La ley contra la sequía se enfrenta a la escasez de fondos
Agricultura deberá negociar con Hacienda la disponibilidad de más de 1.000 millones para ayudas directas y de otros 1.000 para créditos blandos
El Parlamento dio luz verde en noviembre a la Ley de Medidas contra la sequía, que contempla indemnizaciones cuando la caída de ingresos por la falta de agua sea del 20% en zonas desfavorecidas o el 30% en el resto. Ello supuso la aprobación de importantes ayudas al sector: más de 1.000 millones a fondo perdido y otros 1.000 de créditos blandos. Pero la Administración agraria no tiene un euro para su aplicación. La cuantía final dependerá de las conversaciones entre Agricultura y Hacienda. Las organizaciones agrarias dan la bienvenida a la ley, pero exigen ya su desarrollo.
La nueva ley mantiene medidas recogidas en crisis de sequía anteriores. Estas son el aplazamiento en el pago de las cuotas a la Seguridad Social, el compromiso de rebajar la fiscalidad por el sistema de módulos, una línea de préstamos de mediación del ICO por un montante de 1.000 millones de euros a cinco años, con uno de carencia, al 1,5%, subvenciones para el coste de los avales de la entidad pública Saeca (Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria) o el adelanto de dos meses en los pagos de la Política Agraria Común (PAC).
Pero, además de estas medidas de continuidad, la ley va más allá en materia de ayudas directas. En primer lugar, destaca la constitución de un Fondo Extraordinario para la lucha contra la sequía de 1.000 millones de euros, un dinero que deberá salir de los Presupuestos Generales del Estado. El pago de las ayudas por el sistema de minimis permite al Estado abonar a un agricultor hasta un total 15.000 euros en un periodo de tres años. Se contempla la exención en el pago del IBI para las explotaciones afectadas que no tuvieran suscrito un seguro. Se incluye la concesión de un crédito extraordinario para subvencionar el pago de las primas de los seguros agrarios ante la subida de las mismas y el aumento de la contratación. Estas necesidades se cifran en unos 70 millones, que se suman a los 211 millones ya aportados por Agricultura para este fin.
En materia de agua, habrá exención de las cuotas de la tarifa en la utilización de la misma en las cuencas afectadas y del canon de regulación, el apoyo a las políticas para su reutilización, la fijación de un precio máximo para el agua desalada para el riego de 0,3 euros por metro cúbico y la creación de un banco público para posibilitar la disponibilidad de agua con fines de interés público.
Junto a estas medidas, la ley incluye un contrato con las eléctricas de acceso al regadío que contempla la posibilidad de contratar dos potencias diferentes a lo largo de año, según las necesidades de la explotación. Se trata de una reivindicación tradicional desde 2008, cuando se eliminaron las tarifas especiales de riego. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a atender esta demanda, pero no lo hizo por la posición en contra de las eléctricas y de los últimos ministros de Agricultura.
