Más ayudas públicas para un sector con beneficios millonarios

La industria automotriz fue rescatada en 2009 con casi 80.000 millones de dólares de dinero público. Hoy, Michigan, su cuna, es uno de los Estados que más crece

Los "hechos alternativos" que defiende la nueva Casa Blanca parecen aplicarse también al sector automotriz. El panorama de aguda crisis industrial que Donald Trump insiste en describir y su cruzada por salvar a un sector amenazado por la fuga de empleos al extranjero, concretamente a México, contrasta con la realidad. Casi ocho años después de que dos de los buques insignia de la industria automotriz de Detroit —General Motors y Chrysler— fueran objeto de multimillonarios rescates con dinero público decretados por la anterior Administración (casi 80.000 millones de dólares en total), sus beneficios hacen olvidar el periodo de crisis, batiendo trimestre a trimestre las previsiones del mercado, y Michigan, centro neurálgico del sector, ha dejado de ser un Estado en imparable declive para convertirse en uno de los que más crece de toda la Unión Americana. Pese a ello, el plan del magnate republicano pasa por ofrecerle más incentivos a cambio de que trasladen su producción a EE UU.

Un grupo de trabajadores en una planta de producción de General Motors en Detroit (Michigan).
Un grupo de trabajadores en una planta de producción de General Motors en Detroit (Michigan).B. PUGLIANO / AFP

Junio de 2009. A la sombra de los multimillonarios rescates al sector financiero, el Tribunal de Quiebras de Nueva York da su visto bueno a una no menos multimillonaria ayuda pública a General Motors para que la enseña del sector automotriz estadounidense salga de la quiebra. Son 51.000 millones de dólares, en su mayoría procedentes del Departamento del Tesoro de EE UU y solo en una mínima parte del Estado canadiense, a los que se añadirían otros 17.200 millones para rescatar a su brazo financiero (GMAC, hoy Ally Financial), según los datos que desgranan Austan D. Goolsbee and Alan B. Krueger en una reciente investigación sobre el rescate automovilístico publicada en el Journal of Economic Perspectives. A cambio, el erario público se hace con el 61% de las acciones del grupo. Cifras, todas ellas, a la altura de la talla de General Motors: una de las mayores firmas del mundo, con más de 200.000 empleados, y cuya suspensión de pagos fue la cuarta mayor de la historia de EE UU.

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El de General Motors no fue el único rescate que tuvieron que pagar de su bolsillo todos los estadounidenses. El mismo día que el gigante de Detroit se declaraba oficialmente en bancarrota, Chrysler —en suspensión de pagos desde abril de aquel ya lejano 2009— recibía la luz verde judicial para su venta a la italiana Fiat. Los Gobiernos de EE UU y Canadá controlarían el 12% de las acciones del grupo resultante, después de que las arcas públicas estadounidenses desembolsaran 12.500 millones en ayudas de urgencia. El objetivo, como en el caso de General Motors, era evitar una sangría de empleo en uno de los sectores más intensivos en mano de obra de la economía estadounidense: según los datos del Center for Automotive Research, sendas ayudas públicas evitaron que 1,5 millones de trabajadores estadounidenses pasaran a engrosar las listas del paro. “Pedimos ayuda por una única razón: para enfrentar la devastadora recesión de la industria provocada por el colapso financiero”, justificaba el entonces primer ejecutivo de Chrysler, Robert Nardelli.

Hoy, la situación luce bien distinta. El sector recuperó el pulso, al calor de la mejora económica y el repunte del consumo estadounidense. Los números rojos desaparecieron de sus cuentas de resultados en 2010 y desde entonces General Motors y Fiat Chrysler no han dejado de ganar dinero cada año. La cuna de la industria económica estadounidense, Michigan —cuyos 16 votos electorales reforzaron, por estrecho margen, la victoria de Trump en las pasadas elecciones presidenciales— ha recuperado el vigor perdido durante la crisis económica y es uno de los Estados que más creció en el primer semestre de 2016: 

Nada parece justificar una nueva línea de ayudas, en este caso para reconstruir la parte de su producción en el país que las propias empresas decidieron trasladar a terceros países por razones puramente económicas: para poder, en definitiva, competir en igualdad de condiciones con sus competidores asiáticos. Por su parte, siete años y medio después, las arcas públicas estadounidenses han podido recuperar el 85% del dinero prestado, según el último conteo de Washington. Por el camino han quedado 11.200 millones de dólares, 900 más de lo anunciado en diciembre de 2013, cuando el Estado vendió sus últimas acciones en General Motors.

Fiat-Chrysler, Ford y la propia General Motors se han convertido en piedra angular del plan de Trump de recuperar buena parte de la producción externalizada a terceros países, en su mayoría de vehículos utilitarios. La consejera delegada de la primera, Mary Barra, es, además de una de las ejecutivas del sector más entusiastas del plan de la nueva Administración y forma parte del consejo asesor de la Casa Blanca en materia empresarial. De rescatado, en menos de una década ha pasado a erigirse en uno de los sectores centrales en la agenda de la nueva Administración estadounidense.

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