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El demonio de los pisos turísticos

Madrid acoge la última polémica a cuenta de la segunda oleada de gentrificación de los centros urbanos

Pisos turísticos
Turistas en el centro de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid aprobó hace unos días, en medio de una fuerte polémica, la conversión de un edificio de oficinas en el céntrico barrio de Malasaña en un complejo de pisos turísticos. Da igual que el Gobierno de Manuela Carmena jure y perjure que legalmente no le ha quedado más remedio que dar el visto bueno a un proyecto que le vino dado por el anterior equipo del PP y recuerde que hace apenas un mes tumbó un plan similar porque allí sí había un resquicio para hacerlo. Una parte de sus votantes lo han sentido como una auténtica traición, hasta el punto de que un concejal de su propia formación votó con la nariz tapada (literalmente, se colocó sobre las fosas nasales los dedos índice y pulgar de una mano mientras levantaba la otra) y otros cuatro abandonaron el pleno para no tener que apoyar el proyecto. Pero ¿es para tanto? ¿Cuándo los pisos turísticos comenzaron a causar casi tanto rechazo vecinal como en otros tiempos pudieron causar los centros de dispensación de metadona?

En este caso, hay un motivo simbólico de ámbito local —el edificio estuvo okupado por el centro social Patio Maravillas, que representa a una parte importante de la base social de Ahora Madrid— y otro común a tantas y tantas ciudades de todo el mundo cuyos centros están sufriendo el ya famoso proceso de gentrificación. Este consistió en un primer momento en lo siguiente: una zona degradada se pone de moda y revive a base de nuevos vecinos, cada vez más pudientes, que atraen nuevos y modernos comercios (cada vez más caros) y acaban echando a los antiguos lugareños. Pero hace ya algún tiempo, y de la mano precisamente de esos pisos turísticos con plataformas como Airbnb a la cabeza, el proceso pasó a una segunda fase que se ha llamado turistificación y que amenaza con echar a la gran mayoría de los vecinos (los nuevos, los viejos y los que se pongan por delante) para sustituirlos por visitantes que van y vienen. No solo turistas, sino los habitantes de otros barrios y otras ciudades de los alrededores que quieren disfrutar de esos auténticos espacios de ocio que reúnen un sinfín de tiendas, restaurantes, bares y, encima, museos y monumentos.

El peligro de que eso se convierta, sin vecinos, en un cascarón sin vida, una especie trampantojo de ciudad, resulta evidente. Y contra él se han levantado voces en Barcelona, en París, en Roma, en Venecia… Sin embargo, mientras algunos expertos del mercado inmobiliario relativizan el impacto real de los alquileres turísticos (al menos en el precio general de la vivienda y el alquiler), otros hablan de fatalidad socioeconómica, de un imparable proceso de oferta y demanda en el que lo mejor que puede hacer la administración es pensar en qué hacer con los vecinos expulsados, sobre todo aquellos con menos recursos.

Conviene recordar que el incontestable éxito del modelo no sale de la nada, sino de millones de personas que, cuando viajan, prefieren alojarse lo más cerca posible de la zona que desean visitar (el centro) y lo más barato que puedan (distintos estudios calculan que un alojamiento contratado a través de plataformas como Airbnb cuesta entre un 20% y un 50% menos que uno tradicional). De hecho, muchos de los vecinos de Malasaña que rechazan un piso turístico en su edificio seguramente lo usan sin dudar al viajar a París o a Roma.

El Ayuntamiento de Ahora Madrid es de los que cree, y así lo ha defendido una y otra vez, que sí existe un grave problema y que sí se pueden hacer cosas para, si no arreglarlo, por lo menos evitar que se siga avanzando. Por ejemplo, prohibiendo la llegada de más actividades cuya saturación maltrata la vida diaria de los habitantes del centro (bares y restaurantes) y les puede acabar echando de sus casas (con el cambio del uso de los inmuebles de residencial a terciario hotelero). Además, ha planteado que únicamente los particulares, y no las empresas, puedan ofrecer alquileres turísticos y con una limitación anual del número de días que se pueden arrendar. Por eso es tan difícil de explicar a sus votantes, por muchos condicionantes legales que tenga (la finca en cuestión ya era de uso terciario), la decisión del Consistorio sobre el edificio de Malasaña.

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