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La Audiencia Nacional imputa a CaixaBank por blanquear beneficios de mafias chinas

El juez Ismael Moreno cree que diez sucursales permitieron la salida de 99 millones de euros de origen ilícito

La sede de Caixabank en Barcelona

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno citó este jueves como investigada —como persona jurídica— a CaixaBank por supuestamente ayudar a diversas organizaciones mafiosas de origen chino a blanquear de 99,1 millones entre 2011 y 2015. El magistrado considera que 10 sucursales, situadas en los alrededores del polígono Cobo Calleja, de Fuenlabrada (Madrid) y en la capital, participaron en el blanqueo de los beneficios ilícitos, y que lo hicieron “con el conocimiento y colaboración del responsable máximo de cumplimiento normativo de la entidad”. CaixaBank niega las imputaciones y dice que sus empleados cumplen las leyes antiblanqueo.

Fuentes oficiales de CaixaBank niegan "cualquier tipo de colaboración o participación en delitos de blanqueo de capitales presuntamente cometidos por ciudadanos de nacionalidad china". CaixaBank asegura que tiene una fuerte y comprometida cultura de cumplimiento normativo, y cumple y ha cumplido en todo momento con la normativa vigente en materia de prevención de blanqueo de capitales. "Nuestros empleados están formados y tienen la obligación de seguir normas y procedimientos de actuación concretos para intentar detectar y prevenir, en la medida de lo posible, la comisión de delitos de blanqueo". Las sospechas, en todo caso, recaen sobre las actuaciones de 10 de las casi 4.900 sucursales que tiene en España.

La imputación por blanqueo de CaixaBank, el tercer grupo bancario español —el primero si solo se cuenta su volumen de negocio en España— deriva de un informe presentado al juez por la Fiscalía Anticorrupción. Este escrito contiene conclusiones —coincidentes— de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre el comportamiento de los directores y empleados de una decena de sucursales de la entidad. Estas oficinas se encuentran en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), uno de los principales focos comerciales de la comunidad china en España, y también en el barrio madrileño de Embajadores.

Según el auto (que puedes consultar aquí), estas sucursales “han ayudado presuntamente a personas físicas y sociales de nacionalidad china a aprovecharse de las ganancias ilícitas de sus defraudaciones y contrabando de mercancías”. Los empresarios chinos estaban siendo investigados en al menos cuatro sumarios judiciales: los casos Emperador, Sneake, Juguetes y Pólvora, que se instruyen en juzgados ordinarios de Parla y Madrid y en la propia Audiencia Nacional.

Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, cree que las 10 sucursales permitieron la salida de España de 99 millones de euros de origen ilícito, y que lo hicieron “con el conocimiento y colaboración del responsable máximo de cumplimiento normativo de la entidad”. El juez ha cita a CaixaBank el próximo 26 de abril para que designe abogado como persona jurídica investigada, nueva denominación de los imputados.

Remesas en efectivo

La investigación sobre CaixaBank deriva de la iniciada en septiembre de 2017 sobre la entidad ICBC (Industrial and Commercial Bank Of China), que ya fue imputada, por conductas de blanqueo de capitales al servicio de diversas organizaciones criminales de ciudadanos chinos.

Según el juez, estos grupos “generaban unas masivas remesas de dinero en efectivo, procedentes de delitos contra la Hacienda Pública y en menor medida contra la Propiedad Industrial y contrabando”. El magistrado considera que CaixaBank y el ICBC en España intervinieron en la bancarización de estos beneficios ilícitos y su posterior transferencia a China.

Las organizaciones de comerciantes chinos, según las investigaciones judiciales, obtenían ingresos irregulares ingentes por diferentes vías. Por un lado, declaraban que los bienes que introducían en Europa en contenedores tenían un valor seis veces inferior al real, con lo que se ahorraban buena parte de las cuotas del IVA a la importación. Los bienes, una vez introducidos en España, eran objeto de compraventas sucesivas bajo cuerda con facturas falsas y precios a la baja, para eludir impuestos. Con estas prácticas fraudulentas, los comerciantes obtenían cantidades ingentes de dinero en efectivo que luego enviaban a China con el supuesto auxilio de CaixaBank y el ICBC.

El juez Moreno relata en su resolución —de 33 páginas— que entre 2013 y 2015, los distintos juzgados que investigaban a estas organizaciones, “realizaron diversos requerimientos a las sucursales de CaixaBank” para averiguar el patrimonio ilícito de los ciudadanos chinos bajo su lupa. Las diez sucursales implicadas, según el juez, “hicieron caso omiso” al hecho de tratarse de clientes requeridos por juzgados y fiscalías, y “auxiliaron a los titulares de cuentas en el aprovechamiento de sus ganancias ilícitas”.

Para ello, supuestamente “bancarizaron el dinero sin indagar su origen”, aceptaron “cualquier papel o justificación que se les presentaba” y facilitaron su transferencia a China “en importes pequeños que no debían ser comunicados al Banco de España”. Los requerimientos judiciales, añade el juez, “fueron desatendidos por Caixabank que no activó ninguna comunicación o alarma respecto al cliente en cuestión”.

A las conclusiones de la UCO y del Sepblac, el juez añade los informes del servicio de Auditoria Interna de CaixaBank, que analizó las operativas de transferencia de los fondos a China. Los auditores, afirma Moreno, “alertaban a la Dirección del Banco de los riesgos en los que se estaba incurriendo por la entidad por incumplimiento de las obligaciones de diligencia reforzada en la captación de dichas rentas y la mala praxis de algunas sucursales en materia de cumplimiento normativo”.

El Sepblac destaca que entre esos años 193 clientes -76 personas físicas y 117 sociedades limitadas- realizaron transferencias a China y Hong Kong por valor de 99,1 millones de euros. Tras recibir los requerimientos judiciales, la entidad supuestamente no llevó a cabo ningún examen especial sobre sus clientes y permitió la salida de 31,7 millones.

Los directores implicados supuestamente permitieron el uso de testaferros y actividades económicas no justificadas, “con repetición de un patrón falsario de ingresos en efectivo para eludir a Hacienda, fraccionando facturas, con empresas instrumentales y sin controlar a los clientes”. Los directivos de esas sucursales, según el juez, permitieron que otras personas distintas a los titulares firmaran operaciones de ingresos o transferencias.

Transferencias por Internet

Los líderes de la organización criminal también operaban a través de banca electrónica, lo que les evitaba desplazar a testaferros, a las entidades bancarias. El juez cifra en 50 sociedades de la trama y 16 personas físicas las que utilizaron la banca electrónica de CaixaBank. Los directores de las sucursales investigadas supuestamente permitieron a las organizaciones Snake, Chequia, Emperador y Juguetes que realizaran ingresos compartiendo beneficiarios comunes. En el caso Emperador, por ejemplo, ordenaron 2.254 transferencias por valor de 41,6 millones de euros.

Las organizaciones investigadas dividían las remesas de dinero procedentes de sus ganancias ilícitas en cantidades más pequeñas, entre 20.000 y 35.000 euros. A veces se producían ingresos de efectivo simultáneos en el mismo día, hora y cantidad entre varias sociedades aparentemente desvinculadas entre sí.

Información de 18 bancos

El juez distingue en su resolución entre la actuación de CaixaBank y de ICBC de la de otras entidades bancarias. Por ejemplo, a raíz de la llamada operación Snake, la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado número 7 de Parla, solicitaron información a las entidades bancarias sobre las comunicaciones que habían cursado al Sepblac por las operaciones investigadas. Un total de 18 bancos reportaron que habían comunicado al servicio antiblanqueo un total de 109 expedientes relacionados con 111 empresas y 42 personas físicas de la organización Snake, por movimientos sospechosos de blanqueo.

El juez señala que, en el caso de ICBC no hubo ninguna comunicación sobre expedientes. Y en el caso de CaixaBank, se localizaron cuatro expedientes, todos de una de las sucursales investigadas. Sin embargo, los directivos de esta, pese advertir indicios de blanqueo en una de las cuentas, “permitieron a su administrador contratar nuevas cuentas para otra sociedad de su propiedad y cliente de la misma sucursal”.

La entidad, dice, no implementó las medidas necesarias y adecuadas de prevención, pese a conocer los riesgos en los que incurrió su red de sucursales y cajeros automáticos y tener las herramientas necesarias para ello: "Se permitió operar, obviando la diligencia debida, a nacionales de países asiáticos sospechosos de estar implicados en investigaciones por blanqueo y fraude. Igualmente no procedió a la necesaria comunicación al órgano de prevención (Sepblac) para atajar la presunta práctica delictiva."