El Congreso toma posición contra el boicot a los productos catalanes

El Congreso de los Diputados ha mostrado su respaldo este martes a una proposición no de ley presentada por el Partido Popular para apoyar todos los productos de la marca España, “incluidos por ello los catalanes”, y que no se ejerza “ninguna discriminación ni ningún tipo de boicot” contra aquellos que tienen su origen en Cataluña. La iniciativa, que se vota este miércoles, ha sido muy criticada incluso por los partidos que la han apoyado: el PSOE y Ciudadanos.

El objetivo de la proposición, que por ser no de ley tiene escaso recorrido, es “poner en evidencia quiénes crean los problemas y quiénes los solucionan”, ha defendido el diputado popular José Ignacio Llorens. Se trata, por tanto, de una proposición de doble filo. Por una parte subraya la necesidad de apoyar los productos frente al rechazo que la situación política catalana pueda suscitar en consumidores de fuera de Cataluña. Y por la otra, condena “la actitud irresponsable de los partidos independentistas”, a los que señala como causantes del perjuicio de “la situación económica y social en Cataluña, que está afectando al crecimiento y al empleo en Cataluña, e indirectamente, en el resto de España”.

El PP ha argumentado su iniciativa en la incertidumbre económica que ha desatado la convulsión política catalana. El Gobierno ya rebajó tres décimas su previsión económica por el “impacto negativo asociado a la actual situación política en Cataluña” (del 2,6% a un 2,3% en 2018). En esa línea, otros organismos, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) o el Banco de España, calculan unas pérdidas de hasta un 1,2% en 2018 o 2,5 puntos de PIB en los próximos dos años. Ese clima, expone el PP, traerá una menor confianza de consumidores y empresarios, y, por tanto, menos gasto y “aumento en la prima de riesgo”. “En el peor de los escenarios, podría detraer hasta un 60% del crecimiento económico nacional”.

Los principales organismos económicos, refiere el PP en su exposición, están ya revisando a la baja las previsiones de crecimiento de Cataluña en función del descenso en la matriculación de automóviles, el frenazo en el mercado inmobiliario y una disminución de las ventas de bienes de consumo duraderos o la caída de las reservas hoteleras en un 30%. Datos que tienen un impacto negativo en el empleo y que hacen que mientras en Cataluña aumenta el paro en otras comunidades disminuye. A ello, el PP añade el éxodo empresarial producido tras la declaración unilateral de independencia: más de 2.500 empresas, según datos del Colegio de Registradores Mercantiles de España.

Esa realidad, unida a los efectos derivados de la utilización de “argumentos basados en el desprecio o el odio al resto de España”, defiende el PP, “está generando otros daños colaterales” en empresas catalanas, que “parecen estar sufriendo un boicot comercial en el resto del país por parte de algunos consumidores”. El PP la califica como “una respuesta bumerán a la división y el odio demostrado por el independentismo”.

Pero el debate suscitado ha sido más político que económico. El PSOE se ha sumado a la proposición a regañadientes, criticando la actitud del PP de no haber buscado un acuerdo previo con otros partidos. Y acusándolo, como también han hecho ERC, el PDeCAT y el PNV, de ser un “bombero pirómano” por haber alentado con sus declaraciones y actitudes respecto a Cataluña. Ni siquiera el PP ha aceptado su enmienda, que proponía promover desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad una campaña de información y concienciación sobre los beneficios mutuos del comercio y del intercambio de productos de distinto origen, así como “los perjuicios de los comportamientos de boicot y los riesgos de deterioro de la convivencia que conllevan”.

Tampoco el PP ha admitido la enmienda de Ciudadanos, que proponía perseguir los delitos de odio en Cataluña. El partido de Albert Rivera, por boca de Juan Carlos Girauta, no ha escondido que “no comprende el planteamiento” de esta iniciativa aunque ha aprovechado su intervención en el pleno para arremeter contra los partidos separatistas por “las reacciones que han provocado con su golpe a la democracia”.

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha criticado la propuesta del PP porque quienes pertenecen a este partido, ha dicho, "son el boicot", y, frente a la exposición incluida en la propuesta, ha replicado que Cataluña "no es un páramo sin empresas como Mordor, sino que es un motor económico de España y Europa".

El diputado del PDeCAT Carles Campuzano la ha calificado de “iniciativa tramposa”, cuyo objetivo “no es hacer frente a la campaña de boicot a los productos catalanes” sino “desgastar el movimiento soberanista catalán”, por parte de un partido que es “uno de los principales responsables en los últimos 15 años de haber agitado el anticatalanismo”. El partido ha presentado enmienda a la totalidad, según ha explicado Ferran Bel, para que el Gobierno retirara la intervención de las finanzas de la Generalitat y anulara el decreto ley que permite que las empresas se lleven el domicilio fiscal.

Unidos Podemos ha considerado la propuesta como “sal en la herida” y “palabras vacías” de quienes “no son creíbles” para hacer este tipo de proposiciones. Ha acusado al Gobierno de presionar a empresas para salir de Cataluña con el objetivo de perjudicar a la Generalitat, y a los independentistas, a los que ha pedido que “vuelvan al diálogo y al pacto”, de no calcular los efectos de sus acciones.