Movistar cierra hasta el martes las tiendas en Guatemala tras el asesinato de cuatro comerciales

En un ataque coordinado en tres zonas distintas de la capital guatemalteca, tres hombres y una mujer, todos ellos vendedores ambulantes de Movistar, resultaron muertos y otras dos personas heridas el pasado viernes. El balance tiene detrás un detonante: la proximidad de las fiestas navideñas, que hace que las pandillas juveniles incrementen sus extorsiones a las empresas en reclamación de lo que llaman “aguinaldo”. Los fallecidos ofrecían en las calles las ofertas de la época, en una competencia feroz con otros operadores, cuando fueron asaltados en tres zonas distintas de la capital.

Como respuesta inmediata, la empresa anunció que hasta el martes sus tiendas permanecerán cerradas y solo atenderá a sus usuarios a través de un call center. La compañía lamentó los hechos y se solidarizó con los familiares de los fallecidos “cuya misión era trabajar por el bien particular y de los suyos, por sacar adelante el país”.

La práctica se remonta a décadas atrás, pero hasta ahora no había sido tan descarada. Las grandes empresas son las presas favoritas, pero el pequeño comercio tampoco se libra de un problema que se ha convertido en crónico. Si los empresarios no se pliegan a las exigencias de los delincuentes, acribillan a tiros a los empleados más vulnerables, los operadores de calle, a modo de escarmiento. Un informe de la Cámara de Comercio de Guatemala estima que los gastos del incremento de seguridad, —que como queda en evidencia tampoco son suficientes— ascienden hasta un 7% de las ventas, extremo que equiparan a “un impuesto adicional”, en palabras del presidente de la Cámara de Industria, Juan Carlos Tefel.

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, viajó a Guatemala nada más conocer los hechos, y se ha reunido durante todo el fin de semana con el equipo directivo de la filial del país centroamericano, informaron a EL PAÍS en fuentes del grupo.

El presidente de Telefónica ha dispuesto que se tomen las medidas necesarias para intentar que no se vuelvan a repetir los hechos, y ha puesto todos los medios del grupo a disposición de la filial de Guatemala para ayudas a las víctimas y a sus familiares.

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Difícil solución

El problema tiene difícil solución ante la debilidad extrema del Estado. La política seguida por el Ministerio de Gobernación y de la Fiscalía al atacar el fenómeno de las extorsiones no rinde los frutos esperados. “Las capturas masivas, muy publicitadas, están lejos de aminorar el problema. Han sacado de circulación a unos grupos, que inmediatamente han sido sustituidos”, afirma Edgar Celada, encargado del área de Justicia y Seguridad del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para él, los sucesos del fin de semana son un mensaje claro para el Gobierno: “No pueden con nosotros”. En redes sociales circulan mensajes donde los extorsionadores aseguran que “la violencia no va a parar”.

La gran incógnita es quién está detrás de estos grupos y quién se beneficia del dinero recibido, cuando es evidente que los pandilleros o “mareros” siguen viviendo en condiciones de miseria. “¿Dónde están los peces gordos?”, se pregunta Celada, y recuerda que nunca se ha aclarado quién sostiene, dirige y coordina el actuar de estas pandillas. “No se pueden ignorar las conclusiones de algunos observadores que apuntan a grupos paralelos de poder de origen contrainsurgente y militar o paramilitar con las maras. Hay indicios de que estos grupos podrían ser, al final, quienes manejan este tipo de violencia”, comenta. Celada reclama “una política que se plantee combatir la criminalidad de manera integral, y restaurar los valores ciudadanos, algo que las máximas autoridades han pisado a placer”, concluye en alusión a que el presidente anterior, Otto Pérez, y la práctica totalidad de sus ministros de Estado, estén en prisión.