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El Poder Judicial propone que haya un juzgado especializado en claúsulas suelo en cada provincia

El órgano de gobierno de los jueces aprueba un plan de urgencia ante el previsible aumento de litigios

Concentración de la plataforma de afectados por las cláusulas suelo
Concentración de la plataforma de afectados por las cláusulas suelo EFE

El Consejo General del Poder Judicial quiere que cada provincia española cuente a partir de junio con un juzgado especializado en cláusulas abusivas de las hipotecas. Estos juzgados son la columna vertebral de la propuesta de plan de urgencia que ha aprobado este jueves el órgano de gobierno de los jueces para hacer frente al previsible aumento de litigios sobre hipotecas, especialmente relacionados con las cláusulas suelo a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga a la banca a devolver todo lo cobrado por este concepto.

Aunque el Real Decreto-ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo aprobado por el Gobierno va a solucionar por vía extrajudicial parte de los conflictos que se planteen, el Poder Judicial prevé un importante incremento de demandas derivados de la sentencia del TJUE. Estas demandas, además, se unirán a las que ya se tramitan en los Juzgados de Primera Instancia sobre condiciones generales de la contratación y protección de consumidores y usuarios.

“Un reparto masivo de este tipo de litigios a todos los órganos judiciales de la primera instancia civil podría llegar a comprometer la capacidad de estos para dar salida al resto de los asuntos de otra naturaleza”, señala el órgano de gobierno de los jueces en una nota hecha pública tras la reunión de su comisión permanente. Según el acuerdo alcanzado, el CGPJ cree necesaria la adopción de medidas con “carácter urgente” para anticiparse a la previsible entrada masiva de demandas, de forma que en el momento del registro y reparto de estas ya estén establecidos los cauces para su atribución a unos juzgados concretos.

 La solución que contempla el Consejo General del Poder Judicial consiste en la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia, con competencia extendida a todo el territorio de la misma, que de manera “exclusiva y no excluyente” vea todos los asuntos relacionados con las condiciones generales de la contratación y la protección de consumidores y usuarios.

La especialización se haría al amparo del artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que el CGPJ “podrá acordar de manera excepcional y por el tiempo que se determine, con informe favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno y, en su caso, la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, que uno o varios Juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos”.

La decisión sobre qué Juzgados serán especializados se va a tomar en colaboración con los Tribunales Superiores de Justicia –cuyos presidentes han sido convocados a una reunión el próximo día 15 para estudiar el plan- y con las juntas sectoriales de jueces y magistrados, para lo que el día 21 se mantendrá otro encuentro con los jueces decanos. La propuesta es especializar aquellos órganos que se ofrezcan voluntariamente y, en caso de ausencia de voluntarios o de que haya varios en la misma provincia, elegir al juzgado que se encuentre con menos carga de trabajo.

Estos juzgados se encargarán de todos los asuntos relacionados con hipotecas, pero seguirán llevando otros litigios para evitar sobrecargar al resto de los Juzgados de Primera Instancia con los asuntos de reparto general. Para hacer viable el plan, la comisión permanente propone que se destinen a estos juzgados medidas de refuerzo, en concreto, uno o varios jueces de adscripción territorial, que recibirían formación específica sobre la materia para reforzar sus conocimientos y garantizar menores tiempos de respuesta.

Entre las medidas de refuerzo que se plantean también figuran el nombramiento de letrados de la Administración de Justicia (los antiguos secretarios judiciales) y de funcionarios por parte de las Administraciones competentes (el Gobierno o las comunidades), así como la asignación de medios materiales.

Idéntica respuesta

La idea de destinar un juez especializado por cada provincia persigue, según el CGPJ, dar una respuesta idéntica en tiempo y contenido a todos los ciudadanos, con independencia de la localidad en la que residan.

El CGPJ considera que el plan debería ponerse en marcha el próximo 1 de junio, de modo que los juzgados especializados puedan asumir las demandas que se produzcan una vez concluidos los cuatro meses que suman los plazos establecidos en el Real Decreto-ley 1/2017 para que los bancos adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a sus previsiones y para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo o se tenga por concluido el procedimiento extrajudicial.

El órgano de gobierno de los jueces cree que la adopción de las medidas contempladas en su propuesta conllevaría una serie de ventajas, ya demostradas por la experiencia que supuso la especialización de órganos judiciales en la comercialización de las preferentes.

Así, el plan permitiría contener en el ámbito de los órganos especializados el problema de la alta litigiosidad como consecuencia de las demandas que se presenten, evitando que resulten afectados todos los juzgados de Primera Instancia. También se gozaría de una mayor seguridad jurídica, proporcionando respuestas de fondo unitarias por la existencia de unidad de criterios, lo que a su vez facilitaría transacciones judiciales y extrajudiciales.