El Gobierno espera no gastar todo el crédito presupuestado para pagar las pensiones

En 2016 y 2017, el sistema de pensiones ha tenido un déficit de casi 19.000 millones. Para este año también se espera un déficit abultado: más de 18.000 tomando la diferencia presupuestada entre ingresos y gastos antes de que entren en juego operaciones financieras. Cuando se consideran estas, se llega al equilibrio, porque ahí se incluyen los 15.164 millones de euros previstos del crédito (un 50% más que en 2017) y los casi 4.000 millones del Fondo de Reserva (algo menos de la mitad de lo que había al final de 2017).

Pero el Gobierno confía en que los presupuestos no se cumplan. Señalan en Empleo que la mejora de la recaudación les llevará a no tener que consumir ese crédito, al contrario que en 2017 cuando sí se agotaron los 10.120 millones. ¿Por qué? Fuentes del departamento de Báñez apuntan que la evolución de los ingresos está yendo muy bien, con varios meses en los que se han ingresado más de 10.000 millones por cotizaciones. También se sugiere que el incremento de la recaudación será incluso mayor que la presupuestada. Los 114.916 millones previstos procedentes de las cuotas suponen un aumento del 5,4% sobre lo ingresado el año anterior. Este porcentaje está en línea con la evolución de los dos primeros meses del año, aunque la tendencia es creciente. Por tanto, puede concluirse que hay razones para el optimismo de Empleo, aunque probablemente si no se consume todo el crédito será por poco.

Además del balance de la Seguridad Social y las operaciones financieras, los presupuestos también recogen las previsiones del Gobierno sobre el dinero de dejará de ingresar el instituto previsor por los incentivos a la contratación indefinida y a las altas de autónomos a través de reducciones en las cotizaciones: 1.520 millones. Esta cantidad supone una reducción sobre los 1.660,9 millones del año anterior, cuando ya se redujo desde el máximo alcanzado en 2016 (1.900 millones).

Convertir las reducciones en bonificaciones (el abono con dinero procedente de Hacienda de las cotizaciones que deja de ingresar la Seguridad Social) es una de las propuestas de Empleo para mejorar la financiación de la Seguridad Social. No obstante, no hay ninguna previsión sobre esto en los presupuestos, ya que todavía no hay acuerdo en el Pacto de Toledo ni con los agentes sociales.

IPREM congelado

Otro de los elementos que aparece en los presupuestos, aunque este no recae sobre las cuentas de la Seguridad Social, es la congelación del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que quedó en 537,84 euros mensuales. Esta es una referencia de gran importancia a la hora de acceder a bastantes ayudas públicas que se conceden a los hogares con menos ingresos. Por ejemplo, este índice se toma como referencia en ayudas autonómicas y municipales, en el acceso a la vivienda de protección pública o en el acceso a la justicia gratuita.

Esta congelación también supone que se congelan las ayudas más bajas al desempleo (subsidios, PAE, Prepara...), puesto que su cuantía se fija en el 80% del IPREM (430 euros). En cambio, esto no afecta al acceso a estas prestaciones, que se calculan según el salario mínimo interprofesional.

El IPREM es una referencia que nació en 2004 para que las subidas importantes del salario mínimo tuvieran un impacto mínimo en las cuentas públicas. Sin embargo, desde su nacimiento la diferencia entre ambos ha crecido. Cuando se creó el IPREM su cuantía inicial era dea 460,5 euros y el SMI se fijó en 490,8 euros, es decir, el primero suponía el 93,8% del segundo. Ahora el SMI es de 735,9 euros, mientras que el IPREM supone el 73% de este, 20 puntos porcentuales menos en 14 años.