos similares en una entrevista en La Sexta: “No descartamos que vayan hasta el 31 de enero”, argumentó.

Pese a ponerle fecha límite, probablemente para el 31 de enero, tanto Trabajo como Seguridad Social insisten en que esta herramienta seguirá vigente mientras sea necesaria. “Hay comunidades autónomas muy afectadas por el turismo, como Baleares, Canarias, Barcelona, Madrid, Andalucía... Veremos cómo va la situación a partir del último trimestre, pero el turismo se verá acompañado por estas medidas siempre que lo necesiten”, ha asegurado la ministra de Trabajo. Escrivá, por su parte, ha sostenido que se protegerán las rentas el tiempo que sea preciso. “Se valorará la situación de forma trimestral. Tendremos que poner el foco en aquellos sectores que no pueden salir de la crisis por trabas administrativas nacional o internacional”, ha argumentado el ministro de Inclusión y Seguridad Social.

Para las empresas, que se apruebe el alargue unas semanas antes de caducar el periodo establecido es una buena noticia. “No pueden esperar hasta el último día. Esto les da seguridad para que cada compañía pueda tomar mejor sus decisiones”, explica Ignacio Hidalgo, socio departamento laboral de Auren Abogados.

Mantener la prestación al 70% de la base reguladora

La titular de Trabajo ha confirmado asimismo este lunes que el Gobierno quiere mantener la prestación por ERTE en el 70% de la base reguladora y evitar que baje al 50% pasados seis meses, como adelantó EL PAÍS. “Todo el Gobierno está trabajando en eso. No tiene ningún sentido dejar caer el sistema de protección social cuando más se necesita”, ha reiterado Díaz.

Sin embargo, mantener el nivel de protección supone un gasto que presiona las arcas públicas, por lo que también se propone que, a partir del sexto mes de prestación, los ERTE por coronavirus comiencen a consumir tiempo de otras prestaciones, por ejemplo el paro. El hecho de que haya seis meses en el que no se reste tiempo de otras prestaciones es una excepción que solo se da para los empleos suspendidos de forma temporal por la covid. En este sentido, Díaz ha explicado el mecanismo y ha destacado su carácter excepcional. “Los trabajadores que hayan estado acogidos a un ERTE, si son despedidos en el futuro, se les repondrá una prestación de hasta 180 días. Es la primera vez que se hace algo así”, ha afirmado. Una excepción que toca su fin. Esto supone que los que tengan su empleo suspendido más de seis meses les comenzará a restar en el plazo acumulado de otras prestaciones como el paro.

Además, desde los distintos ministerios se insiste en la propuesta del Gobierno de la semana pasada en la que se incluía una primera diferenciación de los ERTE, aunque no por sectores, sino por empresas. La ministra Díaz ha incidido en que los recursos públicos deben dirigirse a los sectores que más lo necesitan. Y fuentes de la mesa del diálogo social señalan que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social elaborará una lista con los sectores más afectados por el golpe de la crisis del coronavirus. Portavoces del ministerio no han querido dar detalles al respecto y piden discreción por el momento.

Tanto los agentes sociales como el Gobierno hablan sin tapujos en la mesa del diálogo social de las actividades económicas que se han visto más afectadas por la pandemia. De hecho, Díaz ha explicado que de los 700.000 trabajadores en ERTE, unos 600.000 están en expedientes por fuerza mayor, que se localizan fundamentalmente en el turismo y en su cadena de valor (transporte de viajeros, agencias de viaje, comercios y cultura). Pese a ello, esta lista todavía no se ha comunicado a los agentes sociales y queda en manos del departamento que dirige Escrivá. Según fuentes del Gobierno se comunicará en los próximos días.

Desde el punto de vista de las empresas, Hidalgo argumenta que preferirían una regulación general y no por sectores. “Puede haber empresas de un mismo sector que estén muy afectadas por la caída del turismo y otras que no, por ejemplo con la restauración según dónde estén ubicados. Por eso creemos que debería haber una regulación general. Las empresas que mantienen los ERTE lo hacen porque lo necesitan, no por capricho”, sostiene el experto en laboral.

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