Competencia vuelve a enfrentarse a Nadal y rechaza el decreto del carbón
La CNMC considera que el Ministerio de Energía no puede impedir el cierre de las centrales más contaminantes por razones económicas
Álvaro Nadal, ministro de Energía, tampoco encuentra respaldo en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a sus pretensiones de impedir el cierre de las centrales de carbón, las más contaminantes a la hora de generar electricidad. Competencia, que tiene abiertos varios enfrentamientos con el ministerio, rechaza el real decreto que ha elaborado el equipo de Nadal para impedir el cierre de estas centrales si puede haber un impacto en el coste de la electricidad.
Primero lo intentó con el PSOE; el ministro buscó el apoyo de los socialistas para aprobar un real decreto ley para impedir el cierre de centrales de carbón (como las que quiere clausurar Iberdrola y Endesa), pero el PSOE rechazó la propuesta al apreciar serios problemas de encaje legal, con la propia normativa española y europea. Al no conseguir el apoyo de los socialistas en el Congreso, Nadal optó por la fórmula del real decreto a secas, una norma de rango menor que puede aprobar directamente el Gobierno sin la necesidad del PSOE. Y elaboró un borrador que ha tenido que enviar a la CNMC para que lo evalúe.
Y en la misma línea que el PSOE, Competencia, en el informe aprobado este miércoles, considera que los nuevos criterios que plantea Energía en su proyecto de Real Decreto "no están suficientemente desarrollados ni previstos en la normativa vigente". Considera que deja un excesivo margen de discrecionalidad y "crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducente para la competencia en el sector eléctrico".
Básicamente, Competencia entiende que el Ministerio, a través del real decreto, quiere introducir nuevos criterios para el cierre de cualquier central eléctrica que no están "incluidos" en la Ley del Sector Eléctrico vigente desde 2013. Esta norma establece que un cierre está condicionado a que se mantenga la seguridad del suministro eléctrico de España. Pero Nadal quiere incluir también razones económicas o medioambientales para poder denegar la clausura de una instalación.
Pulso con Iberdrola
El informe de la CNMC es preceptivo, pero no vinculante. Es decir, el Gobierno podría seguir adelante con el real decreto. El problema vendría luego en los tribunales, ya que las eléctricas (que se oponen a la norma) podrían recurrir y utilizar como principal argumento este informe de Competencia. Las compañías eléctricas han presentado alegaciones contra el real decreto ante la CNMC.
El pulso más visible de Nadal por este asunto es con Iberdrola, que ha solicitado a Energía el cierre de las plantas térmicas de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). Pero también Endesa ha anunciado que sus previsiones indican que cerrará las centrales de Compostilla (León) y Teruel en 2020.
La respuesta del ministerio fue ese real decreto que rechaza ahora la CNMC. El ministro también se ha visto en aprietos ante la Unión Europea. La Comisaría de Acción por el Clima y Energía, que dirige el español Miguel Arias Cañete, abrió de oficio un procedimiento para analizar esta norma. La Comisión ha ido construyendo en los últimos años, y lo sigue haciendo ahora, una arquitectura legal en la UE a través de sus directivas para expulsar de la generación eléctrica a las centrales que más dióxido de carbono emiten. Tras analizar un primer texto, la Comisión reclamó a España un nuevo borrador del decreto del carbón, que asegure que las centrales más contaminantes estarán cerradas para 2025.
"La CNMC recuerda que el sistema eléctrico español no presenta problemas de seguridad de suministro en el medio y largo plazo sino todo lo contario. En el peor escenario (punta de demanda de 46.000 MW y baja generación), se podría prescindir sin riesgo de una parte significativa del parque de carbón existente", ha señalado el informe del organismo que preside José María Marín Quemada.
Nucleares
La entrada y salida de las centrales de generación eléctrica ya está regulada por la normativa española, a través de la Ley del Sector Eléctrico, aprobada por el PP en 2013. Establece que para autorizar la clausura de una central se tiene que tener en cuenta la seguridad del sistema eléctrico, es decir, que no pueda ocasionar problemas de suministro. Con esa misma norma se han autorizado cierres y también se han denegado clausuras de instalaciones en los últimos años.
Pero Nadal pretende introducir dos cláusulas más; una relativa a las razones económicas (que un cierre pueda influir en el recibo de la luz) y otra por razones medioambientales. En el caso de las razones económicas, el ministerio sostiene que el cierre del carbón incrementará la factura, algo que otros expertos en energía rechazan.
Respecto a las razones medioambientales, fuentes del PSOE esgrimen que el ministerio tiene en este caso la vista puesta en las centrales nucleares y en el fiasco que supuso para el PP que Iberdrola y Endesa decidieran cerrar finalmente Garoña. Utilizando criterios ambientales, el Ejecutivo podría argumentar que no se pueden cerrar más centrales nucleares (como han dejado entrever también las eléctricas aduciendo falta de rentabilidad). Las nucleares, aunque tienen asociados problemas con la gestión de los residuos, no emiten dióxido de carbono para generar electricidad. Por lo tanto, su cierre podría incrementar esas emisiones contaminantes si no se sustituyen por generación renovable. Esta es otra de las razones por las que el PSOE se negó a apoyar la norma de Nadal que ahora también rechaza la CNMC con su informe.
