Los trabajadores y Alcoa alcanzan un acuerdo que desbloquea la venta de las plantas de Coruña y Avilés

Los trabajadores de Alcoa alcanzaron ayer con la empresa un acuerdo por el que se desbloquea la adquisición de las factorías de A Coruña y Avilés (Asturias) por parte del fondo suizo Parter. Los sindicatos, que desconfiaban del acuerdo alcanzado entre las dos empresas anunciado el pasado lunes, finalmente dieron su visto bueno a una operación que supondrá el mantenimiento de la actividad y el 100% de los más de 600 empleos en las plantas al menos durante dos años.

Tras varios días, en los que los trabajadores, sobre todo el comité de empresa de Avilés, se negaban a ratificar el principio de acuerdo alcanzado entre Alcoa y el inversor suizo Parter Capital, sobre las tres de la madrugada le dieron finalmente su visto bueno, tras una reunión de 12 horas en la que la empresa accedió a no someter el acuerdo a la votación de los trabajadores (lo que les hacía desconfiar, porque no habían participado en su elaboración) y los empleados renunciaban a su reivindicación de que se buscase a otras posibles empresas inversoras.

El visto bueno de los trabajadores evita que el próximo lunes entrase en vigor el ERE que afectaba a más de 600 empleados de las dos fábricas de aluminio, cuyo cierre anunció Alcoa en octubre. En virtud del acuerdo alcanzado con Alcoa, Parter se compromete a mantener el empleo de todos los trabajadores y la actividad en las plantas durante al menos dos años, aunque, según ha explicado el secretario general de Industria, Raúl Blanco, la intención del fondo suizo es "ir más allá" y establecerse a largo plazo en España.

El traspaso de las factorías, que parecía hecha hace unas semanas, se complicó en los últimos días porque Alcoa exigía a Parter unas garantías financieras a las que el fondo en principio se negó. El lunes, tras una reunión en el Ministerio, ambas empresas acercaron posturas y finalmente, Parter accedió a conceder esas garantías en forma de avales, que ha de presentar antes del 31 de julio, explicaron fuentes de Industria. Si no cumple esa condición, algo que Industria considera improbable, el acuerdo se irá al traste y el 1 de agosto se ejecutará el ERE.

De hecho, la operación de traspaso de las plantas se enmarca en el acuerdo alcanzado en enero sobre el ERE. En él se daba una prórroga de seis meses, hasta el 30 de junio —luego prorrogada— para encontrar un inversor que se hiciese cargo de las factorías y sus plantillas y presentase un plan industrial viable. A cambio, Alcoa se comprometía a invertir 40 millones de euros, 20 por fábrica, para que el comprador pudiese volver a poner en marcha una parte de la producción de las plantas —las cubas de electrólisis— que entonces quedó parada, y para otras mejoras. Al final, el pacto con Parter, según dichas fuentes, implica que Alcoa aportará "una cantidad significativamente mayor" a esos 40 millones. Según una nota, el proceso implicará para la multinacional estadounidense un desembolso en efectivo de entre 89 y 116 millones de euros, una coste inferior a los cerca de 200 millones que le costaría el ERE. A cambio, Parter se compromete a mantener la actividad y el empleo durante al menos dos años, plazo que no se contemplaba en el ERE.

"Es un paso muy importante en el camino que iniciamos hace nueve meses, cuando Alcoa comunicó en octubre el cierre de las plantas. Gracias al esfuerzo entre las partes, en enero se llegó a un acuerdo laboral" y posteriormente se logró un comprador, ha señalado Blanco, que ha subrayado que ahora "se cierra el círculo".

El problema del precio de la energía

También Alcoa se felicitó por la “buena noticia” de que los trabajadores dieran su visto bueno al acuerdo y agradecieron el apoyo recibido de los Gobiernos central, asturiano y gallego. Sin embargo, fue precisamente el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, el que alertó del principal problema que acecha al acuerdo, que tiene que ver con el alto precio de la energía. Es una de las razones que adujo Alcoa para cerrar las plantas. Dijo Feijoo que el acuerdo sobre las plantas “será un parche” si no se consigue un estatuto de los consumidores electrointensivos (empresas que consumen mucha energía eléctrica) que proporcione un precio asequible y estable.

José Manuel Gómez de la Uz, apuntó en la misma dirección. “Parter garantiza dos años de trabajo y después dicen que seguirán siempre que sean capaces de arrancar las cubas de electrólisis y eso depende de los costes eléctricos”, afirmó a este periódico. Según sus datos, Parter seguirá operando las plantas si consigue un precio de 40 euros el megavatio (MW). Gómez sostiene que el Gobierno asegura que lo logrará en el segundo semestre del año que viene. “Da igual que lo llamen estatuto o como sea, pero que tomen medidas para que los costes eléctricos no sean tan abultados”, concluye.