Escandalosas auditorías del caso Popular
PwC le fabricó siempre informes “limpios”; y el de Deloitte, con holgado margen, sigue secreto
¿Cómo en un año el valor de un banco (el Popular) se reduce de 6.000 millones a 1.300? ¿Cómo, en un día, el de su intervención (7 de junio) de 1.300 millones a cero?
El valor es el precio que alguien esté dispuesto a pagar por el banco. Varía. Se dispone de aproximaciones, el valor contable en libros, el de capitalización bursátil… Oscila. Lo detalla Salvador Arancibia (El valor de la franquicia, Expansión, 19/6/2017). Los grandes responsables del derrumbe de valor de junio a junio son los gestores (Ángel Ron y Emilio Saracho). Quien debe explicar el colapso entre 1.300 y cero son los entes públicos (JUR, FROB, Banco de España, Ministerio de Economía).
En medio, la supervisión privada, la firma de auditoría. Añade en este caso incompetencia y/o conflicto de interés a su ya escandalosa trayectoria. Que replantea su utilidad real.
Una de las big four, PwC, auditaba sin interrupción al Popular desde los 90, incluido el período 2008-2010 en que el hoy ministro de Economía, Luis de Guindos, dirigió su departamento de sector financiero en España. Ni PwC ni el oficial Instituto de Contabilidad (ICAC, que depende del ministro Guindos) han explicado aún por qué la auditora cerró el examen sobre 2016 sin salvedades (¡como siempre!) y al poco indicó en abril que había que ajustarlo en 694 millones de euros. Se redobló la inestabilidad bursátil del banco.
Ese quiebro sucedió en la ultimísima fase de la vida de la entidad. Como había ocurrido con Viajes Marsans, de Gerardo Díaz Ferrán; o como su competidora Deloitte actuó en el caso Bankia: en el postrer minuto. La firma refuerza así su carácter de sospechosa habitual.
PwC auditó al Banesto de Mario Conde sin hallar rarezas. Asesoró la venta de las 3.000 viviendas sociales madrileñas que Ignacio González y Ana Botella vendieron a Goldman Sachs y otros fondos buitre. Su grupo mundial aconsejó a las multinacionales que eludieron impuestos a través del Luxleaks. Y pagará 38 millones (y nueve millones de multa) tras pactar con el fiscal anticorrupción para evitar la cárcel a un puñado de sus socios por delito fiscal contra el IRPF y Sociedades. Gente fiable.
También debe ser ultra-fiable Deloitte, que auditó —con informes "limpios"— a todas las cajas de ahorros que luego quebraron. Y que se superó en el caso Bankia, al ser multada con 12 millones de euros por el ICAC (ratificados por Guindos), por actuar de modo incompatible al hacer un doblete innoble: elaborar las cuentas de la entidad y luego auditarlas.
Su socio-director de Servicios Financieros, Francisco Celma, sigue imputado judicialmente, por no apreciar fraude en las cuentas del ejercicio clave de 2011 (salida a Bolsa). Tras el escándalo, los otros grandes despidieron a Deloitte. Santander emigró a PWC; BBVA, a KPMG; Bankia, a Ernst & Young y CaixaBank, a PwC (pero desde 2018).
Esta es la firma de auditoría cuyo informe (escandalosamente aún secreto) empleó la Junta Única de Resolución para reducir a cero el capital del Popular. Calculaba un agujero patrimonial de 2.000 a 8.200 millones, según si el escenario fuese normal o estresado, esa holgada minucia de multiplicar por cuatro.
Lo genial es que se las creen.
