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ANÁLISIS »

La factura eléctrica

Hay muchas reformas pendientes para que España deje de tener la energía más cara de la zona euro

La electricidad es cara en España, tanto para las familias como para las empresas. Durante los últimos meses, el precio medio del kilovatio ha experimentado incrementos muy por encima del índice general de precios al consumo. Sólo en el mes de octubre, la electricidad se encareció un 7,25%, una tendencia confirmada por los datos de precios industriales que se acaban de conocer.

De no contenerse, el encarecimiento de la electricidad podría provocar una desaceleración del crecimiento aún más significativa de lo previsto. La electricidad, el agua y la vivienda representan cerca del 32% del gasto medio por hogar. Este porcentaje es aún superior para las personas con niveles de renta más bajos, de ahí la importancia del bono social, que reduce la tarifa de luz para los consumidores vulnerables. Conviene recordar que durante el tercer trimestre, el consumo de las familias se mantuvo como el principal motor del crecimiento económico.

También las empresas soportan un aumento significativo del coste de la electricidad. El kilovatio se ha encarecido de tal forma que acaba por erosionar la competitividad y obliga a reducir otros costes. En el tercer trimestre, la inversión en productos de la propiedad intelectual cayó un 0,7%. Y es incomprensible que las empresas gasten un 50% más en electricidad que en investigación y desarrollo.

España tiene la electricidad más cara de la zona euro, si se excluyen tasas e impuestos. Según los datos de Eurostat para el primer semestre del 2016, el kilovatio cuesta un 24% más que en Alemania. Y el diferencial de precios con Francia alcanza nada menos que el 58%. La imposición que pesa sobre el sector es ligera en España, lo que atenúa el impacto del diferencial de costes. Aún así, el precio final de la electricidad, teniendo en cuenta todas las tasas e impuestos, sigue siendo uno de los más altos de Europa.

El Estado debe cerca de 25.000 millones de euros a las compañías eléctricas, y eso pesa sobre el recibo de la luz. Esta deuda es fruto de subvenciones, a la vez cuantiosas y mal diseñadas, que se concedieron hasta hace poco a las energías renovables (por lo demás necesarias para reducir la dependencia del petróleo). La deuda también se explica por toda una serie de decisiones erróneas en materia de fijación de precios, que desde principios de los años 2000 ha propiciado la realización de jugosos beneficios por parte de las compañías.

Una cláusula en vigor desde el 2014 obliga a que los usuarios se hagan cargo del coste de la deuda hasta su completa extinción. Así pues, la parte regulada del recibo de la luz (la mitad del total) no puede disminuir, incluso en el supuesto de una reducción de los costes de producción como ha ocurrido estos últimos años. Sólo en 2015, los usuarios asumieron una carga financiera de más de 2.500 millones de euros y se espera que los pagos continúen al mismo ritmo al menos durante los próximos 10 años.

Desde el 2015 se aplican tarifas distintas en cada hora, lo que sin duda puede ayudar a contener los precios para algunos consumidores. Pero el beneficio para las pequeñas empresas es más incierto. Sobre todo, las evoluciones recientes, las comparaciones internacionales y la aparición de turbulencias externas que podrían frenar la recuperación obligan a repensar el sistema. Una reconsideración del mecanismo de fijación de precios, en función de criterios más transparentes y racionales, así como una mayor apertura a nuevas operadoras mejorarían la eficiencia del sector. Todo ello llevará tiempo. A corto plazo, es imprescindible mantener las ayudas concedidas por las compañías a los usuarios en riesgo de exclusión.

Raymond Torres (@RaymondTorres_) es director de Coyuntura de FUNCAS.