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Bruselas endurece la prestación de desempleo para extranjeros

La Comisión Europea propondrá hoy un cambio de regulación en la coordinación de los sistemas de Seguridad Social

La comisaria europea de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen.
La comisaria europea de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen. EFE

Los datos demuestran que, a pesar de los populismos, apenas hay abusos en Europa que permitan hablar del denominado turismo del bienestar, uno de los caballos de batalla que permitió ganar el referéndum a los partidarios del Brexit. Pero aun así Bruselas reacciona para evitar abusos y perfeccionar la normativa: la Comisión Europea aprobará hoy un paquete regulatorio que, entre otros asuntos, endurece el acceso a las prestaciones de desempleo para europeos que se trasladan a otro país. Ahora, un europeo podía disfrutar de esas prestaciones si había cotizado lo suficiente en su país y, después de trasladarse a otro, trabaja aunque solo fuera unos pocos días. Si esa normativa sale adelante, Bruselas seguirá permitiendo que los trabajadores puedan llevarse consigo el derecho a la prestación cuando cambien de país, pero solo podrán beneficiarse del seguro de paro si trabajan al menos tres meses en su nuevo destino.

La comisaria de Empleo, Marianne Thyssen, tenía listas esas propuestas —para coordinar la Seguridad Social en toda Europa— antes del Brexit. Pero prefirió bloquearlas hasta esa votación. Bruselas ya tiene normas comunes para coordinar los derechos sociales de los Veintiocho, a los que se han unido Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Básicamente, la normativa asegura que los trabajadores deben estar cubiertos por el país en el que cotizan. Ofrece los mismos derechos y obligaciones a los trabajadores nacionales y a los extranjeros. Permite contabilizar los años cotizados en otros países, y permite exportar los beneficios sociales de un país a otro. Pero ahora, el brazo ejecutivo de la Unión persigue un ajuste fino de esas reglas para garantizar la libre circulación de personas, pero también para minimizar los abusos.

Por un lado, los borradores que maneja Bruselas prevén aumentar el periodo en el que un trabajador puede exportar su derecho a prestaciones de un país a otro, para facilitar la movilidad laboral cuando se pierde el empleo. Mejoran también los derechos de los denominados trabajadores de frontera, que viven en un país pero se desplazan diariamente a trabajar a otro cruzando la frontera. El aspecto más controvertido está destinado a eliminar cualquier atisbo de turismo del bienestar, abusos en los Estados de bienestar con un endurecimiento de la posibilidad de beneficiarse de las prestaciones de desempleo en un país si no se ha trabajado al menos tres meses allí.

Bruselas debe encontrar un equilibrio entre los países que exportan mano de obra —básicamente, los más pobres y golpeados por la crisis— y los que tienen prestaciones más atractivas. Los primeros no quieren trabas; en los segundos, la marea de los extremismos ha logrado que cale ese cuento del turismo del Bienestar, aunque no haya datos que lo avalen. En medio de esos dos bandos, la Comisión presenta hoy una propuesta que Londres, pero no solo Londres, mirará con lupa.