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ANÁLISIS

Piloto automático

Sin medidas estructurales, la deuda pública apenas bajará en los próximos cinco años

Todo indica que el objetivo de déficit público fijado para 2017 se cumplirá. Los datos hasta noviembre apuntan a una reducción significativa de los desequilibrios presupuestarios tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, que compensan el mantenimiento del agujero de la Seguridad Social. El déficit del conjunto de esas administraciones fue de 40.200 millones de euros, 15.000 millones menos que en el mismo periodo de 2016. Además, descontado el pago de intereses, se produce un superávit, algo que no había ocurrido desde el inicio de la crisis.

Así pues, parece probable que, en los próximos meses, se produzca la salida del procedimiento europeo de déficit excesivo, una mejora del rating internacional de la deuda española y una reducción de la prima de riesgo, prolongando las tendencias observadas desde inicios de año.

Sin embargo, conviene evitar la autocomplacencia. El endeudamiento público se mantiene en cotas históricamente elevadas, cercanas a un año de riqueza nacional. Apenas se ha reducido después de tres años de crecimiento superior al 3%. Para dentro de cinco años, la previsión de consenso de FocusEconomics la situaría todavía en más del 90% del PIB. Además, esta proyección se hace bajo el supuesto optimista de un crecimiento ininterrumpido de la economía española, próximo al 2,2% anual, durante el periodo 2018-2022.

Lo que indican estas y otras estimaciones es que la deuda pública vulnera las perspectivas económicas. La sorprendente intensidad de la recuperación europea hace prever mayor celeridad en la normalización de la política del Banco Central Europeo, cuya benevolencia explica los buenos resultados de crecimiento y déficit. Una política menos generosa del BCE conllevaría un encarecimiento de las condiciones de financiación de la deuda. Si los tipos de interés repuntaran un punto porcentual, el déficit se elevaría en 12.000 millones de euros.

Además, en la actual posición de piloto automático de la política económica, no se vislumbran medidas para reducir la deuda e impulsar el crecimiento más allá de lo que permite el ciclo actual y el impulso del BCE. Algunas de estas medidas requieren un cambio en las asignaciones presupuestarias. Buena parte de las subvenciones económicas (por ejemplo a determinados sectores como el automóvil) y de las desgravaciones fiscales (vivienda, creación de empleo), que se justificaban en fases anteriores del ciclo, tienen un impacto dudoso sobre el potencial productivo del país. Otras, sin embargo, deberían ser prioritarias (educación, nuevas tecnologías, políticas de conciliación, etc.).

La reforma de la financiación autonómica es una de las pocas que podrían producirse este año. Sorprendentemente, el debate se centra en una quita de deuda, sin contemplar simultáneamente modificaciones estructurales del sistema de financiación de las comunidades. Ambos cambios deben ir de la mano, para evitar que algunas de las autonomías menos favorecidas por el actual sistema, como la Comunidad Valenciana y Cataluña, mantengan la tendencia a endeudarse. En el caso de otras comunidades, que ya disfrutaban de condiciones de financiación favorables, parece cuestionable que se planteen quitas de deuda.

También conviene evaluar el gasto público con respecto de los objetivos de eficiencia y equidad que se han marcado. La experiencia internacional muestra que un instrumento de evaluación facilita la corrección de actuaciones que, aunque coherentes con la normativa, no responden a los objetivos. Las evaluaciones iniciadas recientemente en el seno del AIReF, un organismo que goza de cierta autonomía, representan un paso en la buena dirección.

Este es un momento de expansión, idóneo para emprender una senda de reducción de la deuda. De lo contrario, el margen de maniobra se irá estrechando, y no habrá más remedio que realizar ajustes en un contexto menos favorable, que hará tambalear el Estado de Bienestar y golpeará a los menos favorecidos.

Raymond Torres es director invitado de previsión y coyuntura de Funcas.

Déficit

Hasta noviembre del 2017, el déficit consolidado de las administraciones públicas (sin incluir las corporaciones locales, para las cuales no hay datos) alcanzó el 2,1% del PIB, frente al 3,6% durante el mismo periodo un año antes. Descontando el pago de intereses, las cuentas arrojan un ligero superávit, que equivale a una décima de PIB. La mejora de las cuentas públicas se explica en parte por un incremento del 5% de la recaudación, un ritmo superior al crecimiento del PIB. También contribuye la contención del gasto, que aumentó un 0,4%, menos que el conjunto de la economía. El déficit de la Seguridad Social se deteriora, tanto en euros como en proporción del PIB.