Hacienda vigila a 15.000 contribuyentes que operan con criptomonedas

Cuando a principios de año la Agencia Tributaria publicó su plan de control anual, el documento con las líneas maestras de su actuación contra el fraude fiscal, dejó bien claro que le preocupaba que la eclosión de las nuevas tecnologías abriera una nueva grieta para el fraude. Por eso, enfatizó que vigilaría “la incidencia fiscal de estas nuevas tecnologías, como blockchain y, en especial, las criptomonedas”.

Hacienda tardó poco en poner en marcha un programa para embridar estas actividades. El pasado abril envió requerimientos de información a 16 grandes bancos, con sede o sucursal en España, a una decena de intermediarios (casas de cambio, pasarelas de pago y entidades vinculadas con cajeros automáticos) y a 40 empresas, que permiten facturar con bitcoins o criptomonedas similares.

Como resultado de aquella campaña, la Agencia Tributaria ha identificado a 15.000 contribuyentes que operan con estas divisas digitales. Y vigilará que declaren los beneficios que obtengan con el intercambio y negociación de bitcoins, ethereum o similares.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), la caballería de la Agencia, investigó minuciosamente la información remitida por bancos e intermediarios, la depuró y finalmente seleccionó a un grupo de 15.000 contribuyentes. El siguiente paso consiste en seleccionar los perfiles de riesgos para iniciar las inspecciones. Hacienda quiere enviar en las próximas semanas los primeros casos a las delegaciones territoriales.

Desde la Agencia recuerdan, además, que supervisará que en la campaña de la Renta de 2018 estos contribuyentes declaren las plusvalías generadas en la negociación de las criptomonedas, que tributan con carácter general en la base imponible del ahorro, con unos tipos de gravamen que van del 19% al 23% en función de las ganancias. En los borradores y programas de ayuda de las declaraciones, el fisco recordará la obligación de confesar los beneficios obtenidos por estos medios.

Hacienda reconoce que estas nuevas actividades digitales no proporcionarán una gran recaudación para las arcas públicas. Pero con estas acciones aspira a poner coto a unas actividades complejas, poco reguladas y nada transparentes, porque la titularidad de los bitcoins es opaca para las autoridades fiscales, y su negociación es casi imposible de rastrear, salvo con operaciones como la lanzada a principios de año por la Agencia.

La compra y negociación de criptomonedas se suele hacer a través de webs situadas en otros países; y obtener información de estos mercados digitales es laberíntico. Eso lleva a algunos grupos criminales a usar estas divisas para tapar sus actividades. Por ello, Hacienda insiste en que extremará la vigilancia sobre los contribuyentes identificados. Y en caso de apreciar la existencia de posibles actividades ilícitas, además de denunciarlo, iniciarán las actuaciones contra el blanqueo de capitales.

Precisamente, el plan de control anual advertía de esta situación: “La utilización por el crimen organizado de la Internet profunda (deep web) para el tráfico y comercio de bienes ilícitos, así como el empleo de criptomonedas tipo bitcoins como medios de pago, es uno de los desafíos más exigentes en la actualidad. Para afrontar esta amenaza, se potenciará el uso por las unidades de investigación de la Agencia Tributaria de las nuevas tecnologías de recopilación y análisis de información en todo tipo de redes”.

Obligación de informar

Para profundizar en el control de esta nueva economía digital, el Gobierno ha incluido en la nueva ley antifraude, cuyo proyecto fue aprobado hace un mes por el Consejo de Ministros, un ramillete de medidas para reforzar el control tributario y la prevención del blanqueo a través de criptodivisas. Para ello, obligará a presentar tres nuevas declaraciones informativas sobre la tenencia y operativa con monedas virtuales, así como sobre las criptodivisas en el extranjero que posean contribuyentes españoles.

Los bancos o plataformas financieras que operen en España deberán informar al fisco de los titulares y beneficiarios y los saldos en bitcoins u otras divisas, cuando guarden las claves de posesión de estas cibermonedas. También habrá que informar de estos activos digitales que se tengan en el extranjero, bajo la amenaza de una fuerte multa de hasta el 150% de la cantidad omitida.