Lo que quieren los empresarios y piden al nuevo Gobierno
Gobierno estable, seguridad jurídica, control de las cuentas públicas, rebaja de cotizaciones sociales, reforma institucional...
De todos es sabido que a Mariano Rajoy le costaba una barbaridad convocar a los empresarios. El expresidente presumía, que, como el valor en la mili, a las empresas se les supone una lealtad a la derecha inquebrantable. Equivocadamente, por supuesto. Aunque bien es verdad que la mayor parte de ellos, de cojear, cojean de esa pierna, los empresarios lo que quieren es estabilidad y seguridad jurídica y exigen a los gobernantes que se la garanticen. Si fallan ahí, les da igual el color que tenga el Gobierno. Así de claro.
UGT y CC OO reclaman una agenda social tras las elecciones. El Primero de Mayo de este año es solo tres días después de que se celebren las elecciones generales. Motivo suficiente para que los sindicatos hayan subrayado las exigencias que reclaman al Gobierno que salga de las urnas. Este año, los sindicatos mayoritarios (CC OO y UGT, dirigidos por Unai Sorody Pepe Álvarez) ya han anunciado que reclamarán una agenda social que cumpla sus exigencias durante los años pasados y que consiste en mayores subida de salarios, acabar con el empleo precario, retocar los aspecxtos elsivos de la reforma laboral, devolver la prevalencia de la negociación colectiva.
Las directivas piden equiparación por ley. La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) también hace sus pretensiones a los partidos políticos ante las elecciones. En este caso, que se comprometan a conseguir la equiparación real cuando lleguen al Gobierno y al Parlamento, después de las elecciones generales y que se haga por ley. Ana Bujaldón, su presidenta, destaca que no se ha apreciado mejora d ela igualdad en la Administración Pública ni en los consejos de administración o en superar las brechas salarial y de pensiones.
Red Eléctrica ya puede operar en satélites. Red Eléctrica de España (REE) ya cuenta con el permiso del Gobierno para comprar el 89,6% de Hispasat a Abertis (el resto es de la SEPI y el DCTI) y de su filial de defensa Hisdesat. La operación costará a la empresa que gestiona la red de alta tensión eléctrica 949 millones de euros. Con esta adquisición el grupo que preside Jordi Sevilla cumple su objetivo de diversificar y entrar de lleno en el sector de satélites y en defensa, para lo que ya ha adecuado el grupo a la nueva división de telecomunicaciones.
Pedro Sánchez se preocupó pronto por contactar con la empresa. Pero en octubre tuvo una experiencia negativa en la clausura del Congreso de la Empresa Familiar en Valencia, donde casi salió abucheado. En noviembre apenas tuvo acompañantes de primera línea en su viaje a Cuba, más allá de los presidentes de la CEOE y la Cámara de España, Antonio Garamendi y José Luis Bonet. Además, el 60% de los empresarios le pedía insistentemente que convocara elecciones, a lo que finalmente accedió (seguramente por otros motivos), mientras un 47% suspendía su gestión, según un informe de Deloitte para EL PAÍS.
El empresariado español había puesto sobre la mesa las cinco variables que, a su juicio, más afectan a la economía española: el turismo (el 60%), la evolución económica de la zona euro (el 50%), el precio del petróleo (el 43%), los tipos de interés (el 43%) y el tipo de cambio del euro (el 38%). Las medidas económicas y fiscales del Gobierno ocupaban el sexto puesto, con un 38% de los empresarios que afirman que generan un gran impacto en la economía.
Ahora, como siempre que se acercan unas elecciones generales, los empresarios lanzan unas reivindicaciones que, por otra parte, no han dejado de reclamar a lo largo de la legislatura. También, aprovechando las elecciones europeas siguientes, elevan el foco y, como es el caso de CEOE, consideran que “la UE necesita sostenibilidad, digitalización y competitividad y una estrategia de política industrial e inversión”.
En esas coordenadas se mueven las patronales CEOE y Cepyme, las organizaciones autonómicas (CEIM, en Madrid; Foment del Treball, en Cataluña; Confebask, en el País Vasco…), el Círculo de Empresarios, el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), la Cámara de Comercio de España y las otras cámaras bilaterales, como la de EE UU en España (AmChamSpain). Cada cual en su formato.
El empresariado aboga por pactos de Estado en educación y digitalziación
Sin que sus mensajes sean calcados, coinciden en el temario. Los empresarios, en general, plantean eliminar la incertidumbre política y que se forme un Gobierno que, a poder ser, dure toda la legislatura. Si se les pregunta, responden (en off) que no participe Podemos. Junto a ello, piden garantizar la seguridad jurídica y desarrollar un plan integral contra la corrupción que sea fruto del consenso político.
El mismo consenso reclaman para desarrollar pactos de Estado en Educación y Digitalización, fundamentales para lograr un empleo de calidad. En este capítulo, un objetivo principal del nuevo Gobierno debe ser reducir el desempleo a menos de un 10% en los próximos cuatro años, centrándose a adaptar el mercado laboral a las nuevas tecnologías y en reducir el desempleo juvenil. En pensiones, reclaman transformar el sistema, aumentando el número de años de cotización, desincentivando la jubilación anticipada, fomentando la ampliación voluntaria y transformando el actual sistema de reparto en uno mixto.
La apuesta por la innovación debe ser una prioridad en la nueva legislatura, y eso significa aumentar la inversión pública en I+D e incentivar la privada acercándose al objetivo del 3% del PIB de la UE.
CEOE considera que la UE necesita una estrategia de política industrial e inversión
La empresa, además de medidas que permitan el aumento de tamaño para mejorar la competitividad, también demanda políticas enfocadas a reducir el endeudamiento público y exterior. Eso supone una revisión a fondo de la eficiencia del gasto público y mejoras del marco impositivo. En este sentido, solicitan una reforma integral del sistema fiscal: tipo único en Sociedades del 20%; simplificar el IVA, reducir la carga de la Seguridad Social sobre el empleador y hacerlo más equilibrado, así como ampliación de bases imponibles. También piden generalizar el pago por medios electrónicos para acabar con la economía sumergida, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas y modernizar tecnológica de la justicia,
Para el empresario también es fundamental una mayor armonización de las legislaciones autonómicas y supresión de trabas administrativas. Plantean simplificar la administración territorial con menos ayuntamientos y eliminación de diputaciones.
Preocupación por Cuba
La imagen muestra a Pedro Sánchez, junto a la ministra de Industria, Reyes Maroto, josé Luis Bonet y Antonio Garamendi en su vista a Cuba. Fue un viaje para reforzar la presencia española en la isla, que ahora sufre el ataque de la Administración de EE UU por la aplicación de la ley Helms-Burton, que amenaza con retirarles las propiedades. La inversión española en Cuba ronda los 300 millones de euros, con especial incidencia del sector turístico. Por ello, patronal y Gobierno se han movilizado ante la UE para que se implique.
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