Justicia social y transparencia
Hace falta una profunda reforma fiscal que implante un sistema impositivo verdaderamente progresivo y transparente
La defensa de la justicia social ha sido el núcleo de la política del Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente ha reivindicado las decisiones adoptadas en este campo durante los diez meses de la pasada legislatura (subida de un 22% del salario mínimo; aumento de las pensiones un 1,6% y las mínimas y no contributivas un 3%; incremento del sueldo de los funcionarios; equiparación progresiva de las bajas de maternidad y paternidad y la recuperación de la universalidad de la sanidad, entre otras). Lo relevante ahora es el compromiso del presidente de profundizar en las medidas sociales para reducir la insostenible desigualdad. El nuevo Gobierno tiene cuatro años por delante y más fuerza en el parlamento para llevar a cabo sus promesas. Habrá que estar atentos a su cumplimiento.
La justicia social es una urgencia para este país. Los beneficios de un crecimiento económico por encima de la media europea han sido muy desiguales y no se han traducido en una reducción de las profundas injusticias sociales existentes. La Fundación Bertelsmann elabora cada año un informe sobre la Justicia Social en Europa que refleja la realidad de cada país, según determinados indicadores (nivel de pobreza, cohesión social, oportunidades de empleo, educación, discriminación y salud). En su última edición de 2017 destaca el mal comportamiento de España “que ha empeorado desde 2008”. España se encuentra en el puesto 24 de la lista, el cuarto peor clasificado de la Unión.
Ante la injusticia social la tarea más inmediata es eliminar los aspectos más perjudiciales de las últimas reformas laborales para acabar con la extrema precariedad de las condiciones de trabajo sobre todo de los jóvenes. Según Eurostat el desempleo juvenil se encuentra todavía en el 33% de los menores de 25 años. Pero, resulta preocupante que un 19% de los jóvenes que han encontrado empleo estén en riesgo de pobreza.
Las mejoras sociales requieren importantes recursos económicos que la organización económica actual no proporciona. Hace falta una profunda reforma fiscal que implante un sistema impositivo verdaderamente progresivo y transparente.
La transparencia es un valor clave para modernizar nuestra economía y acercarnos a Europa. Es necesaria para asegurar los derechos de los consumidores y reforzar la competitividad de la economía. Urge que el nuevo Gobierno recupere la Proposición de Ley de Impulso de la Transparencia que el Grupo Parlamentario Socialista presentó en 2017 y que no prosperó. El proyecto destacaba que “la noción de la transparencia como ideal o valor de lo justo ha arraigado plenamente en las aspiraciones de nuestra sociedad civil”. La iniciativa defendía a las pequeñas y medianas empresas “que tienen que aceptar, como meros adherentes, las condiciones y reglamentaciones predispuestas por la entidad financiera, por la empresa de servicios o por el contratista principal de la obra” y más transparencia en los seguros. La transparencia nos daría la eficiencia que nos falta para avanzar en la justicia social.
