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El BCE impide desclasificar los datos de fuga de depósitos y ayudas de emergencia en el Popular

La Junta de Resolución publica el documento que se usó en la liquidación del banco, pero mantiene cifras clave censuradas

Un informe elaborado sin datos clave y a todo correr se usó para echar la persiana del Popular y dejar sin blanca a sus accionistas y a los bonistas de peor calidad. Deloitte tuvo apenas 12 días para analizar el banco, y lo hizo sin la información necesaria. Y aun así, detectó un agujero de entre 11.800 y 20.600 millones de euros, y denunció que la entidad no cumplía las normas de valoración del riesgo inmobiliario. Así se desprende de los documentos publicados ayer por la Junta de Resolución, en los que el BCE impide desclasificar datos sobre la fuga de depósitos y la liquidez de emergencia recibida por la entidad.

Banco Popular
Sede del Banco Popular. REUTERS

Hipócrates, el célebre médico ateniense, era el nombre cifrado del informe secreto de valoración del Popular encargado a Deloitte. La Junta Única de Resolución se resistía a publicar esa jugosa pieza para desespero de los inversores —que han presentado un alud de demandas en los tribunales— y de la clase política española, que sospecha que la venta del Popular al Santander por un euro se hizo de forma cuando menos precipitada; semanas después, la UE permitió rescatar a varios bancos italianos en una situación parecida. La institución europea desclasificó ayer una batería de documentos. Pero siguen faltando informes fundamentales: en especial, la valoración definitiva. Los textos publicados censuran datos clave: el importe de la fuga de depósitos y la liquidez de emergencia obtenida por el banco en la fase más crítica, antes de bajar la persiana. El BCE se niega a revelarlos.

Y aun así la versión expurgada de esa documentación aclara al menos un par de asuntos. Uno: pese al nombre de Hipócrates, la cirugía sobre el Popular fue poco fina. Deloitte tuvo que elaborar el informe en apenas 12 días, y sin datos esenciales. Y dos: el agujero del Popular era jupiterino, y la entidad incumplía incluso la regulación española y europea sobre valoración de riesgos del sector inmobiliario, aunque las autoridades reiteran que dos días antes del cierre el banco tenía problemas de liquidez, no de solvencia.

“Habíamos encargado a Deloitte un trabajo lo más rápido posible, pero al final hubo que acelerar de manera dramática”, explicaron ayer fuentes de la Junta de Resolución, que preside la alemana Elke König. La fecha de la valoración es a 31 de marzo; el banco se vendió el 6 de junio. Un trabajo de esa naturaleza suele llevar unas seis semanas, según el propio informe de la consultora, pero Deloitte tuvo que recortar drásticamente los plazos: “No esperábamos que la quiebra pudiera llegar de forma tan abrupta”, reconocían ayer fuentes de la Junta.

Cargado de deudas incobrables y enfrentado a una salida fulgurante de depósitos, el Popular se convirtió en el primer banco en ser liquidado con las nuevas normas europeas, destinadas a evitar rescates bancarios por parte de los contribuyentes. El BCE, la Junta de Resolución y la Comisión Europea han dado sobradas muestras de autocomplacencia a la hora de felicitarse por esa operación. Pero su venta por un euro, —con 2.000 millones de capital del Popular que absorbió el Santander—, orquestada por las instituciones europeas y el FROB español, ha sido denunciada por miles de inversores que perdieron 2.000 millones.

Se sabía que Deloitte hizo tres valoraciones: el banco valía 1.300 millones en el mejor de los casos (como publicó EL PAÍS), y tenía un valor negativo de 8.000 millones en el peor escenario; el cómputo intermedio le otorgaba un valor negativo de 2.000 millones. Pero no se sabía que ese informe tuvo que hacerse a todo correr, por lo que esos números se consideran “altamente inciertos y provisionales”. Y a pesar de que la Junta de Resolución ha censurado las cifras más delicadas, Deloitte denuncia que no tuvo acceso a algunas informaciones consideradas “necesarias”. Los auditores se toparon, además, con que la documentación no siempre estaba en regla, en especial en lo relativo a las provisiones por los riesgos inmobiliarios: el texto habla de una “mala aplicación” por parte del Popular “de las normas españolas y comunitarias sobre valoraciones” en el sector inmobiliario.

Con un patrimonio neto de 10.800 millones, el Popular tenía un agujero de entre 11.800 y 20.600 millones antes de su venta al Santander, aunque la estimación intermedia era de 14.700 millones. Los riesgos legales y el impacto por alianzas, asociaciones y otros negocios ascendían a 2.700 millones en el escenario central.

El Santander se llevó el gato al agua en la subasta. En el escenario optimista, Deloitte valoró el Popular hasta en 1.300 millones. En el peor, en 8.000 millones en negativo. Las dudas están ahí. Pero ni las autoridades europeas ni los banqueros españoles parecen compartirlas: “La resolución del Popular fue un éxito”, dijo ayer Josep Oliu, del Sabadell. “Fue una jugada maestra: los contribuyentes no tuvieron que pagar y se salvaguardó la estabilidad”, según fuentes del sector. Centenares de despidos después y con demandas judiciales pendientes, pese a las felicitaciones, no queda claro que la operación fuera acertada.

Fuertes críticas entre los inversores afectados

“Ahora resulta obvio por qué la Junta Única de Resolución no quería revelar este informe, que muestra con claridad la falta de análisis y de una valoración adecuada”. Los abogados de los inversores que perdieron su dinero en el Popular criticaron ayer con dureza el documento de Deloitte. El bufete Quin Emanuel subrayó que Deloitte “tuvo un acceso limitado a información crítica”, informa Efe, y la propia consultora subraya que preparó el texto en un periodo de tiempo “extremadamente corto”, apenas 12 días.

La Audiencia Nacional investiga el papel de los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho en la quiebra del banco. Ambos exdirectivos niegan todos los cargos. En dos piezas separadas, la Audiencia investiga la ampliación de capital de 2.500 millones de 2016 y una posible manipulación de las cotizaciones con datos o informaciones que los querellantes consideran falsas.