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La recaudación crece un 9% pero no acerca el cumplimiento del déficit público

Los números rojos del Estado se reducen un 33% hasta junio pero el de las comunidades empeora un 40% hasta mayo

J. S. G.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, en el Congreso.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, en el Congreso.Emilio Naranjo (EFE)

La recaudación está superando las expectativas. Acumula un crecimiento del 9,1% hasta junio, según las cifras publicadas ayer por la Agencia Tributaria. El crecimiento económico y la sostenida creación de empleo favorecen la inyección de ingresos adicionales a las Administraciones Públicas. Pero estos parecen ser insuficientes para controlar el déficit público hasta el objetivo marcado por Bruselas, en el 3,1% del PIB. Aunque el Estado ha reducido sus números rojos (un 38,4% menos hasta junio) y la Seguridad Social mejora, las comunidades y Ayuntamientos empeoran sus cuentas.

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El Gobierno del PP coquetea con la idea de rebajar este mismo año el déficit público por debajo de la barrera del 3,1% del PIB como había acordado con Bruselas. Si logra conseguirlo podría escapar de la tutela de Bruselas. Es decir, saldría del procedimiento de déficit excesivo (PDE), el programa de vigilancia que las autoridades comunitarias activan para países que registran números rojos superiores al 3% del PIB. Y sin esa muleta, el Ejecutivo tendría más margen para confeccionar los Presupuestos del próximo año. Un proyecto para el que tendrá que hacer cesiones si quiere sacarlo adelante porque se enfrenta a una exigente negociación política.

El Estado contiene los gastos

La Administración central ha reducido sus gastos un 6,8% hasta junio, según las cifras avanzadas ayer por la Intervención General del Estado. La partida para pagar los sueldos del personal público ha disminuido un 5,4% por el efecto de la comparación con el año pasado cuando se devolvió parte de la paga extra retirada a los funcionarios en 2012.

El Estado central, además, ha programado un gran ajuste presupuestario en sus cuentas. En parte procede de los recortes que anunció a mediados del año pasado por unos 5.000 millones, que ha trasladado a todo este ejercicio.

Las inversiones del Estado siguen sufriendo recortes por séptimo año consecutivo, un 33,7% menos hasta junio.

"Si este año el déficit público alcanzara el 3% del PIB, apenas una décima por debajo de nuestro objetivo, España podría salir este mismo año del procedimiento de déficit excesivo", afirmó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, en el Congreso.

Pero los datos son tozudos. El déficit encadenado a junio —calculado con las cifras oficiales de los últimos 12 meses— deja un agujero presupuestario equivalente al 3,61% del PIB, medio punto más del objetivo. De no corregirse las cuentas en lo que resta de año, España volvería a incumplir el objetivo fijado por Bruselas. Y eso que la economía crece con fuerza y la recaudación avanza a un ritmo del 9,1%.

Aunque el Estado ha mejorado notablemente sus guarismos —ha bajado el déficit un 38,4% hasta junio—, las comunidades autónomas (empeoran un 40%) y los Ayuntamientos presentan peores cifras que hace un año, según los datos de Hacienda. En este periodo, la Seguridad Social también ha saneado algo sus cuentas pero el final del año es muy malo para este organismo público.

Con todo, el déficit del conjunto de las Administraciones públicas, excluidos los Consistorios, baja un 26,6% hasta mayo, hasta una cifra equivalente del 1,59% del PIB

No obstante, aún está pendiente de la liquidación definitiva del impuesto de sociedades y de los pagos fraccionados de final del año. Además, las comunidades tienen que recibir una inyección de dinero por las entregas a cuenta de la financiación. No obstante, los Ayuntamientos están siendo menos rigurosos con el cumplimiento presupuestario y aunque a final de año registren superávit este será menos que el del año pasado.

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Sobre la firma

J. S. G.
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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