La oficina de asesoramiento en I+D del Congreso. ¿Habremos entrado en este país en la vía de la racionalidad?
El Informe de Ciencia y Tecnología de la Fundación Alternativas, que se presentó a comienzos de año, ya proponía su creación entre el grupo de acciones urgentes para la mejora del sistema español de investigación
La noticia de la propuesta de creación de una oficina de asesoramiento científico-técnico por parte de la mesa del Congreso de los Diputados puede considerarse un hito en las relaciones de los diputados con la ciencia y la tecnología. Esta medida ha venido siendo solicitada desde diferentes sectores de la comunidad científica desde hace mucho tiempo. Hasta el momento, sin éxito. Parece que esta iniciativa europea, cristalizada en la reunión de un grupo de científicos, pertenecientes a la iniciativa de Ciencia en el Parlamento, con hasta 100 diputados de diversos grupos políticos ha tenido éxito. Bienvenida sea. Ya en el Informe sobre la Ciencia y la Tecnología de la Fundación Alternativas, que se presentó en el Congreso de los Diputados a comienzos de año, se proponía su creación, entre el grupo de acciones urgentes necesarias para la mejora del sistema español de I+D+i.
Esta propuesta enlazaba con una acción puesta en marcha, ya hace años, por la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) bajo la presidencia del profesor Guinovart, que organizaba unas reuniones entre diputados y científicos para que se conocieran mutuamente y que solían terminar en una cena en algún restaurante modesto de las cercanías de la Carrera de San Jerónimo. La finalidad era que los diputados tuvieran alguien a quien acudir en el caso de que necesitaran asesorarse para algún problema concreto sobre implicaciones científico tecnológicas en cualquier ley, ya fuera de protección del medio ambiente, de mejora de nuestro sistema sanitario o de avance social (reproducción asistida, p.ej.).
Parece obvio que, en una sociedad tremendamente influida por la tecnología, los representantes de los ciudadanos tuvieran conocimiento de las implicaciones científico-tecnológicas de cualquier propuesta que hicieran. así como del estado del arte en cualquier área de este ámbito para evitar descubrimientos repetidos del Mediterráneo y para conocer las posibilidades que ofrecen la ciencia y la tecnología para el avance de nuestra sociedad. Desgraciadamente, hay muy pocos diputados con conocimientos científicos en un momento en el que estos conocimientos son esenciales para legislar.
La acción más sensata era la creación de un grupo permanente de asesores científicos que no solo ayudaran a los legisladores en temas concretos que ellos dominaran, sino que, en caso necesario, les pusieran en contacto con expertos en cada área de conocimiento con objeto de conocer las opciones existentes en cada propuesta legislativa concreta. El coste no sería muy elevado y se compensaría con creces con los beneficios obtenidos en la calidad legislativa. Se evitaría también que leyes creadas con la mejor intención influyeran negativamente en determinados sectores por desconocimiento de sus consecuencias.
Un ejemplo clarísimo ha sido la ley de transparencia que, animada por la mejor intención y aplaudida mayoritariamente por los ciudadanos, ha llevado al colapso al sistema español de Ciencia y Tecnología, simplemente por el desconocimiento de los legisladores de las peculiaridades del mismo. Unas pequeñas modificaciones en la ley, si alguien se lo hubiera advertido, habrían evitado la situación kafkiana que actualmente viven los investigadores, la cual les impide trabajar y que colabora eficazmente a que no se puedan gastar los fondos públicos presupuestados en los presupuestos generales del Estado. En 2017, el 70% del presupuesto ha quedado sin gastar. Esperemos que en 2018 no suceda lo mismo.
Vemos pues que la propuesta de creación de esta oficina de asesoramiento científico es una necesidad urgente. Aunque el presupuesto inicial sea muy limitado (200.000 euros), lo importante es empezar y, si se crea finalmente, elegir profesionales independientes que se alejen de partidismos y pongan la mirada en el progreso de nuestro país. Parece que por fin nos equipararemos al resto de países avanzados en materia científica, que ya cuentan con este tipo de oficinas, y empezaremos a dejar de ser una excepción.
* Vicente Larraga es profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
