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Abogados de EE UU estudian demandar al Popular por la revisión de las cuentas

Diferentes despachos estudian si los cambios en el patrimonio y resultado de 2016 supone haber emitido información engañosa

El presidente del Banco Popular, Emilio Saracho.
El presidente del Banco Popular, Emilio Saracho. EFE

Despachos estadounidenses especializados en la defensa de los inversores, como Rosen Law Firm o Khang & Kang LLP, estudian denunciar al Popular tras admitir deficiencias en las cuentas de 2016 ante la CNMV. El banco, que admitió que espera las demandas, reconoció que “reexpresará las cuentas de 2016”, lo que le llevará a incrementar las pérdidas de 3.485 millones en varios cientos de millones más, en contra de lo comentado hasta ahora. La entidad sostiene que no reformulará las cuentas de 2016 porque la revisión tiene efectos limitados.

El hecho relevante que envió el Popular no concretaba el impacto definitivo en los resultados de 2016 y en el capital. La nota explicó que la auditoría interna de la entidad había detectado insuficiencia de provisiones que afectarán a los resultados del año pasado y al capital, que quedará en un nivel cercano al mínimo exigido. La entidad admite que una de las partidas asciende a 184 millones brutos, que quedarían en 129 millones netos, a falta de terminar el informe interno y concretar otras cuentas.

El Popular admitió que la insuficiencia de provisiones y el hecho de no haber dado de baja garantías de créditos dudosos, “proviene de ejercicios anteriores a 2015 y tendría, por ello, escaso impacto en los resultados de 2016, aunque sí afectará al patrimonio neto”. La entidad aprobará las cuentas de 31 de diciembre tal y como se presentaron, sin estas correcciones, que no se conocerán hasta el primer semestre de 2017.

Según fuentes jurídicas consultadas, este hecho relevante protege al nuevo presidente, Emilio Saracho, ante posibles demandas, porque advierte de problemas anteriores a su gestión. Sin embargo, deja en mal lugar al consejo actual, a la auditoría interna y a la externa, PwC, que habían dado el visto bueno a los resultados. Los abogados también creen que el Popular queda expuesto a demandas tras la última ampliación de capital, sobre todo por lo ocurrido con la salida a Bolsa de Bankia, entidad que ha devuelto el dinero a los accionistas por presentar unas cuentas que no reflejaban la situación real del banco. Desde el Popular se apunta que en este caso no hay “reformulación porque no se rehacen las cuentas de arriba abajo, ya que el impacto será pequeño”.

No obstante, diferentes despachos como Rosen Law Firm han anunciado que está investigando una posible reclamación sobre valores en representación de los accionistas del Popular derivada de acusaciones de que la entidad podría haber emitido información engañosa a la comunidad inversora, informa Efe.

Violaciones de leyes federales

El despacho Khang & Khang LLP anuncia que estudia una posible demanda contra el Popular por posibles violaciones de las leyes federales sobre valores cotizados. Según detalla la firma, la investigación se centra en si el banco y alguno de sus gestores han violado las dichas leyes, y recuerda que con fecha de 3 de abril la entidad anunció una serie de deficiencias en las cuentas de 2016 y la dimisión del consejero delegado, Pedro Larena. Tras estos hechos, la cotización cayó un 10,44% y ayer perdió un 1,23% adicional. Estos bufetes revelan que están preparando una demanda conjunta para recuperar las pérdidas sufridas por los inversores de la entidad que preside Emilio Saracho.

El banco trabaja con la idea de presentar pérdidas en el primer trimestre de 2017 ante la caída de ingresos. Esta compleja situación complica la posibilidad de ampliar capital para mantener el banco en solitario. En el mercado se especula con el interés del BBVA y del Santander por adquirir la entidad, que sufre la desmoralización del personal y la pérdida de valor a diario. Saracho se queda sin tiempo para explicar su estrategia y dar credibilidad a su proyecto.

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