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El Gobierno solo ha dado salida al 43% de los inmuebles que se propuso colocar en el mercado

El Ejecutivo ha vendido 6.500 propiedades por 886 millones de euros, lejos de las más de 15.000 de su plan inicial

Elena G. Sevillano

Palacetes centenarios en el paseo de la Castellana de Madrid, solares en Pozuelo de Alarcón (el municipio más rico de España), terrenos en el frente marítimo de Ibiza... En los últimos cinco años el Estado se ha desprendido de casi 6.500 de sus propiedades, que ha vendido por precios tan dispares como los 136,5 millones de un solar en el centro financiero de la capital y los 99 euros de una finca rústica en Cáceres. En 2013 el Gobierno lanzó un plan para hacer caja con sus inmuebles y reducir el déficit público. Puso a la venta 15.315 propiedades de las que apenas ha dado salida a un 43% que le han reportado 886 millones de euros.

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El Ministerio de Hacienda calificó el plan de “ambicioso” cuando lo presentó en 2013. Consistía, primero, en racionalizar el patrimonio inmobiliario del Estado analizando qué propiedades estaban en desuso y, segundo, en incrementar los ingresos vendiendo los inmuebles “innecesarios”. Más de la mitad eran viviendas (la mayoría del Ejército), pero también había cerca de 5.000 fincas rústicas, oficinas, solares, locales comerciales y hasta garajes y trasteros. El bautizado como Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios del Estado iba a prolongarse tres años, de 2013 a 2015, pero lo cierto es que no se ha dado por concluido y tampoco se ha hecho balance alguno sobre su éxito o su fracaso.

EL PAÍS ha hecho ese análisis a partir de varias solicitudes de información amparadas en la Ley de Transparencia y ha comprobado que, cinco años después, las propiedades vendidas son 6.478. De ellas, 1.009 son viviendas del Ejército (se pusieron a la venta 6.906) y 4.507, fincas rústicas propiedad de Patrimonio del Estado. En estas dos categorías, el Gobierno no ha facilitado datos desglosados, pero sí para los 962 inmuebles restantes, lo que permite analizar en qué provincias se han vendido más propiedades, los precios pagados por cada una, las fechas y si se compraron en subasta o mediante venta directa.

En total, el Gobierno ha ingresado 886 millones de euros con estas ventas. El Ministerio de Defensa, a través de Invied (Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa), es el organismo que más caja ha hecho: 356,6 millones de euros. Dos de sus ventas se sitúan entre las 10 más lucrativas: el antiguo Taller de Artillería, una parcela de casi 15.000 metros cuadrados en el corazón del barrio de Chamberí (Madrid), se vendió por 111 millones de euros y albergará viviendas de lujo. Otra instalación militar, el Centro de Emisores de Vicálvaro (142.000 metros cuadrados), también en Madrid, generó 39,4 millones de euros. Las 1.009 viviendas militares se vendieron a un precio medio de 100.000 euros (100,4 millones de euros en total).

El administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) figura en segundo lugar por volumen de ventas. Las 380 propiedades vendidas generaron 245 millones de euros. Entre ellas destaca el inmueble más valioso de todos: el aparcamiento situado en el cruce de la Castellana con Raimundo Fernández Villaverde, junto a la estación de Nuevos Ministerios, en Madrid. El Corte Inglés lo compró en subasta por 136,5 millones de euros a principios de 2015. Entre las otras joyas de Adif figura también un enorme solar en el centro de Gijón (39,3 millones) y, en Madrid, una parcela residencial en Méndez Álvaro 37 (12,3 millones) y los antiguos talleres de mantenimiento en Vallecas (12,2 millones).

Vender durante la crisis

La Administración ha tenido que competir con operadores privados para poder dar salida a sus activos inmobiliarios. La ley obliga a enajenar mediante subasta pública y exigiendo previamente una fianza del 5% del precio mínimo de licitación. “Competir en esas condiciones y, por tanto, sin poder negociar en cada caso las condiciones de venta, en medio de la crisis ciertamente no es nada fácil”, aseguran desde Adif.

El operador público recuerda que la mayoría de sus locales y viviendas son antiguos y están en municipios pequeños, por lo que “resulta difícil competir con los grandes tenedores de inmuebles” como los bancos o la Sareb, que ponen a la venta inmuebles mejor situados, de reciente construcción y para los que financian la compra. La venta de suelo también se ha visto afectada por la crisis, según Adif, y cuesta vender parcelas que requieren gestión o desarrollo urbanístico.

La Dirección General de Patrimonio del Estado ha vendido inmuebles públicos por valor de 116,8 millones de euros. Entre ellos destacan dos imponentes edificios de oficinas en el centro de Madrid, un palacete en Castellana, 64 (la sociedad Caboel pagó por él 13,5 millones) y Barquillo, 13. Este último edificio, de finales del siglo XIX y catalogado con el máximo nivel de protección, estuvo abandonado muchos años. En 2008 la Comisión Nacional de la Energía (CNE) lo compró para ampliar su sede por 19 millones de euros, pero nunca lo utilizó. Finalmente, Patrimonio lo vendió a la firma Proactinmo por 11,4 millones en 2014.

Los 95 inmuebles de la Tesorería General de la Seguridad Social han generado 146 millones de euros. Las 45 propiedades de Correos dejan 11,4 millones de euros. El Ministerio del Interior, a través de Giese (Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado) obtuvo 8,8 millones por 35 inmuebles. El Ministerio de Hacienda, preguntado por este diario, confirmó que no ha hecho ningún balance del plan y declinó comentar los motivos de su discreto resultado.

Madrid, Asturias y Barcelona, generadoras de ingresos

Madrid, Asturias, Barcelona, Baleares y Sevilla son, por este orden, las cinco provincias que han generado más ingresos por la venta de activos inmobiliarios del Estado. La propiedad más valiosa de Barcelona es un edificio en la zona alta de la ciudad, en la calle Balmes 433, que la Seguridad Social vendió a finales de 2016 por ocho millones de euros a una empresa inmobiliaria que ahora comercializa pisos de lujo. En Baleares, destaca un solar vendido por el Ministerio de Defensa, situado a 20 metros del paseo marítimo de Ibiza, por el que sacó 8,5 millones; la antigua residencia de suboficiales en el centro de Palma, que reportó 6,3 millones, y el acuartelamiento Son Simonet, en Valldemossa (5,6 millones). Defensa rehusó divulgar quién compró estas propiedades, alegando la Ley de protección de datos.

En Sevilla, las dos ventas más lucrativas también han sido de Defensa: el acuartelamiento Las Islas, en Écija, que se adjudicó por 7,6 millones, y un solar en Sevilla donde existía un cuartel de intendencia (6 millones). En San Fernando (Cádiz) se subastó la antigua Escuela de Tiro Naval Janer, que consiguió 6,7 millones de euros. Las provincias donde menos ingresos han dejado las ventas han sido Santa Cruz de Tenerife, Guadalajara, Castellón, Segovia y Lugo.

investigacion@elpais.es

NOTA METODOLÓGICA. Los datos de los inmuebles del Estado vendidos en los últimos cinco años se han obtenido mediante siete peticiones de información amparadas en la Ley de Transparencia. En primer lugar, EL PAÍS solicitó al Ministerio de Hacienda, responsable del plan de venta, el listado de las propiedades enajenadas, con indicación de precio y fecha de la venta, ubicación y tipo de adquisición (venta o subasta). Hacienda solo facilitó los inmuebles vendidos por Patrimonio del Estado. Con los datos obtenidos de Adif, Invied (Ministerio de Defensa), Giese (Ministerio del Interior), Tesorería de la Seguridad Social, Correos y Sepides EL PAÍS elaboró una base de datos propia con 962 propiedades. El número total de ventas (6.478 inmuebles) se obtiene de sumar a esa cifra 1.009 viviendas del Ministerio de Defensa para las que este no ofreció información desagregada y 4.507 fincas rústicas vendidas por Patrimonio del Estado. En el mapa interactivo que encabeza la información se han localizado los 306 inmuebles vendidos por más de 100.000 euros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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