La subida de pensiones la pagan otros

Un agujero negro en la responsabilidad fiscal. El esquema del Gobierno para financiar el alza de las pensiones es un caso de libro: aumentar los recursos obtenidos de otras fuentes (Administraciones y empresas), rehuyendo el coste político de subir impuestos a los contribuyentes. La astucia: que el coste lo soporten los demás. El secreto: veremos si se dejan.

Cristóbal Montoro aventuró que la factura adicional —a los 18.000 millones de déficit— de la Seguridad Social, otros 2.100 millones, la compensarán tres partidas de genealogía exterior, un triple donativo caído del cielo.

El primero es la cuantía de los intereses de la deuda pública, que será inferior a lo programado en el Presupuesto. Este consignaba un total de 31.547 millones, un descenso del 1,9% respecto al coste de 2017.

Esa partida cae desde el pico de 2012 (aunque su volumen haya crecido), gracias a un triángulo benéfico: el tipo de interés cero del BCE; la rotación de la deuda antigua financiada a tipos muy altos, por emisiones nuevas a tipos bajos; y la disposición de los inversores a comprarla a esas bajas rentabilidades, por contar con el respaldo político de Fráncfort y la eurozona. El cálculo es que esta partida, bautizable como el donativo del tío Mario (Draghi), caerá aún este año —pese a que el documento del Presupuesto sea tan reciente—, como augura el primer trimestre.

El segundo y más sonoro don es el nuevo, y justo, impuesto a las grandes multinacionales tecnológicas digitales o GAFA (por las iniciales de Google, Apple, Facebook y Amazon). España podría haber creado por sí sola un tributo específico a estas compañías, como ya han hecho otros, entre ellos Reino Unido.

Pero lo significativo es que Montoro lo desnacionalizó al explicarlo como una de las “iniciativas que son de naturaleza europea” y encomendarse al Ecofin del pasado fin de semana, al que la Comisión propuso ese impuesto con un abanico de tipos del 1% al 7% de los ingresos de las GAFA (y un 3% de promedio).

Esta apelación a una “iniciativa europea” (que sudará sangre antes de triunfar) concuerda con la manida estrategia de eludir la propia responsabilidad (en este caso, fiscal) colocando a la UE como chivo expiatorio: es la Unión la que practica imposiciones y crea impuestos… de los que la resignada España se beneficia tan ricamente: en unos 600 millones para este asunto. Es el regalo Juncker.

Y el tercero es el menor coste —sobre el estimado al inicio— a pagar a los fondos internacionales acreedores del Reino por el fiasco de las radiales madrileñas impulsadas bajo el aznarato: privatización de beneficios si los hay, socialización de pérdidas si no se llega al tráfico previsto. Es el aguinaldo de los jueces.

Estas líneas políticamente gratuitas de financiación se construyen sobre errores de cálculo y presunciones de efectos asépticos o neutros. Se subestimó el abaratamiento de la deuda; se quiere creer que el tributo a las GAFA no provocará desquites de Donald Trump; se sobreestimaron las indemnizaciones en la merienda negra de las autopistas.