El BCE alerta del riesgo de que se revierta la reforma de las pensiones en España

El Banco Central Europeo alerta sobre el riesgo de que las reformas de las pensiones se deshagan en España y en Italia. "A medio y largo plazo, las proyecciones indican que los costes asociados al envejecimiento representarán un reto para la sostenibilidad fiscal, y es previsible que surjan riesgos al alza adicionales si se revierten las reformas acometidas anteriormente en los ámbitos de las pensiones, la atención sanitaria y los cuidados de larga duración", apunta el eurobanco en su boletín trimestral publicado este jueves.

El documento del BCE hace además una cosa que no es precisamente habitual. Señala los nombres de Estados concretos: “En algunos países (como por ejemplo Italia y España) parece que hay un alto riesgo de que las reformas de pensiones adoptadas con anterioridad se revoquen. Además, el riesgo de no aplicación de las reformas podría elevarse justo en los países en los que se prevén mayores descensos de las ratios de beneficio de las pensiones. Por otro lado, en estos casos existe el riesgo de que aumenten de forma continua las transferencias sociales si los sistemas privados no consiguen cubrir estas carencias”.

Los presupuestos que elaboró el anterior Gobierno suprimen la revalorización del 0,25% y en su lugar recogen una subida general de las pensiones del 1,6%, un incremento para las mínimas del 3% y una mejora de las prestaciones de viudedad. Según cálculos del Banco de España publicados el pasado miércoles, todo ello supondrá que este año el gasto en pensiones crecerá un 5% anual en vez del 3% al que estaba creciendo después de que la crisis y las reformas moderasen los ritmos de avance de esta partida. Esta rúbrica se ha elevado un 46% desde 2008, y solo en ese año llegó a aumentar a tasas del 8,5%. En 2018, según las previsiones del Banco de España, el gasto engordará en unos 2.000 millones más de lo que lo habría hecho sin esos repuntes de las prestaciones.

Además, el acuerdo entre el PP y el PNV postergaba la entrada en vigor del llamado factor de sostenibilidad, que tenía que empezar a aplicarse en 2019 y que recortaba la pensión inicial en función del aumento de la esperanza de vida.

Por otra parte, en el Pacto de Toledo se ha alcanzado un principio de acuerdo entre todos los partidos para que las pensiones se actualicen de nuevo con la inflación. Aunque el pacto definitivo ha quedado retrasado sine die porque los grupos políticos no se ponen de acuerdo sobre qué hacer con las revalorizaciones durante los tiempos de crisis. Este consenso acabaría definitivamente con la reforma que el PP aprobó en 2013 en solitario y que ligaba las actualizaciones al estado de las cuentas de la Seguridad Social.

El BCE hace estas conclusiones a la luz del llamado Ageing Report, un documento que prepara la Comisión Europea y en el que se estima cuáles serán en el futuro los costes para las finanzas públicas causados por el envejecimiento de la población. Este informe recuerda que en Europa la relación entre la población con 65 años o más y la que está en edad de trabajar aumentará en 20 puntos porcentuales hasta el 52% del total en 2070. Si no se toman medidas decisivas, podría tener consecuencias negativas para la deuda pública y el crecimiento, señala el estudio del Ejecutivo comunitario. Y los costes relacionados con el envejecimiento se elevarán desde el 26% del PIB en 2016 hasta el 28% en 2040, año en el que habrá mayores presiones sobre las finanzas públicas porque ya se habrá jubilado la generación del baby boom.

En el caso de España, el Ageing Report sostiene que el gasto en pensiones se contendrá y que se hará sostenible a fuerza de recortar la tasa de reemplazo de la pensión inicial sobre el último sueldo: esta se desplomará desde el 78,7% del último salario hasta el 53,8% en 2040 y el 45% en 2070. Pese a semejantes descensos, estas tasas de reemplazo serían de las más elevadas de la UE. Ahora bien, estos cálculos se hacían con las reformas anteriores en vigor. Pero ahora pueden cambiar. Y por eso el BCE hace sonar las alarmas. Según explican fuentes de la Administración, este toque de atención podría acabar plasmándose en una recomendación concreta de Bruselas el próximo año.