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Laura Carvalho | Economista »

“Las rebajas fiscales a empresas de Rousseff no fueron progresistas sino reaganianas”

La economista brasileña Laura Carvalho, profesora de la Universidad de São Paulo, acaba de publicar 'Valsa Brasileira', un libro que explica los vaivenes económicos de su país

¿Qué similitud tiene la política económica de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), y las ideas económicas del conservador partido Republicano de Estados Unidos? La economista Laura Carvalho (Río de Janeiro, 1984), profesora de la Universidad de São Paulo y doctora en Economía por la New School for Social Research, explica esa rara relación en Valsa Brasileira (editora Todavia), un libro sobre los vaivenes económicos de Brasil en la última década. En la obra, que está en la lista de las más vendidas en las últimas semanas en el país, Carvalho busca explicar el “milagrito” del crecimiento económico y la distribución de renta durante el Gobierno Lula (2003-2011). También la marcha atrás iniciada en el Gobierno Rousseff (2011-2016), que alimentó una grave crisis fiscal a través de rebajas fiscales a empresarios y sectores industriales. “En todo el mundo esos incentivos no tienen que ver con políticas progresistas, sino con las ideas de Ronald Reagan. Se trata del llamado tickle-down economics: la idea de que al beneficiar el tope de pirámide social, al mismo tiempo se favorece la base. Es algo incompatible con un Gobierno que se dice progresista”, explica a EL PAÍS la economista brasileña.

Hoy Brasil todavía intenta recuperarse de una grave y larga recesión. Pero, ¿cómo ha llegado hasta aquí tras tantos años anteriores de optimismo? Hay que volver la vista atrás, hacia la primera etapa del Gobierno Lula. Carvalho argumenta que el crecimiento económico del principio de la década de 2000 se mantuvo por el boom de las materias primas y la subida de las exportaciones. Este contexto externo muy favorable prosiguió hasta 2011, pero desde 2005 se añadió otros elementos que alimentaron la subida del PIB: “Las inversiones públicas [sobre todo en infraestructura] junto a políticas de distribución de renta, con el crecimiento de salarios y de determinados sectores de servicios -lo que resultó en más empleos para personas menos escolarizadas- impulsó el consumo de las familias y el mercado interno”, argumenta. “El propio crecimiento de la economía y los altos precios de materias primas incrementaron la recaudación de impuestos, así que las cuentas públicas y la inflación se mantuvieron controladas. Hubo una brutal reducción de la deuda pública en esos años”. Pese a la crisis mundial de 2008, Brasil creció el 7,5% en 2010, el auge de su boom económico.

Pero a partir de 2011 los precios de las materias primas no solo empezaron a bajar en los mercados internacionales: el nuevo Gobierno brasileño, ya bajo el mando de Dilma Rousseff, llevó a cabo un giro en el modelo económico. “Los sindicatos y asociaciones patronales reclamaron medidas como rebajas fiscales [pero sin que se incrementara otros impuestos], control de los precios de la energía eléctrica, reducción de los tipos de interés, devaluación de la moneda para fomentar la competitividad de la industria brasileña…”, cuenta Carvalho. “El Gobierno tenía entonces la percepción de que se necesitaba políticas para el sector industrial. Se creía que el crecimiento de entonces no era sostenible. Había retos como mantener la inflación bajo control y mejorar la competitividad y las exportaciones de la industria”, recuerda la economista. Y añade: “Esta política fue equivocada, tanto en el diagnóstico como en el timing. Se pensaba que exportaríamos más, pero el contexto internacional ya no era favorable, con la crisis europea y el fin del ciclo de las materias primas. Pero hubo además un error básico: la idea de que los empresarios automaticamente harían inversiones si tuvieran más incentivos. Pero ellos solo invierten si hay demanda”.

A esta “obsesión industrialista” del PT se sumó una brutal reducción de las inversiones públicas que ayudaban a impulsar el crecimiento en la era Lula. Las rebajas fiscales y un contexto internacional menos favorable afectaron la recaudación estatal y crearon un grave problema en las cuentas públicas. Los estímulos económicos de entonces tampoco funcionaron. En abril de 2014 la economía brasileña empezó un descenso que duró hasta diciembre de 2016, periodo en el cual el PIB cayó un 8,1%. 2015 y 2016 fueron los peores años de la recesión, con una caída del 3,5% en cada año. El guión para dejar la crisis es un clásico: recortes. La propia Rousseff inauguró en su segundo mandato un nuevo periodo de austeridad en Brasil, pero fue Michel Temer, tras la destitución de la expresidenta en 2016, quien lo intensificó: aprobó en el Congreso un techo de gastos públicos que los mantiene congelados durante 20 años y una reforma laboral que, como en España, flexibilizó despidos y facilitó la contratación temporal. En 2017 finalmente la economía volvió a crecer, pero solamente el 1%. El paro apenas ha bajado y la miseria ha aumentado.

Pese a esas reformas y recortes, Brasil registró un déficit público del 9% del PIB en 2017, muy lejos de los superavits de hace pocos años. La deuda pública neta, que en 2014 se situaba en el 30% del PIB, ahora supera los 50%. Toda una lección para el resto de América Latina. “El techo [de gasto] no estabilizó la deuda pública, que sigue aumentando, una vez que depende del crecimiento, de la recaudación y del pago de intereses”, alerta Carvalho. “No existe en ningún país y es un absurdo. Impide que, si la economía vuelve a crecer, se pueda poner en marcha inversiones públicas y gastos en áreas prioritarias”.

¿Qué hacer entonces? Carvalho, que se ha consolidado como una de las principales voces progresistas en el campo económico, se hace oír a través de las redes sociales y de su columna en A Folha de S. Paulo. También asesora el programa económico del precandidato a las presidenciales de octubre de este año Guilherme Boulos, del izquierdista Partido del Socialismo y Libertad (PSOL). Reniega la austeridad a toda costa llevada a cabo por la derecha liberal que llegó al poder de la mano de Temer, pero tampoco quiere un proyecto industrialista e intervencionista que no tenga en cuenta la distribución de renta.

Se identifica, más bien, con una nueva izquierda mundial liderada por políticos como Bernie Sanders en Estados Unidos y Jeremy Corbyn en Reino Unido, reclama que los más ricos paguen más impuestos para que el Estado recupere su capacidad de hacer inversiones públicas. Brasil, uno de los países más desiguales del mundo, tiene un sistema tributario regresivo que está entre los más injustos. Las rentas más altas pagan solo un 27,5% de impuesto –si no logran escapar del fisco– y las herencias son poco tributadas. Los beneficios y dividendos de empresarios ni siquiera son tributados. Los mismo no pasa con los bienes de consumo de las familias brasileñas, que tienen que pagar hasta un 34% de impuestos cuando compran una medicina o un 44% de tributos cuando abastecen el coche con gasolina, por ejemplo.

“Hoy los gastos sociales que reducen la desigualdad solamente neutralizan la concentración de la riqueza que es resultado de la injusticia tributaria. La tarea de distribuir renda en Brasil es quijotesca”. Propone que la reforma tributaria incremente la recaudación estatal, pero que en un segundo momento haya rebajas fiscales para el consumo y en sectores productivos. ¿Hay espacio político para ello? “Las personas se quejan del impuesto que pagan, no del tributo que el 1% más rico paga. Si vamos a aumentar el impuesto sobre la renta de los más ricos, hay que explicar que ellos son los que menos pagan hoy. ¿Por qué resultaría más difícil que explicar que estamos recortando en Sanidad, Educación e inversiones públicas?”, cuestiona. “Defiendo acabar con la desigualdad en la tributación que funciona como una transferencia de renta hacia los más ricos”.

Reclama asimismo que las inversiones públicas se centren en desarrollar sectores productivos y nuevas tecnologías relacionadas con servicios y las carencias de los brasileños. “Me gustaría recuperar algunas cosas que funcionaron entre 2006 y 2010, pero ir más allá. No me preocupa el crecimiento del sector de servicios, porque aumenta la oferta de trabajo para quienes tienen menos formación y ayuda a distribuir la riqueza. Pero al mismo tiempo debemos tener una política de desarrollo que resulte en mejores servicios públicos. Por ejemplo, si vamos a invertir en sanidad pública y lo planeamos bien, podemos desarrollar una industria de equipos médicos. Si vamos a invertir en movilidad urbana, podemos impulsar tecnologías para coches eléctricos”.